Justicia cerrada

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Se complica el panorama en Jalisco con el anuncio del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, sobre establecer una alerta a la que llamó “botón de emergencia” que tendría como consecuencia el cierre y confinamiento de las personas, así como un paro actividades generales en el Estado, situación que ha puesto nerviosos a todos los sectores, sabemos bien que otro resguardo no aportaría nada bueno en materia económica y comercial, sin embargo no habría opción para estabilizar y controlar el ascenso de contagios y muertes por Covid-19 en Jalisco.

En este contexto y más allá del debate sobre salvaguardar la vida de las personas o la economía, debemos contemplar que la responsabilidad de los gobiernos es trabajar para el pueblo y en ese sentido lo que no tendría que detenerse e incluso debiera aperturar completamente bajo mecanismos de protección es el sistema de justicia en México, desgraciadamente en nuestro Estado como en la federación se adelantaron a confinarnos desde mes de marzo, en ese momento sí siguieron los ejemplos de países como España e Italia y ordenaron cierres, pero nuestro tiempo y desarrollo de pandemia no ha resultado igual, por lo que ya ocasionó enormes pérdidas económicas y comerciales, así como en materia de trabajo la pérdida de empleos, el cierre de pequeñas y medianas empresas que hoy vislumbra un futuro desalentador en materia laboral.

El riesgo de que el “botón de emergencia” en Jalisco se active y nos lleve al confinamiento nuevamente, nos traería como consecuencia una réplica en la pérdida de empleos y cierre de más empresas, familias enteras sin recursos para soportar el resguardo domiciliario en pandemia buscando salvaguardar la vida, pero también sin justicia y sin poder ejercer sus derechos activamente como desde hace casi cuatro meses.

Durante toda la pandemia los gobiernos y poderes del Estado se han preocupado o por lo menos han fingido preocuparse por la sociedad en materia de economía, comercio y salud, pero no por el ejercicio permanente de sus derechos y así han manejado sus gobiernos e instituciones como si no tuvieran el deber constante e irrenunciable de hacer su trabajo, no son privados son públicos, qué absurdo no tenemos recursos para resguardarnos una vez más pero ellos tienen nuestros recursos para no abrir secretarías, delegaciones, tribunales y juzgados, juntas, congresos etcétera.

En este sentido, siempre fue importante que el poder judicial de modo ordenado y estratégico buscara una forma segura de mantener su esencial actividad para los ciudadanos, mil y una manera para encontrar la forma de no exponer a los servidores públicos, pero sin pausar sus obligaciones y los derechos sociales, humanos, civiles de la sociedad, es por eso que los Tribunales, Juzgados y sobre todo las Juntas de Conciliación y Arbitraje que pertenecen al poder ejecutivo, no pueden seguir parcialmente cerradas, como si fueran una empresa, la forma de mantenerlas funcionando ya sea en citas o con medios tecnológicos, resulta necesaria con o sin pandemia pues se está fallando a la clase obrera y el presupuesto tampoco es un problema que corresponda resolver a la sociedad.

Desgraciadamente la justicia, el ejercicio de los derechos y la protección del Estado a la sociedad, nunca ha sido la prioridad de los gobiernos, un gobierno no descansa tiene un tiempo corto y se renueva, trabaja al servicio del ciudadano. Las juntas de conciliación y arbitraje en este lapso de pandemia tenían que haber encontrado la manera de seguir brindando atención y servicio, para no afectar el derecho del trabajador al principio de verdad sabida y buena fe guardada en derecho laboral, debió ser permanente bajo estrategias propicias para evitar contagios por Covid-19. Pueden pedir que nos quedemos en casa y que se paralicen las actividades empresariales, sociales y comerciales en el Estado, pero no pueden dejar la administración pública, de justicia y legislativa como si fueran los gerentes de la empresa haciendo home office; México tiene un exceso de infraestructura gubernamental y gasta la mayoría de su presupuesto es los tres poderes federales y a su vez los Estados en los suyos, ¿nos mandan a casa y también se van ellos?

Que se encuentren los mecanismos adecuados para no exponer a servidores públicos y que se utilice el presupuesto necesario, pero que la justicia y el ejercicio de los derechos de la sociedad no se detengan, las personas tienen derecho a demandar un despido y que no solamente se quede en la presentación de su demanda o que una conciliación no funcione como sucede en la mayoría de los casos, porque se sabe que las Juntas funcionan parcialmente y falta tiempo para que inicie su nueva normalidad, el tema del derecho laboral o del trabajo tiene que ser considerado por todos una actividad esencial, como todas las cuestiones de derecho y justicia son prioridad, no pueden estar “cerrados por pandemia”, corresponde a un razonamiento ilógico el que sólo los políticos mantienen actividad en busca de reflector y el sector salud para salvarnos, mientras todos los mecanismos para ejercer derechos y obligaciones cerrados como cualquier tienda departamental.