Intervención del Ejecutivo al Poder Judicial

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El Poder Judicial del Estado de Jalisco, encargado de la impartición de justicia en el estado en materias civil, familiar, mercantil y penal mediante juzgados de primera instancia son aquellos que se supone permiten a los ciudadanos dirimir sus controversias y ejercer derechos u obligaciones frente a terceros, debe ser constitucionalmente un poder autónomo, fuera de la política o del yugo del ejecutivo estatal, ya que también debe ser un contrapeso que el ciudadano utiliza para tener acceso a la justicia y no debe ser presa de interés políticos ya que sus funciones judiciales y jurisdiccionales no tiene porqué mezclarse con la administración pública estatal.

Sin embargo, se anuncia con bombo y platillo un cambio trascendental y estructural en el movimiento o rotación de jueces de primera instancia, pero no es el propio poder judicial el que anuncia, justifica y enmarca el beneficio de dicha gestión a favor de la sociedad, sino el poder ejecutivo a la voz del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien expone a los ciudadanos las razones de dicha operación, habla firme sobre el beneficio y acto histórico de una situación que no es de su competencia pero que a la vez advierte la innegable intervención en el poder judicial.

En este sentido justificar movimientos por corrupción o la desarticulación de la misma es una obligación constate y permanente de todos los poderes, no es necesario que llegue el ejecutivo a salvar al judicial ni al legislativo, pero en este caso específico tanto el poder judicial como el poder legislativo son ya los brazos izquierdo y derecho del poder ejecutivo; quizás dentro del pragmatismo político resulta ideal para quienes ostentan el poder este tipo de articulación ya que los intereses se vuelven comunes e indestructibles, pero la realidad y la estructura de los poderes no son compatibles con la política y los tres poderes deben ser realmente autónomos fungiendo como un contra peso para que la sociedad esté segura de corrupción e impunidad.

Normalizar la intromisión de los poderes no es un signo de salud gubernamental, no alcanzar a concebir que no es congruente alardear de cuánto poder y peso tiene el Ejecutivo estatal con los otros dos poderes, es una muestra de corrupción política justificada

Aprovechando que un alto porcentaje de la sociedad no puede en ocasiones diferenciar atribuciones y facultades de un poder u otro, en ese contexto se aprovechan de la ignorancia para vender productos políticos de unidad y consenso, cuando todo indica graves intromisiones a la autonomía de cada poder, no han cambiado los políticos después del 2018 solo se han adaptado, han entendido a la perfección el mensaje de hartazgo de toda la sociedad mexicana, solo que ahora buscan formas para normalizar la politiquería y también venderla como cambios significativos con nombres como «refundación» «cuarta transformación» pero en realidad son solo las nuevas estrategias de poder e interés socializado y expuestos a la ciudadanía como ventajosos.

El poder judicial del Estado de Jalisco, tiene y debe cumplir su misión de impartición de justicia donde los ciudadanos constaten la imparcialidad de su ejercicio, la eficacia de los servicios otorgados, la eficiencia de los sistemas de justicia, por lo que la rotación de jueces debió ser una forma de prevención a la corrupción implementada por lógica administrativa hace mucho tiempo, como el uso de la tecnología y la digitalización a la que también se rehúsan, no es un gran logro ni el hilo negro encontrado el rotar jueces para evitar que estos intervengan de manera negativa en asuntos judiciales ni que estos se muevan a través de interés mezquinos e incluso de dinero, es solo que hoy todo se usa políticamente como un beneficio, donde lo que debe existir es respeto a las autonomías.

Seguimos alejados de la realidad de nuestros gobiernos y poderes por falta de información, somos los ciudadanos los que deberíamos saber que el correcto funcionamiento del poder judicial no depende del poder ejecutivo y que no se pertenecen, ni para hacer promoción positiva respecto a su refundación, los que utilizamos todos los días los servicios del poder judicial porque somos litigantes sabemos que no necesitamos que esté un juez u otro para que un asunto tenga un correcto proceso, sin embargo sabemos que tener un juez incapaz dificulta el mecanismo de un juzgado, en la vida real de los juzgados se requieren buenos juzgadores capacitados y actualizados, la política solo obstaculiza al mandar poner al amigo del amigo, nada tiene que ver con la realidad del interior de un juzgado los lucros políticos de gobierno en turno.