Consulta a modo

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Resulta sumamente interesante el tema sobre la consulta ciudadana propuesta por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador con respecto a enjuiciar a los ex presidentes de México y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien declara procedente la consulta completamente constitucional, pero reformula la pregunta para la consulta popular fundamentada en el artículo 35 de nuestra Carta Magna.

En este sentido, se deberá dividir para la correcta discusión las atribuciones y funciones de dos poderes involucrados en este tema el Poder Ejecutivo Federal y el máximo órgano de justicia e interpretación de la ley en el país la SCJN, así podremos obtener y deducir que lo que el gobierno federal buscaba era acreditar como constitucional una consulta ciudadana mediática polarizadora que costará dinero a la nación y que tenía como fin grabar en la ciudadanía el hartazgo generalizado que lo llevó al poder, haciendo un recordatorio nacional de otras administraciones que hoy son oposición con una consulta que tal vez no lleve a prisión a nadie.

Deberemos tener en cuenta que además se replanteó la pregunta dejando fuera el señalamiento directo a los ex presidentes, pues así no existiría un ejercicio democrático de participación ni constitucional, en lo práctico solo era un gran recordatorio que pretendía el gobierno de López Obrador de lo que vivimos en otros gobiernos a modo de repaso para estas próximas elecciones intermedias en el país.

En conclusión, aunque el país entero diga que sí a lo que intentaba el Presidente en ningún momento nos convierte en jueces o fiscales, hasta el punto de abrir la reja de una celda para alguno de los ex presidentes.

Son los derechos ciudadanos y la constitucionalidad materia de estudio para la SCJN en este efecto la pregunta original que planteó el Presidente para la consulta era: «¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga a ‘chivos expiatorios’ y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no?», un cuestionamiento directo maquiavélico y tendencioso en materia electoral en el que se podría localizar violación a derechos humanos y anti constitucionalidad evidentemente, una pregunta que sería tachada de ilegal.

El análisis de la SCJN, al final resultó fino y correcto, no podían declarar anticonstitucional, aunque los elementos de la primera pregunta resultaban ideales para un análisis jurídico profundo que le desestimara por una abundancia de circunstancias lógicas de la interpretación de la ley, la SCJN prefirió replantear a una pregunta constitucional, cuyo efecto es sólo la recolección del sentir de nuestro país con respecto a la política gubernamental mexicana ejercida por las administraciones anteriores, por lo que en pocas palabras lo volvieron constitucional y de participación democrática e hicieron justicia al darle a cada quién lo que le corresponde.

Si bien es cierto que la participación ciudadana es una herramienta de importante calibre para formar democracia, también lo es que es fácil simularle e invocarla para auto generase percepción previa a alguna etapa de elecciones, quizás si fuéramos un poco menos paternalistas en materia política y analizáramos las situaciones que nos crean de manera intencional y que no tienen nada que ver con la búsqueda de la justicia, sino con la aprobación ciudadana y la apreciación positiva porque se aproxima el tiempo de urnas, veríamos este tema de manera más fría y menos como un triunfo político, México tiene graves problemas en este preciso instante que deben ser atendidos de manera inmediata por este mismo gobierno que nos simula cada vez más que hace lo que debe.

La SCJN prefirió darle un esbozo válido, la reestructuraron como debe ser una pregunta para consulta popular, apuntaron a la participación ciudadana respetando los lineamientos constitucionales para que la consulta solicitada se lleve a cabo abonando a la democracia y la participación social, sin trastocar en lo mediático de la anterior, así de esta manera ni con dios ni con el diablo, por lo que la pregunta para dicha consulta quedó así : «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?»

Aprendamos a distinguir el pensamiento político del legal para entender entre lo que debe ser y lo que será.