La destrucción de la familia: La ideología deconstructiva de su Cuarta T

Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //

De Carl Rogers, psicólogo humanista, aprendí que solo los seres humanos somos capaces de convertirnos, desde la libertad, en quien elegimos al dar rumbo a nuestras vidas; a quien así lo logra, Rogers llama persona altamente funcional. 

Las personas altamente funcionales se caracterizan por: 1) Explorar nuevas posibilidades que enriquecen su visión de la realidad y de sí mismo. 2) Dotar de significado creativo a su experiencia cotidiana, viviendo a plenitud su presente de cara al futuro. 3) Se apoyan en códigos de comportamiento, principios y valores que le unen con los suyos y su comunidad. 4) Resuelven de forma positiva las paradojas de las aparentes contradicciones entre su pasado familiar y comunitario, con el presente y el futuro, a través de nuevas opciones de comportamiento que todo lo armonizan. 5) Alcanzan niveles de bienestar aun en los retos menos imaginados y cambiantes. 6) Jamás dan a su vida un punto final sin que ésta haya terminado.

Si nuestra Carta Magna (artículo 39) reconoce que “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo”, que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio” y que “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de gobierno”, por qué hay quien renuncia a ello y se somete a los caprichos, ocurrencias y delirios tempraneros del gobernante.

El ejercicio de tal derecho nos exige sensatez, conocimiento y verdad para vivir y ejercer el poder ciudadano, para vivir dentro de un sistema democrático, para perfeccionar a nuestra incipiente democracia; aquel derecho no es una hoja en blanco ni menos una carta de corso.

La democracia debe unir tres dimensiones: La palabra, la verdad y el mandato popular. Debe alimentar la consciencia individual y propiciar una comunidad en aprendizaje permanente.

La democracia nos invita a entender que, si como pueblo podemos alterar y modificar la forma de gobierno, también podemos oponernos a cualquier decisión del gobernante que violente nuestros derechos, principios y valores; don Miguel de Cervantes puso en la voz del Quijote una verdad maravillosa: “Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida».

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa se lee que la resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre. Por ello, la lealtad ciega que exige a su gabinete el presidente Andrés Manuel López Obrador es oprobiosa, indigna y profundamente antidemocrática… dictatorial en su sentido más amplio.

Oponerme al proyecto personalísimo de nación de López Obrador -o de cualquier gobernante- no me hace conservador, y sí un ciudadano altamente funcional; por el contrario, quienes se someten a la ideología deconstructiva de su Cuarta Transformación, sin cuestionarla a la luz de la razón, conocimiento e interpretación profunda de la verdad, hace de sus incondicionales, ciudadanos abyectos y conformistas, poco funcionales en la democracia y muy sumisos… conservadores. No es progresista quien actúa como lacayo de su nuevo señor y dueño.

Vivimos un muy mal tiempo para la democracia mexicana; derechos y libertades ganados, se conculcan y se detiene todo proceso que los amplíe y enriquezca. Hoy, en la 4T, se desacredita y censura la disidencia y la protesta social de la manera más insulsa y perniciosa: Hoy, quien disiente es mafia y es enemigo… ¿De AMLO, de la 4T o de México?

Desde siempre, me ha hecho sentir indignado ver que quien es electo por el pueblo, reconozca, en la noche de su elección, la sabiduría de éste y, al día siguiente, lo crea y trate como anodino, ignorante e idiota, ninguneándolo por el resto de su mandato. Esto describe al presidente López Obrador y a muchos gobernadores, presidentes municipales y legisladores de todos los partidos políticos, de ayer y hoy, y a gente como Kevin Williams de Tehuacán, Puebla, quien, tras la aprobación del matrimonio igualitario en Puebla, escribe en su cuenta personal: “Y ahora vamos por la adopción, el aborto legal, la eutanasia y después por la abolición de las religiones. El futuro nos pertenece”.

De esto se trata lo que promueve Naciones Unidas y avalan los ministros de la Suprema Corte de la Nación en sus resoluciones sobre los matrimonios igualitarios y el aborto: No hay más límite que la de destruir lo que odian y desestructurar lo que sostiene a la sociedad: La Familia. Nuestros ministros son cortos de entendimiento y pobres de imaginación, y aún más nulos para orientar el debate social.

Se ufanan de su sapiencia jurídica pero no entienden de la deconstrucción social, nihilista, a la que nos obligan. No entienden que cada “nueva verdad” esconde su propio secreto oscuro que la posibilita y la imposibilita. No nos dejemos engañar, hay un plan de largo aliento que ha ganado terreno; un plan que se resguarda y oculta en supuestas libertades que todos y todas ganaremos desde el estructuralismo que nos impone Naciones Unidas en su Teoría de Género, de aparente neutralidad y mistificación histórica, más política que científica; atrevidamente anti científica.

No niego la razón de justicia y equidad que encierran las causas que buscan elevar e igualar la condición de la mujer en la familia, la escuela, el trabajo, el gobierno, la toma de decisiones que a todos nos impactan, el espacio público; sin embargo, no podemos menospreciar a Nietzsche cuando nos dice, “las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son”, ni dejarnos engañar por el desmontaje de los valores y principios heredados bajo la promesa de que ello nos hará mejores mujeres y hombres.

La soberanía popular no se limita a ser ciudadanos capaces de organizarse a través del sufragio universal para establecer y renovar las entidades jurídicas, sociales, políticas, legislativas y económicas que atiendan sus intereses comunitarios. Quienes son electos por el voto popular, representan al pueblo y solo eso, lo representan; jamás son dueños del poder. Éste, el poder, dimana del pueblo y es del pueblo, y cuando el mandato termina, vuelve al pueblo.

Quienes son nombrados para ayudar a los electos, no pueden actuar como si tuvieran esa calidad de representación popular. Ni unos ni otros pueden tomar decisiones con las cuales no esté de acuerdo el pueblo, y ofenda y dañe sus valores y principios, su libertad y honra, y menos cuando atentan con contra su identidad y proyecto de vida personal y de familia, de su comunidad.

El pueblo tiene la potestad de disolverlo y sustituirlo en la forma en que logre su propósito, por los caminos institucionales o no institucional, en el extremo, levantándose en armas. La revolución armada y el derrocamiento del gobierno son el extremo de la inconformidad social cuando el gobernante no entiende de razones ni respeta los procedimientos democráticos.

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, en su artículo 35, se lee: Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes.

Tomemos al ejercicio de la política muy en serio para que, en 2021, los partidos políticos postulen a mujeres y hombres capaces de discernir y desenmascarar a quienes buscan llevarnos a la deriva como sociedad a través de destruir a la familia, que arropen nuestra historia humana por encima de los deslices filosóficos y jurídicos de los ministros de la Corte Suprema. Éstos son falibles y su palabra no es ex cátedra ni menos dogmática. Develemos la verdad.