Absurdo que la justicia no sea actividad esencial

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Jalisco vive en el aislamiento y la indiferencia de sus gobiernos durante la pandemia, si bien es cierto que el derecho a la salud es derecho humano y responsabilidad de los gobiernos proteger y prevenir estableciendo diversos planes y estrategias que derivan en políticas públicas permitiendo a la población el mayor y mejor resguardo en situaciones como las que en el momento se viven debido al contagio por Covid-19 y las consecuencias que genera, también lo es que existe un desfase teórico con respecto a otros derechos y obligaciones que se han afectado durante los últimos once meses a la sociedad y terminan por hacernos concluir en la incongruencia a modo de los gobiernos, respecto de cómo prevenir y enfrentar la pandemia en el Estado.

En este sentido, habrá que poner sobre la mesa de reflexión social, las situaciones y protocolos que durante este botón rojo se han convertido en restricciones incongruentes, vistas de manera evidente desde cualquier panorama son a modo, debido a que el decreto de acuerdo emitido por gobernador Enrique Alfaro Ramírez el 15 de enero de 2021 publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco» DIELAG ACU 004/2021 ampliado y modificado para continuar en aislamiento social hasta el 12 de febrero del 2021 del que se desprenden medidas pertinentes de seguridad sanitaria para que el aislamiento social funcionará como la mayor y mejor medida de disminución para los contagios y muertes por Covid-19, con carácter general y obligatorio para todo el Estado de Jalisco, ha resultado débil e incongruente hasta para lo propia autoridad que lo emitió.

Para muestra un botón, en días anteriores se dio autorización por el gobierno del Estado para la apertura de gimnasios y parques durante esta emergencia sanitaria, debido a la presión que ejerció cierto sector empresarial dedicado al acondicionamiento físico para desistir de seguir afectándolos, tal como lo hicieron otros sectores, el acuerdo emitido por gobierno del Estado fue modificado en la última ampliación para que esto pudiera suceder sin contratiempos quedando así: «Queda prohibido el uso de espacios públicos como unidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural, centros barriales o comunitarios y demás análogos, salvo que se requieran por una cuestión de interés público o beneficio social«. Según esta modificación a modo era previsible que se solicitara la reapertura, es por circunstancias como ésta que el botón de emergencia resulta cuestionable.

En este sentido, bajo contexto de contra punto el Poder Judicial del Estado de Jalisco mantiene sus dependencias sin atención general, es indiscutible que es una actividad esencial y un derecho humano el acceso a la justicia, sus tribunales y juzgados siguen sin poder proponer dentro de su autonomía e independencia un mecanismo adecuado para que la justicia en el Estado no se detenga ni genere violaciones individuales o colectivas a la sociedad jalisciense.

Continúan sin esforzarse para implementar estrategias tecnológicas que den solución a cientos de litigantes y personas que tienen sus procesos judiciales detenidos casi desde marzo del 2020, hace casi un año y nada se les ocurre más que apegarse a las disposiciones del Ejecutivo Estatal, el Poder Judicial no muestra interés en realizar un plan estratégico innovador, acorde a las necesidades de la sociedad para solicitar la apertura de tribunales y juzgados, tal y como lo realizaron ya sectores comerciales e industriales, no han dispuesto nada para conseguir la aprobación del Poder Ejecutivo estatal en flexibilizar sus medidas y así salvaguardar otros derechos humanos como el acceso a la justicia de la sociedad.

Otra situación, la cual sí pertenece al Ejecutivo del Estado de Jalisco son las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, desde marzo del 2020 hasta la fecha ha tenido todos los cierres totales de los botones emitidos por Gobierno del Estado, sin embargo, el acceso a la justicia para los trabajadores debe ser considerado una actividad esencial y un derecho humano, ya que no es un servicio público.

Miles de trabajadores tienen detenidos sus procesos laborales de indemnización, pago de prestaciones, reinstalaciones y despidos injustificados, porque tampoco la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, tiene la voluntad y la capacidad de crear estrategias seguras que permitan que no se detengan este tipo de procesos laborales, quienes acuden a un juicio de este tipo regularmente tienen la necesidad imperiosa de continuar sus procesos debido a que este es un derecho social y su paro deja en estado de vulnerabilidad a ciudadanos que esperan la solución a su conflicto laboral.

Resulta increíble la diferencia del concepto «esencial» que maneja nuestro gobierno, pero que no falten los bares, restaurantes, gimnasios, parques, comercios y recaudadoras en actividad, fuera del contenido del botón de emergencia y de los próximos, mientras los juzgados y las juntas se encuentran obstaculizados por pandemia y se asumen como dependencias de servicios o trámites administrativos, en realidad están causando daños de imposible reparación y violaciones.