El disparate de diferir elecciones

Opinión, por Cayetano Frías //

Como decimos en Guadalajara, aplicado a los intelectuales orgánicos, “son bien sabe cómo”. Han puesto a discusión la necesidad –según ellos-, de diferir las elecciones de junio próximo, lo cual es un verdadero disparate tomando en cuenta los escenarios de crisis en salud y economía que está enfrentando el país, a lo que quieren sumar una crisis política.

En una entrevista publicada a Javier Hurtado en la edición pasada de Conciencia Pública, el declarante pinta un escenario caótico para el día de la elección, basado solo él sabe en qué conocimientos sobre propagación de pandemias, los cuales no se presentaron en las elecciones del año pasado en Coahuila e Hidalgo, y tampoco en Estados Unidos pese a que éstas han sido las de mayor participación en su historia.

Para colmo, toma como referencia el caso de Bolivia, donde el gobierno golpista pospuso las elecciones según el criterio de Hurtado, por la situación de pandemia sin aportar un solo elemento que fundamente su afirmación. El resultado tampoco fue de catástrofe sanitaria en aquel país y lo más relevante, fue que echaron fuera del gobierno a los usurpadores.

Javier Hurtado es un académico que se publicita como especialista en derecho constitucional, por eso extraña su inclinación a medidas que vulnerarían abiertamente los derechos ciudadanos, al proponer que se amplíe de facto la gestión de los actuales legisladores, quienes deben entregar el cargo en septiembre del presente año.

“…quizá mediante un artículo transitorio por medio del cual se extienda el tiempo de gestión de la actual legislatura, por una sola ocasión y con la justificación de la grave situación de salud”, declaró a Conciencia Pública. Eso y violentar la Constitución, es lo mismo.

Sin que se le conozcan antecedentes de epidemiólogo o infectólogo, Hurtado justifica su postura: “…sería una cantidad brutal de contagios en un solo día y luego eso como se va a reproducir. Vas a convertir a este país en un cementerio, en verdad. No van a ser suficientes los camposantos que existen para poder meter todos los cadáveres”.

Insiste en que ya 75 países han diferido sus elecciones constitucionales y en un artículo publicado a media semana en Milenio, se apoya en el Artículo 56 de la Constitución General de la República y en un transitorio de la reforma de diciembre de 1993. Pero ese artículo, ni el Tercero Transitorio, establecen norma alguna para diferir ni una sola elección, por lo que su argumento no tiene validez.

En su artículo de Milenio, precisa que su propuesta es diferirlas, no cancelarlas. Repite sus argumentos sobre los casos de Coahuila e Hidalgo, donde se pospusieron por unos meses, pero omite aclarar que las elecciones se realizaron durante la pandemia y nunca alteraron los tiempos de relevo de las autoridades constitucionales.

Algo interesante es que en el texto de Milenio, alude a los 1,575 millones de pesos destinados al desarrollo de las campañas electorales y plantea que esos recursos se podrían redireccionar para beneficio de los afectados por la pandemia. Rara su postura, porque nunca se le ha conocido activismo en favor de las clases marginadas y sí como eterno protagonista al lado de los círculos del poder, sea cual sea su orientación ideológica.

Otra afirmación que hace en el texto de Milenio, es sobre la posibilidad de que los diputados que se van a reelegir, estarán a expensas de que se judicialice su elección, dado que el Congreso no aprobó un sistema de medios de impugnación que diera definitividad a los distintos procesos electorales, como se le ordenó en la reforma al Artículo 41 Constitucional de 2019. Esa misma ausencia del mecanismo, contra la opinión de Hurtado, abonaría a que los diputados reelectos, pasen sin sobresaltos.

Y a propósito de intereses, Hurtado no aclara cuál es su interés al proponer una medida que va en contra de lo mandatado por la Constitución. No es la única voz que se ha pronunciado a favor de que se posponga el proceso electoral.

El miércoles pasado en su intervención ante una asociación de profesionales de derecho, Lorenzo Córdova fue cuestionado sobre la posibilidad de diferir las elecciones, lo cual fue rechazado por el presidente del INE.

“Que ello pueda pasar sin entrar en una crisis constitucional deriva en que la opción de modificar la fecha de las elecciones, que si bien es una opción que no está exenta en este nuevo marco jurídico derivado del propio Covid, no es una opción pertinente”, contestó.

Entonces, ¿quiénes tienen interés en que se provoque una crisis constitucional? Es obvio que suspender el proceso electoral, o peor aún como propone Javier Hurtado, alargar el periodo de los legisladores con un pretexto ilegal, suena más a totalitarismo que a democracia.