La parálisis del Poder Judicial: Estado sin justicia

Opinión no pedida, por Armando Morquecho Camacho //

Según Montesquieu, en su tratado Del Espíritu de las Leyes, el Estado existe con la finalidad de proteger a los ciudadanos de otros ciudadanos, y en virtud de ello, las personas sacrifican una completa libertad por la seguridad de no ser afectados en su vida, integridad, libertad y propiedad.

Aunado a esto, también señala que la mera existencia del Estado no garantiza la defensa de los derechos de las personas, ya que en muchas ocasiones, los gobernados no se encuentran protegidos frente al mismo Estado que fácil e impunemente, podría oprimir a éste.

Derivado de lo anterior, el pensador francés redujo las funciones del Estado a las más necesarias para proteger al gobernado: dar leyes, poner en práctica las leyes y la administración del aparato de gobierno, funciones que en algún momento fueron monopolizadas por una sola entidad durante el Antiguo Régimen.

El propósito de generar estas divisiones en la forma de gobierno del Estado era evitar que el poder se concentrara en una sola persona o un grupo restringido de personas:

‘’para que uno no pueda abusar del poder, es necesario que, mediante la disposición de las cosas, el poder detenga el poder. ’’

La división de poderes, a mi gusto, es el pilar de cualquier sistema político cuyas bases sean la democracia, la participación ciudadana, los derechos humanos y las libertades, sin un sistema de pesos y contrapesos que contenga el poder y evite que este recaiga en una sola persona, probablemente en nuestra mente no habría espacio para las libertades o los derechos humanos, estos serían mitos y conceptos triviales.

No obstante, aunque este principio político implica una forma de gobierno en la que los poderes que integran el Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) son órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes, esto no implica que el engranaje del Estado no se va a ver afectado si uno de estos tres elementos deja de funcionar, ya que forman parte de un todo y el trabajo de cada uno de ellos es más que necesario para velar tanto por el Estado de Derecho, como por la importante tarea del Ejecutivo de garantizar la gobernabilidad del territorio.

Definitivamente, la pandemia del COVID-19 como le he mencionado, además de ser histórica, dejará marcada a toda una generación. Esta pandemia ha hecho que los sectores de la población más jóvenes se insensibilicen aun más ante la muerte, mientras que en temas políticos, en algunas otras regiones, ha destapado la faceta totalitaria y dictatorial de muchos gobernantes que con el pretexto de garantizar la salud pública, han sometido a sus ciudadanos a sistemas de monitoreo estatal constantes e indefinidos.

Ciertamente, México no ha sido la excepción, y esta crisis sanitaria, por un lado ha sacado a flote nuestros peores demonios: el egoísmo y el individualismo; y por otro lado, ha evidenciado las deficiencias funcionales y presupuestales alrededor de ciertos sistemas que se encargan de brindar servicios públicos esenciales, tales como la salud y la justicia.

En el caso del sistema de justicia, la pandemia no solo ha evidenciado una gran falta de infraestructura administrativa y una enorme y letal falta de coordinación dentro del Poder Judicial, sino también una preocupante falta de voluntad de este poder, para impulsar una más que necesaria transición a un sistema de justicia digital a través del cual, adaptándose a la modernidad y a las necesidades de la era, se pueda garantizar el principio constitucional que indica que ésta debe ser pronta y expedita.

Sin lugar a duda, la impartición de justicia es probablemente una de las funciones públicas más importantes del Estado. El ejercicio de esta función auxilia de forma preponderante a la preservación del Estado de Derecho y la seguridad Jurídica, las cuales, después de realizar una ecuación social, dan como resultado un sistema de orden y estabilidad social que brinda certidumbre jurídica a todos los gobernados sin excepción alguna.

Es por ello, que el caso en particular de nuestro estado resulta alarmante, ya que mientras el Ejecutivo, en todos sus niveles (federal, estatal y municipal), a lo largo de un año, ha realizado todo un esfuerzo administrativo y económico para mantener en operación servicios públicos como los que brindan el registro civil y catastro, o en su defecto, servicios públicos fundamentales como lo son, la recolección de basura, transporte público entre otros, el Poder Judicial tomó la decisión de cerrar su puertas y privar a toda la población del acceso a la justicia, sometiendo así al Estado y su forma de gobierno a un gran desequilibrio social y constitucional.

¿Quién decidió que un divorcio puede esperar? ¿Quién determinó que una viuda que vive de sus rentas puede esperar un año para recoger sus billetes de depósito? ¿Quién creyó que la reivindicación de un predio no afecta a nadie y que por ende puede esperar a que la vida regrese a la normalidad? ¿Cómo decidieron que los herederos que necesitan vender algún bien para sobrevivir pueden esperar un año o más? Peor aun… ¿Quién decidió que un estado puede vivir sin justicia?

Es en virtud de lo anterior, que se está comentiendo un grave error al ver en estos tres poderes, entes autárquicos; esto además de ser paradójico, es una verdadera contradicción a los principios que constituyen nuestra democracia y nuestro sistema de pesos y contrapesos.

Si bien es cierto que su autonomía debe representar un muro para el autoritarismo, también es cierto que ésta no les da la libertad de consolidar un monopolio alrededor de sus funciones, ni mucho menos los faculta para decidir cuándo una sociedad necesita justicia y cuando no la necesita.

El Estado es un todo y estos tres poderes, incluyendo el judicial, forman parte de un engranaje que debe de funcionar con una coordinación perfecta, de tal manera que la sociedad pueda seguir su rumbo y que se pueda garantizar un equilibrio de carácter constitucional que de forma y rumbo a la idea de Estado moderno y de libertades.

Es así que ante esta profunda crisis de justicia que vive Jalisco, es necesario tener presentes 3 ideas: primero, que la grandeza de una democracia radica en la fortaleza de sus órganos encargados de impartir justicia; segundo, que tal y como lo señaló Lucio Anneo Séneca, político, orador y escritor romano: nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía; y tercero, tal y como lo mencionó Nicolás Maquiavelo: todos los Estados bien gobernados, y todos los príncipes inteligentes han tenido siempre el cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación, ni al pueblo al descontento.

El dia de hoy el Poder Judicial reanudará sus actividades, sin embargo, debemos tener presente que ni Jalisco ni México han visto lo peor de esta pandemia aún, las variaciones del virus están cada vez más cerca y con ellas se ve a lo lejos un nuevo encierro, y ante este panorama no queda más que esperar que los miembros de este órgano sean conscientes del daño y la inestabilidad a la que la inactividad judicial somete tanto al Estado como a sus gobernados, y que en el futuro, priocricen su actividad como una de las más sustanciales que el Estado tiene a su alcance.