Las crisis sociales y el derecho a saber

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Jalisco vive una gran cantidad de crisis generadoras de perplejidad y desasosiego social, la mayoría de ellas tienen que ver con la violación a los derechos humanos, derivadas de la negligencia y falta de capacidad de los gobiernos o bien la simulación de políticas públicas de las que se desprenden garantías constitucionales de promover, garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de la sociedad que se gobierna, como la máxima obligación de Estado.

En materia de desaparición de personas en sus dos divisiones de consecuencias jurídicas, la cometida por particulares y la desaparición forzada en la cual se presume la intervención de algún servidor o funcionario público; Jalisco arrastra con un exceso incomprensible de acumulación de casos sin resolver, investigaciones con nulo o poco progreso, escenario innegable y perfectamente documentado y acreditado durante está casi mitad de sexenio gubernamental, por los medios de comunicación locales e internacionales, producto de un aumento desmedido de la violencia y el crimen en Jalisco.

Sabemos, sin miedo a equivocarnos perfectamente que el aparato gubernamental está rebasado, sumándole una clara falta de voluntad política, capacitación y concientización de quienes tienen en sus manos la responsabilidad gubernamental de atender a la complicada realidad de las desapariciones en Jalisco, la cual inevitablemente tenemos que ligar al clima de inseguridad y violencia excedida; por otra parte los cárteles de crimen organizado quienes entre sus actividades cotidianas se encuentran las extorsiones, secuestros, levantones, las guerras por territorio y dominio, lo que concibe un riesgo constante para la sociedad jalisciense y una problemática de grave magnitud que debe ser atendida por los gobiernos y poderes en el Estado, sin pretextos formulados para minimizar su indigno funcionar.

En ese contexto, podemos focalizar desde dónde se deja de cumplir con la obligación de garantizar derechos humanos referentes a que todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, transitamos de manera dramática a una deshumana situación de fosas clandestinas en Jalisco que literalmente nos lleva a la saturación, al mal manejo de cadáveres y restos humanos, provocando en los familiares de las víctimas de los casos de desaparición un gran sufrimiento, menoscabo a la dignidad y al valor de la vida humana, influyendo para que nazca otra trasgresión definida como el derecho a saber la verdad, además actualmente tenemos colectivos y asociaciones civiles agrupados para luchar por generar condiciones que obliguen al Estado asumiendo y reparando su proceder, pero de la misma manera comprendemos que no todas son genuinamente auténticas, existe la simulación de actuar y defensa, en una minoría, consecuencia de la corrupción, impunidad y disimulo político que vivimos.

Otra crisis que vuelve al gobierno un generador de violaciones a los derechos humanos de los jaliscienses, es su aparato de justicia, la falta de personal debidamente capacitado en los protocolos nacionales e internacionales de atención y trato a las víctimas directas o colaterales en tribunales y juzgados, causa que la búsqueda de la justicia sea parte del doloroso e indigno proceso de las familias por lograr que el Estado investigue y sancione conforme a la ley, dejando esta problemática social y gubernamental fuera de los alcances lógicos y razonables que tiene cualquier ser humano de conocer la verdad, requerir justicia y vivir sin violencia.

La ausencia de las personas en Jalisco, también conseguimos agregarla a la alta incidencia de violencia de género que sufren en su mayoría las mujeres, asumiendo un país y una entidad de cultura machista y con un ignorado fenómeno de personalidades psicopáticas poco estudiadas en México, dejándonos por consecuencia la ausencia física de madres, hermanas, hijas, sobrinas y amigas, bajo otro concepto que implica responsabilidad de las garantías humanas y prácticamente ligado a la barbarie humana, llamado feminicidio, el mismo nos permite reconocer evidencias de la cruel y deshumanizada época que vivimos.

En todos los casos poseemos la presunción o la ausencia física de un ser humano y una valorable cantidad de daños colaterales, violaciones a los derechos humanos producidas algunas desde la atención a las denuncias, el trato a los familiares, la omisión en la investigación, la falta de intervención oportuna de las autoridades con estándares de protección y condiciones que demuestran uso de protocolos aplicables, el conjunto de estas fallas permiten situaciones de revictimización y violaciones irreparables, los cuales limitan la finalidad a la búsqueda de la justicia mediante tribunales, otro actuar sin certeza ni garantía de su efectiva diligencia judicial, igualmente consagrada en nuestra carta magna para satisfacción de los estándares que puntualizan los criterios de acceso a la justicia y los derechos humanos universales, así es como al final y no obstante de tan evidentes violaciones sistemáticas a los derechos humanos, acabamos exigiendo por humanidad el derecho a saber la verdad, como único consuelo para poder vivir en paz.