De empresa productiva a símbolo patriotero

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Soberanía es el concepto en que se basa el propósito presidencial de recuperar el poder de decisión del gobierno en las dos grandes empresas productivas del Estado Mexicano y debemos desprender, de la confusa retórica oficial, que en el fondo es más la obsesión por el dominio, el ejercicio absoluto del poder, que un diseño estratégico de crecimiento.

En los estados modernos, la soberanía, o el poder absoluto del soberano se encuentra constreñido por la Constitución, las leyes, que controlan e impiden que, como en las sociedades feudales medievales, el soberano sea omnipresente, omnicompetente y que sea él quien intervenga en cualquier cuestión sin permitir que otras instancias decidan.

México había entrado en ese canal de modernidad y control democrático del poder, disminuyendo las pretensiones absolutistas y el dominio hegemónico de partidos, mientras en la administración pública la técnica y la especialización iban abriéndose paso en las instituciones. El nuevo concepto de soberanía estaba marcado por la realidad de una sociedad más pluralista y democrática así como el carácter que han tomado las nuevas relaciones internacionales y el comercio. Por ello es absurdo que ahora, arguyendo razones de soberanía se imponga la sola voluntad del soberano, inspirada en conceptos medievales.

La racionalidad parece estar ausente en la toma de decisiones, como nunca antes centralizadas, envueltas en una lógica incomprensible por la ausencia de sentido común. Se dice que es necesario ser autosuficientes para garantizar la no dependencia del exterior sobre los energéticos y se elude el hecho de que las reservas petrolíferas del país van en descenso con reservas probadas suficientes para nueve años, si creemos el segundo informe presidencial. Según una evaluación de Fitch Ratings hecha en mayo de 2019, si la empresa estuviera invirtiendo a nivel suficiente para estabilizar su producción y reponer sus reservas, su déficit de flujo de efectivo sería entre 12 y 17 mil MDD. Por lo menos desde 2014, los ingresos que genera PEMEX han venido descendiendo mientras las transferencias aumentan, y con ello el riesgo para las finanzas públicas, como lo han venido advirtiendo las calificadoras internacionales como Moody’s, Fitch Ratings, y HR Ratings.

En 2018, PEMEX recibió 27 mil millones de dólares de transferencias directas, más una reducción de 1,100 millones de dólares (mdd) en su carga impositiva. En 2019, el apoyo total a la empresa superó los 5,500 mdd, incluida la reducción de impuestos, exenciones fiscales, inyección de capital y amortización de bonos del gobierno para pago de pensiones.

Desde el periodo de gobierno de Ernesto Zedillo hasta el de Enrique Peña Nieto, PEMEX ha pagado impuestos que se encuentran por encima del cien por ciento de sus ganancias, generando como consecuencia una deuda de aproximadamente 110 mil 300 millones de dólares, misma que sigue en aumento. Para darle viabilidad, el gobierno ha seguido disminuyendo la carga fiscal y el 19 de febrero se publicó un decreto que otorga a Pemex un estímulo fiscal acreditable al pago de derechos por utilidad compartida por un monto de 73,280 millones de pesos. No obstante el flujo de apoyo económico, la situación de la empresa no mejora. La Fundación de Estudios Financieros A. C. (FUNDEF), señaló en febrero de 2021, que rescatar Pemex podría costar hasta 3 billones de pesos, el 12% del PIB.

Eso nos lleva a preguntar ¿Dónde está la racionalidad y cuál es el beneficio de ser autosuficientes? Sin racionalidad técnica ni programática, entendidas solo como una declaración soberana, inútil, porque nadie lo discute, de que el poder lo tiene el gobierno y no quienes ostentan el poder económico, las decisiones políticas tienen un alto costo y son, en contrario de lo que se intenta, un pesado lastre para el desarrollo nacional.

El alto costo de rescatar Pemex y lo riesgoso de una economía dependiente del petróleo ya había sido observado por administraciones anteriores y por ello se optó por darle mayor libertad como empresa que, manteniendo sus activos y los derechos sobre el recurso, obtuviera utilidades y generara impuestos sin los altos costos de su operación obsoleta. Dichas reformas están siendo revertidas aduciendo recobrar el control de la soberanía y la autosuficiencia, reduciendo la exportación de crudo y destinando la producción al consumo doméstico; es decir, al consumarse la transformación dejaremos de recibir dólares por la venta de crudo y obtendremos pesos por la venta de productos refinados en el mercado nacional, con producción subsidiada para mantener bajos los precios al público. Tal política no ha resultado exitosa en Venezuela que tiene 50 veces más reservas probadas que México.

Por donde se vea no existe racionalidad económica ni viabilidad estratégica en el objetivo manifestado de devolver a Pemex su papel como palanca del desarrollo. El alto costo que representa actualmente y en el futuro, gravita negativamente sobre las finanzas públicas, reduce la posibilidad de inversión en infraestructura, servicios y asistencia social. Con un horizonte limitado por la dimensión de las reservas, la tendencia mundial al uso de energías alternativas y la dependencia creciente de las transferencias gubernamentales, la única utilidad que puede arrojar el “rescate” de Pemex es su utilización para desplantes patrioteros y demagógicos.