Con dinero de fotomultas financian a transportistas: Prepara la FEU denuncia por desvío millonario de dinero público

Por Mario Ávila //

Los apoyos millonarios del Gobierno del Estado que han estado recibiendo los empresarios del transporte público, no solo para la compra de las unidades nuevas, sino para el equipamiento, estarán siendo denunciados en los próximos días por la Federación de Estudiantes Universitarios, según lo anticipó su líder, Francisco Javier Armenta Araiza.

Al tiempo que pidió reservarse los detalles, el líder estudiantil, dejó entrever que las anomalías detectadas en la operación del transporte público en la entidad, han llegado al extremo de evidenciar que las autoridades de Estado han cometido un desvío de recursos públicos, particularmente en las partidas con las que se ha beneficiado a los empresarios privados que prestan el servicio del transporte público.

«Yo me reservaría mi opinión en esos términos -dijo-, porque en los próximos días vamos a denunciar en qué orientación se están ejerciendo esos apoyos, todo eso se paga del fondo de las fotomultas, del fondo que originalmente iba a estar destinado en una gran proporción para atender a las víctimas del transporte público y a las víctimas de los accidentes viales».

Y hoy ya no es así -abundó-, hoy ese dinero se está yendo a los bolsillos de los transportistas y a las víctimas no les pagan, los dejan en un estado absoluto de indefensión. Si va haber apoyos que sean bien dirigidos, que tengan una lógica.

Expuso Javier Armenta, que en su opinión es incorrecto “y es indignante que con dinero público le estén dando recursos a los transportistas para comprar las alcancías, que luego las usan para robar al ciudadano; es tanto como si con dinero público se les comparan las armas a los delincuentes para que después con esas mismas armas nos asaltaran”.

No negó la notable mejoría en las unidades que prestan el servicio, pero hizo una acotación: “La discusión no es si el transporte público está mejorando en la Zona Metropolitana, todo mundo quiere que mejore el transporte público, sí, si queremos lo mismo, pero no por eso vamos a aceptar que nos roben y no por eso vamos a aceptar que dilapiden el dinero público con sus compas; el transporte público me roba y el secretario miente y permite que nos roben”, sentenció el presidente de la FEU.

Insistió en estar de acuerdo con las mejoras al servicio del transporte, “pero yo no estoy de acuerdo con el chantaje del gobierno, por qué a fuerzas la tarjeta, a favor del pago electrónico y a favor de máquinas que sí den cambio; pero porque tenemos que escoger entre una u otra, es su obligación, es su obligación dejar abierta la posibilidad de pagar en efectivo y es su responsabilidad regresarnos el cambio. Son unos cínicos, dicen simplemente: ‘así es y que se aguanten’.

“Y con la tarjeta no solo ganan con el pago por adelantado de los viajes de los usuarios, sino que ganan también jineteando el dinero de los transportistas, los asfixia, les paga su dinero de hoy, meses después. No pueden sostener los gastos fijos como sueldos, diesel y refacciones. Este modelo está diseñado para que los pequeños permisionarios truenen”, aseguró Javier Armenta.

LAS ALCANCÍAS RATERAS, UN ROBO CON PREMEDITACIÓN ALEVOSÍA Y VENTAJA

Para el presidente de la FEU, Francisco Javier Armenta, “el sistema que tenemos, si bien ha habido avances en el tema del transporte público, no menos cierto es que el sistema de cobro que utilizan tiene un sistema recaudatorio, que genera beneficios o ganancias particulares por encima de un bien social, primordialmente.

“Las alcancías rateras, si bien ya sabía este gobierno cuánto iba a costar la tarifa, decidieron comprar máquinas que no dan cambio, a pesar de que en el mercado sí había máquinas que sí daban el cambio, eso como un acto de premeditación, alevosía y ventaja, para consumar un robo sistematizado de 50 centavos, que dejan un ingreso excedente de 1 millón 171 mil 852 pesos diarios.

“A esta cifra se llega haciendo estimaciones conforme se va dando el aumento a la tarifa de manera diferenciada para las unidades del transporte púbico que cumplían con ciertas características, había una condición de que en teoría los transportistas fueran cumpliendo requisitos para ser sujetos del beneficio de cobrar la tarifa de 9.50 pesos. Entre los requisitos que deberían de cubrir era comprar estas alcancías y por ello fuimos estimando la evolución, tomando información de los periodistas y medios de comunicación, que a través de solicitudes de información llegaron a la conclusión de que las rutas autorizadas para cobrar la tarifa de 9.50 y así se fue haciendo una proyección del crecimiento eventual del número de rutas autorizadas, comparadas con el pasaje promedio de cada una de esas rutas, hasta que llegamos a las 180 rutas de las 205 que había en la ciudad y por ello nuestra estimación es con el 90 o 95%de las rutas con la tarifa autorizada y si son 4 millones de viajes diarios en la ciudad, de ellos solo el 33% se paga con tarjeta y por eso podríamos hablar de 2.6 millones de viajes que se hacen con dinero en efectivo y se manejó un indicador de cuántos de estos viajes se pagaban con monedas de 10 pesos sin que recibieran los 50 centavos de cambio. Así es como se hizo el cálculo de que 1 millón 171 mil 852 pesos diarios a partir de mayo del 2020”, enfatizó el dirigente estudiantil.

Hizo saber que este robo ya se denunció en la Fiscalía Anticorrupción para que se deslindaran responsabilidades, pero se toparon con que las autoridades ya tienen archivada la carpeta “y con eso se demuestra que el Fiscal solo va a cobrar su sueldo, pero no da resultados”.

Recordó que también se interpuso un recurso de amparo “y no nos dieron la razón, por eso desafortunadamente ante este millonario robo hormiga no nos queda más que la denuncia pública”.

NO AL AUMENTO A LA TARIFA

Sobre la más reciente discusión pública que sostuvo con el secretario de Transporte del Gobierno del Estado, Diego Monraz Villaseñor, Javier Armenta dijo que las pretensiones de la parte oficial por incrementar el precio del pasaje, es real.

Reveló que los documentos técnicos que el gobierno le ha hecho llegar al Observatorio Ciudadano del Transporte Público, para comenzar la revisión de esta tarifa, hablan de que la tarifa se divide en el costo real del servicio y la tarifa social, que es el costo que el ciudadano puede pagar. “Y a partir de estas dos premisas se busca como conciliarlas y se define la tarifa”, expuso.

En un documento oficial -dijo-, que entrega el gobierno, desde su punto de vista hace creer que el transporte debe de cobrar 10.50 y nosotros hicimos un planteamiento con el doctor Héctor del Toro, desde un punto de vista de la canasta básica con el ánimo de dar nuestra opinión de cuánto la gente puede pagar, algo así como la tarifa social. Nosotros no queremos dejar de decir ahora, que con el aumento en los precios de la canasta básica y con la pérdida del poder adquisitivo, cuánto la gente realmente puede pagar, porque allá nada más se discute con los estudios que hace el gobierno y eso no me parece adecuado, porqué no usan estudios de otras universidades, nosotros ponemos nuestros datos en la mesa, porque al que paga le hacen el estudio a la medida.

Con nuestra información -abundó-, el 25% de las familias en la Zona Metropolitana de Guadalajara no pueden pagar el aumento en el transporte, porque ganan un salario mínimo. Decimos esto porque se va a revisar la tarifa y queremos evitar que “a Chuchita la bolsearon” y de una vez, si van a revisar la tarifa, que entiendan que la gente no puede pagar más y cuando revisen el tema, que no pierdan de vista nuestros datos.