Revocación de mandato

Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

El Instituto Nacional Electoral define la revocación de mandato como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.

En abril de este año, se llevará el primer proceso de este tipo en nuestro país, el mismo ha estado lleno de contradicciones, los beneficios para la ciudadanía serán pocos y los costos serán altos. La consulta está costando mucho económica, jurídica y socialmente.

Comencemos por el costo económico, el INE ha reportado que la consulta tendrá un costo aproximado de 3 mil 830 millones pesos. Se tendrán que imprimir más de 94 millones de boletas y serán instaladas 161 mil 490 casillas, además, hay que tener en cuenta el pago de miles de personas que participarán en la promoción, difusión y realización de este proceso. Para poner en contexto que significa esta cantidad de recursos, el costo de la consulta será el equivalente a 20 meses de presupuesto de un municipio como el de Tlaquepaque, que su presupuesto anual ronda los 2 mil 243 millones de pesos. Por otra parte, el municipio de Guadalajara tiene asignados, 1,092 millones de pesos para obra pública, la consulta equivale a casi cuatro años de presupuesto de esta índole para la capital del estado.

Por distintos motivos, la Secretaría de Hacienda ha negado aumentar el presupuesto del INE para realizar la consulta sobre la revocación de mandato, por lo que compromete la estabilidad financiera de la institución que debe garantizar que se respete la decisión que expresen los mexicanos a través de las urnas, esto resulta preocupante. La solidez de las instituciones es un factor clave para el desarrollo y la democratización de los países.

En el tema jurídico, habrá que recordar como el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó a finales del año pasado una denuncia contra seis consejeros del INE que solicitaron que se pospusiera la consulta al considerar que no había condiciones para realizarla, a su vez, dos ministras de la corte sostuvieron que el INE contaba con viabilidad financiera para la realización del ejercicio, la revocación esta causando un desorden jurídico (por llamarlo así) que está fijando precedentes que a mediano plazo le pueden costar mucho a las y los mexicanos.

También podemos mencionar el costo social, el país se sigue polarizando, se sigue utilizando un discurso que intenta clasificar y dividir a los mexicanos entre ricos y pobres, entre pueblo y mafiosos del poder, entre chairos y fifís… Un discurso que resulta lastimoso en un país donde prácticamente la mitad de sus habitantes viven en condiciones de pobreza y donde tan solo el año pasado 4 millones de personas se adhirieron a este sector derivado de la falta de oportunidades de empleo.

Finalmente, a falta de 48 días para la consulta, podemos anticipar un resultado en el que se elija la continuidad del Presidente; López Obrador cuenta con una aprobación ciudadana que está por encima del 65%, -sobre su persona, no así sobre su administración que no muestra la misma aprobación- además, Morena cuenta con una amplia maquinaria electoral, actualmente gobierna 17 estados y seguramente en ellos, el Presidente obtendrá los votos suficientes para sacar a flote el resultado de este ejercicio.

Así pues, viviremos primer ejercicio de revocación de mandato del país, un ejercicio que debería ser ejemplar, que debería ser la muestra de una democracia sana pero que en realidad parece solo una puesta en escena, un concurso de popularidad. Una consulta envuelta en la polémica que es importante para los políticos y que al ciudadano promedio ni le va ni le viene, pues desconoce que se llevará a cabo o si la conoce la siente ajena de sus intereses, seguramente el porcentaje de participación será bajo y como ya vimos el costo será muy alto.