La responsabilidad de la Fiscalía de Querétaro: Justicia deportiva y justicia social

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Uno de las noticias más sonadas en la televisión nacional y en las redes sociales en el último par de semanas no tiene nada que ver con la política en nuestro país, y aunque parezca difícil de creer, tampoco tiene nada que ver con la guerra en Ucrania o con la pandemia, sino que tiene que ver con el futbol, especialmente con el Atlas y con el Querétaro y con los hechos que tuvieron lugar en la Corregidora, cuando en el segundo tiempo del partido, se armó una trifulca en las gradas que terminó, palabras más palabras menos, en una cacería y en una masacre protagonizada por un grupo de pseudohumanos.

Como la mayoría de las noticias nacionales, ésta no fue la excepción, y fue objeto de acalorados debates en las redes sociales, que dicho sea de paso, me recordaron mucho a ese divertido meme de un joven sosteniendo un cartel que dice: “un país que le exige más a un futbolista que a un político, está condenado a ganar el próximo mundial, vamos México’’.

Estos debates llamaron mi atención no porque fueran entre aficionados del Atlas y aficionados del Querétaro, sino porque en realidad eran entre aficionados del Atlas contra aficionados del Atlas, lo cual, es un claro ejemplo de cómo muchas personas se desviaron totalmente del punto de debate sobre este tema.

De un lado de este ring, unos aficionados culpaban y satanizaban a la directiva del Atlas y los mismos jugadores por no hacer más por aquellos aficionados del equipo que desgraciadamente, se vieron inmiscuidos en un debate entre la vida y la muerte, y en el otro lado del ring, sin decir más, defendían a la directiva y a los jugadores.

Sin embargo, creo que como aficionados al futbol, en primer término, no podemos cometer el error de centrar el debate en la teoría de responsabilidad de Grupo Orlegi (que es nula) o de los jugadores del Atlas, y en segundo término, tampoco podemos esperar que la solución a la violencia en los estadios sea a través las sanciones de la Liga MX, ya que éstas son meramente deportivas y se limitan al terreno de juego.

Alrededor de los eventos que tuvieron lugar en La Corregidora hay una serie de situaciones extracancha extremadamente graves que no podemos dejar pasar por alto ya que son un evidente reflejo de la descomposición social de nuestro país.

En ese sentido, es necesario precisar que en este caso en concreto, la justicia realmente no es sancionar a los directivos del Querétaro obligándolos a vender el equipo, y mucho menos lo es impedir que la barra del Querétaro vaya al estadio durante tres años.

En este caso, no hay que buscar el hilo negro ni querer inventar el agua tibia, la verdadera justicia solamente la puede impartir el Estado a través de la Fiscalía Estatal, que aunque ha hecho un importante trabajo con 40 órdenes de aprehensión, 22 detenidos y cateos continuos, la realidad es que aun tiene un gran trabajo por delante, ya que en la masacre de La Corregidora, la responsabilidad no radica Únicamente en aquellos salvajes que agredieron a los demás aficionados, sino que también, radica en aquellos funcionarios omisos.

Debemos tener en cuenta que en México, uno de los problemas más grandes, vaya, nuestra endemia, es el alto índice de impunidad que junto a la corrupción, dañan gravemente la legitimidad y capacidad de nuestras autoridades encargadas de impartir justicia, y al mismo tiempo, con esto, logran privar a un importante número de ciudadanos de acceder a la justicia, dañando así nuestro tejido social.

Aunado a lo anterior, esto también tiene un impacto negativo en nuestra sociedad porque además de dañar el tejido social, rompe por completo con un elaborado y necesario sistema de reglas de convivencia y al fina de cuentas: ¿Por qué respetar las reglas de un juego social que nadie más parece respetar?

Todos hemos visto los videos de ese evento y creo que hasta hoy, ya hemos tenido tiempo suficiente para entender que lo sucedido fue más que una simple batalla campal, si bien es cierto que los ánimos y la rivalidad jugaron un factor importante, también lo es que hubo otra serie de detonantes, como la corrupción que permitió a la barra de Querétaro comprar a los pocos oficiales que había en el estadio y que su función era salvaguardar la integridad de todos los asistentes sin importar el color de sus playeras deportivas.

Por ello, es necesario que dejemos de preguntarnos: ¿Dónde está Orlegi? o ¿dónde están los jugadores cuando más los necesitamos?

Más bien, deberíamos preguntarnos: ¿Por qué no había elementos de seguridad suficientes en el evento? ¿Por qué los pocos elementos de seguridad que había, actuaron en contubernio con los aficionados del Querétaro?, pero sobre todo, ¿por qué el comisionado de la Liga MX autorizó el arranque del partido sin la seguridad suficiente?

La justicia debe abrazar a todos los involucrados en este evento sin excepción alguna.

Ciertamente, los agresores deben de ser encarcelados, a los afectados se les deben de resarcir los daños, pero más importante aun, tanto funcionarios municipales, como funcionarios de la Liga MX y de la directiva de Querétaro que resulten responsables de lo sucedido, deberán responder por sus actos de evidente omisión.

Ahora bien, pese a lo trágico de esta situación, hoy el Gobierno de Querétaro tiene una gran oportunidad de mandar no solo a sus ciudadanos, sino a todo el país, un verdadero ejemplo de lo que implica combatir la impunidad en México, y es desde esta instancia, desde donde se puede hacer algo para acabar no solo con la violencia en los estadios, sino también, con la violencia y la inseguridad en otros aspectos de la vida en sociedad.

La impartición de justicia y la conservación del estado de derecho mediante la seguridad y la certeza jurídica representa una de las deudas más grandes que tiene este país con sus ciudadanos, y mientras esa enorme deuda no sea saldada, continuaremos imposibilitados de gozar de paz social.