Dos décadas de acceso a la información

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Conmemoramos 20 años de la creación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el país, marcó el inicio garantiza del derecho a la información pública, dando vida y efecto a la transparencia gubernamental, así como al acceso a la información pública, durante estas dos décadas de leyes y organismos garantes en proceso y al servicio de la ciudadanía, otros derechos fundamentales se han consolidado para fortalecer el derecho humano a saber; la creación de la primera ley, sin duda nos trasladó a formar una democracia participativa de contrapesos a través de las herramientas de la transparencia, en un país donde los derechos y las exigencias válidas de garantía máxima, solo se obtienen mediante las luchas sociales.

En este sentido, resulta importante resaltar el papel de la sociedad civil en este caso es el Grupo Oaxaca, quienes en su pretensión de ponderar el derecho a la información, logran exteriorizarlo y posteriormente como resultado surge la creación de la primera ley que regulará la relación Sociedad y Estado para garantizar el acceso a la información pública, mediante ordenamientos e instituciones idóneas especializadas, esa lucha fue de un grupo de sociedad civil integrado por periodistas y académicos que, en su búsqueda por enfocar los derechos de libertad de expresión y prensa, mantuvieron su postura ideológica basada en que para el ejercicio de esos derechos inherentes a todos los ciudadanos, se requerían también del goce y garantía del derecho a saber mediante el acceso a la información pública, logrando consolidar los primeros pasos y cimientos de la transparencia gubernamental en el país, concibiendo en la información pública un bien público, dejando en la materia una causa y un legado, producto del grupo Oaxaca.

La lucha y la defensa por el derecho a la información y su acceso, cumple 20 años en los cuales todos los gobiernos, se han sometido a ser examinados, incluso a la exhibición pública de los gastos, planes, presupuestos y obra pública, sabemos de las omisiones y de cómo ejercen el presupuesto público, los gastos excesivos e ilógicos que las solicitudes de información pública, nos han brindado en todo el país, hace ya dos décadas que los gobiernos deben garantizar el acceso a la información pública, después de soportar gobiernos cerrados o mejor dicho omisos y opacos.

En la actualidad se someten a evaluaciones locales y nacionales que dan fe de que realmente cumplen con la ley y sus parámetros mínimos del acceso a la información fundamental, aunque usen esta parte para hacerle creer a la sociedad que cumplir con los estándares competitivos en materia de transparencia, es sinónimo de ser gobiernos eficaces en su gestión y representación gubernamental, en realidad las valoraciones son referentes del cumplimiento de ley en materia y de garantizar el acceso a la información de los ciudadanos, no indica capacidad ideal en la forma de administrar un ente público.

En este contexto, debemos agregar la diversidad de particularidades que en transversalidad del derecho a la información pública, se ha sumado para consolidar de manera global la materia de transparencia y acceso a la información pública, la regulación de la posesión y protección de datos personales en posesión de particulares, así mismo en posesión de sujetos obligados, además de los conceptos de transparencia focalizada y proactiva para establecer líneas de mejor comunicación con la sociedad, cubriendo necesidades específicas de información pública, la cultura y socialización de los gobiernos abiertos, con el objetivo de lograr conceptos de gobernanza basados principios de transparencia, participación, democracia y rendición de cuentas; la regulación de archivos como base de las verdades históricas y estructura elemental de la transparencia y en la gestión documental de los gobiernos, son entre muchos otros avances de cultura, forma y fondo que en estos 20 años de transparencia y acceso a la información pública, nos ha dejado este camino de ejercer nuestros derechos.

Celebremos entonces los avances, valoremos nuestras herramientas en materia de transparencia y acceso a la información, defendamos nuestros órganos garantes del secuestro de los partidos políticos o de los grupos de poder, pero sobre todo ejerzamos nuestros derechos con plena convicción de que es la manera más efectiva para combatir la corrupción, la opacidad y la omisión de los gobiernos en ejercicio.

Documentar y solicitar información pública nos permite una vía a participar democráticamente, pero sobre todo y lo más importante, ayuda exigir en algún momento la rendición de cuentas de malos gobiernos, servidores o funcionarios públicos; los gobiernos, los poderes públicos y sus dependencias, no demuestran sus acciones en beneficio de la sociedad o su eficiencia, en calificaciones sobresalientes en materia de transparencia, el engranaje que en la actualidad poseemos va más allá de la simulación política y de los discursos falsos.