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OPINIÓN

Participación social a favor de la construcción

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

La importancia de la representación de la sociedad y de la participación civil en las instituciones garantistas​​​​​​​ que velan, promueven y vigilan la protección de los derechos y las obligaciones institucionales, es producto del derecho de participación que desde la sociedad permiten asegurar la certeza al funcionamiento de las mismas, abonando claro a la democracia participativa.

La debemos ver reflejada en la operación y funcionamiento de los órganos que garantizan la promoción de derechos y que soportan sistemas de combate a la corrupción en las entidades federativas, como lo son Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco y el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL).

En este sentido, deberemos analizar que los sistemas de representación social al interior y exterior de las todas las instituciones que dedican su función primordial a garantizar, velar, vigilar y promover los derechos de todos los ciudadanos, respecto de los poderes del estado y de los gobiernos en función, debe contar con los pesos y contrapesos necesarios para que desde la sociedad civil, se logren generar pilares muy reales de la representación social y en su caso específico de corte ciudadano que permitan marcar la debida y necesaria participación de la sociedad y además abonen a la constante construcción y mantenimiento de la democratización y del correcto funcionamiento de los organismos autónomos que se encargan de avalarla.

Los conceptos básicos de los derechos humanos, los sistemas anticorrupción y los derechos a saber, implican desde luego sistemas de intervención a la protección y la obligación de custodiar, los derechos humanos, formar prevención y combate a la corrupción, así como responder a la obligación del estado de garantizar los derechos a saber basándose en la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública; sin embargo, a más de dos décadas de que la importancia de la sociedad civil y la representación social en estos órganos tomara auge en la construcción democrática de los órganos garantes del derecho a la información y transparencia, protección de los derechos humanos y del engranaje de los sistemas anticorrupción, esta importante participación social y ciudadana, debe cuidarse porque es perfectible y de gran peso en las labores de dichos sistemas de vigilancia y protección ciudadana de cara a la sociedad.

Entre la gobernanza y la participación social, existe una línea delgada que debe mantener la vigilancia correcta a través de la representación de nuestra sociedad en este tipo de organismos, manteniendo y dominando el progreso de la democracia en las vías civiles, para sostener que tan importantísimos órganos autónomos permitan que se salvaguarden las condiciones necesarias para conservar el estado de derecho.

Siempre impidiendo, pero combatiendo las violaciones a los derechos humanos, bajo la obligación de transparentar a todos los gobiernos evitando la opacidad y reforzando el derecho humano a saber, luchando contra la corrupción y transitando a un sistema de prevención y guardia, así mismo haciendo valer todos los derechos implícitos en el engranaje constructor de que los ciudadanos participen en la vigilancia de los órganos garantes y de los sistemas del combate a la corrupción.

Instituciones producto de la democratización globalizada y de la incursión de los derechos humanos en el país, bajo el esquema de la participación civil en los consejos, comisiones y comités de corte ciudadano que atienden a la necesidad de que sea la misma sociedad, aquella que intervenga otorgando la certeza de que la sociedad mantiene ojos avalistas en todos los órganos que rigen bajo los conceptos de protección y vigilancia reales, actuando desde los ciudadanos que poseen facultad y pueden ser parte de estos mecanismos de participación en temas especializados, bajo la premisa de dar entrada a la sociedad civil a dichas instituciones que tiene por objeto vigilar y procurar, el actuar de nuestros entes gubernamentales, convirtiendo la participación civil en actos reales y no políticos o amañados para concebir fines de toma política de tan importantes instituciones.

Todos los ciudadanos tenemos derecho a la participación y en su caso a la representación, es incluso materia de derechos humanos participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, sin embargo, esta figura de herramienta democrática debe ser cuidada por la misma sociedad y desde la organización civil, para evitar que las instituciones o bien los organismos de garantía y protección, sean producto de un botín político que deje sin efectos, tan principalísima labor social de certidumbre y aval democrático en Jalisco.

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