Lo que la «nueva verdad histórica» no dice

Opinión, por Iván Arrazola //

Una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue hacer justicia en el caso Ayotzinapa, si bien la promesa tardó en cumplirse, con la detención en semanas recientes del exprocurador Murillo Karam, por fin lo hizo, sin embargo, queda la sensación que más que hacer justicia se trató de una venganza política, en la que se encuentran involucrados tanto aliados como enemigos del régimen.

La historia de lo que ocurrió en Ayotzinapa es trágica en todos los sentidos, principalmente por los 43 jóvenes que ese día perdieron la vida, en segundo lugar, porque fueron fuerzas policiales municipales las que entregaron a los jóvenes al crimen organizado para que los asesinaran y en tercer lugar, por la forma tan ineficiente como funciona el sistema de procuración de justicia en el país.

Este evento marcó el principio del fin para el procurador que trató de cerrar lo más pronto la investigación de este caso, que había generado críticas severas sobre la devaluada gestión del presidente Enrique Peña Nieto.

Murillo Karam trató de cerrar la investigación del caso señalando que la verdad histórica de la tragedia se escribió ese día por la noche, donde policías municipales entregaron a los estudiantes a miembros del crimen organizado, los cuales asesinaron y quemaron los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula, algunos de esos restos fueron arrojados al rio, mientras que el resto se convirtieron en cenizas, esa versión fue cuestionada por los padres de los estudiantes y por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigó el caso.

La polémica por las nuevas evidencias del caso se suscita porque los resultados que ofrece Alejandro Encinas, encargado de la revisión del caso no son muy distintos a los ofrecidos por Murillo, quizás con una diferencia, pero fundamental, los señalamientos sobre las autoridades encargadas de investigar el caso que ocultaron y alteraron pruebas, una supuesta reunión en la que el procurador acordó con otros actores involucrados en el caso, para fraguar la verdad histórica, entre ellos, Omar García Harfuch, comisionado de la Policial Federal en Guerrero en aquel momento y que hoy es el brazo derecho de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad en la Ciudad de México.

Si el peso de la ley únicamente recae sobre Murillo habría elementos para pensar que hay una persecución contra funcionarios de la anterior administración, si el peso de la ley recae sobre todos los funcionarios involucrados se refuerza la idea de que verdaderamente se quiere hacer justicia. No hay que olvidar que las fuerzas políticas que gobernaban Guerrero en ese momento tanto a nivel estatal como a nivel municipal donde ocurrió la tragedia, formaban parte del PRD, ni al exgobernador Ángel Aguirre del estado ni al fiscal los han llamado a explicar su papel en el hecho.

Esta nueva verdad histórica tampoco ha sido avalada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos que se encargó de realizar las investigaciones del caso a petición del propio Murillo, en un primer momento y que señalan que para poder avalar la nueva investigación del gobierno necesitan revisar las nuevas pruebas.

Al exprocurador se le acusa de desaparición forzada, lo que de entrada dificulta conocer con detalle lo que pasó, la PGR atrajo la investigación diez días después de que ocurrió el cobarde asesinato, probar que Murillo desapareció a los estudiantes días después de haber tomado la investigación del caso será algo complejo, sería más sencillo revisar si Murillo integró de manera correcta el expediente de la investigación, o si cumplió con el debido proceso. Las acusaciones se basan dichos, en declaraciones de exfuncionarios, no hay documentos, no hay fotografías, no hay pruebas contundentes, si hay que castigar a funcionarios por hacer mal su trabajo que se haga, pero con un proceso judicial pulcro.

La justicia en este caso se pretende usar como arma política, ya el presidente declaró culpable a Murillo, dijo el presidente que Murillo “se auto incriminó con su verdad histórica”, pero se puede apegar “al criterio de oportunidad”, el régimen parece no perder la oportunidad de chantajear, de siempre ir más arriba en busca de la “verdad”.

El escuchar a Alejandro Encinas decir que no hay indicio de que los 43 se encuentran con vida es lamentable, porque esa no fue la promesa del grupo que hoy se encuentra en el poder, al grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y de “fue el Estado”, sacaron raja política del caso y lejos de que hoy haya mejorado la procuración e impartición de justicia en México, hoy se demuestra que la justicia sigue estando al servicio del más poderoso, un par de funcionarios detenidos no resolverán un problema más profundo en México, la impunidad y la ausencia de justicia en el país.