La cultura del narco y la sociedad

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

En México, los cárteles del crimen organizado causan violencia extrema, muerte y sometimiento de la sociedad, son una epidemia nacional que además de envenenar a los ciudadanos, producir dinero y negocios ilícitos, han tomado el control de pueblos, localidades, ciudades y se infiltran en el gobierno, el comercio y los sectores sociales; sin embargo la cultura del narco, está sembrada desde los años 70’s en la sociedad, por desgracia a nuestro país se le puede describir por su devoción a las prácticas de narcotraficantes, la violencia y la corrupción que reina en todo el territorio mexicano.

La detención del narcotraficante Ovidio Guzmán López, en el llamado «Culiacanazo», deja la puerta abierta a revalorar con congruencia social el verdadero papel de los capos en un país descontrolado por la violencia y el terror, sometido a grupos poderosos de intereses individuales que además de supuestamente hacer política, permiten que los cárteles en el territorio nacional tengan poder y sean protegidos hasta por autoridades locales y gobiernos de todo nivel.

La detención de Ovidio Guzmán, hijo del famoso narcotraficante «El Chapo” Guzmán, no debe ser catalogado como un asunto político, aunque lo pudiera ser, ni como un error de gobierno y mucho menos como una provocación a la actividad criminal de los integrantes de los cárteles; socialmente es un acto de congruencia y una necesidad imperante de combatir a los cárteles en todo el país, atacar el gran poder que ostentan y debilitar sus entornos de sometimiento a la sociedad civil y sus sectores productivos.

Como padres, hijos, hermanos y ciudadanos, es una responsabilidad combatir desde nuestras trincheras profesionales, sociales y familiares, la cultura del narco, oponernos enérgicamente a que sean vistos y tratados como héroes, idealizados como personas poderosas, sin capacidad de entender el daño que ocasionan en la sociedad, con su infiltración a actividades comerciales, sociales, gubernamentales y políticas. Vivimos y sufrimos terror, violencia extrema lo vemos todos los días en Jalisco, por ejemplo, la desaparición de personas en un tema doloroso y delicado, sabemos que gran parte de esta situación, es consecuencia de caárteles, secuestran, desaparecen y matan personas, porque su vida es de ilimitado dominio y se creen con derechos sobre la vida y libertad de las personas.

Que en México y Jalisco, se vea el narcotráfico como es, una realidad cruda de muerte y violencia, quienes nos arrebatan la paz social y la estabilidad de los entornos cotidianos, la negociación entre gobiernos, capos y cárteles, es sin duda, un reflejo social de que sufrimos un cáncer mortal que ya se siente hasta los huesos, nos pisa los pasos hasta en las cosas más cotidianas y simples.

Es obligación de los gobiernos y las autoridades combatir las actividades de los cárteles y hacer que el estado de derecho prevalezca en todas las entidades federativas, el crimen organizado no genera absolutamente nada bueno en ningún sentido, no son personas con empatía.

Renunciemos a percibir a los cárteles que habitan en territorio nacional, como normales, nunca será normal el derecho de piso que cobran en zonas comerciales, ni asistir a un restaurante quedando en medio de una balacera, ni que se secuestren y levanten personas; es sorprendente que pueblos mágicos turísticos, se encuentren tomados por crimen organizado, otros tantos poblados vigilados por hombres armados y se tenga que pedir permiso para transitar, territorios tomados y ciudadanos desplazados.

La verdad es que sí, vivimos y toleramos una sociedad extremadamente violenta; los tenemos en la colonia, habitando los cotos en que vivimos, son dueños de lugares a los que asistimos con nuestras familias, con el objeto de lavar dinero, por lo que es deber de nosotros como ciudadanos responsables, desactivar la idealización de la cultura del narco, también es obligación de todos los gobiernos, desarticular, detener y combatir a las cédulas delictivas que operan en territorio nacional y en su caso estatal, para cuidar la paz, la congruencia social y el estado de derecho, prevaleciendo por encima de las organizaciones criminales.