Lo que dejó el juicio de García Luna

Opinión, por Iván Arrazola //

En unos cuantos días se definirá el futuro de Genaro García Luna, director de la AFI con Vicente Fox y Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, como pocos funcionarios a García Luna le tocó observar como el crimen organizado expandía sus operaciones y formó parte del primer frente de batalla para tratar de combatir al crimen organizado.

En Estados Unidos, en una corte en Nueva York, se le está juzgando por cinco cargos: conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para importar cocaína, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones.

La pena que podría alcanzar García Luna en caso de ser encontrado culpable podría ir desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua, el juicio deja sobre la mesa otros temas además de la condena que podría alcanzar el funcionario.

Durante el juicio se explicó el proceder de las autoridades mexicanas, el poder que las instancias de seguridad federal que concentran en información y la forma en que se toman decisiones, todo esto en un ambiente de total opacidad. Muchos de los relatos de los testigos que declararon en contra de García Luna, hablan de los sobornos que recibió el funcionario y de los pactos entre altos funcionarios del gobierno y los líderes de los carteles.

La prueba más evidente del poder que han alcanzado estos grupos del crimen organizado es el número de homicidios que se han registrado en el país, los 120 mil de Calderón, los 157 mil de Peña Nieto y los más de 130 mil que van hasta el momento con López Obrador, hablan de la estela de muerte y de sufrimiento que han dejado estos grupos en México, de cómo han proliferado las organizaciones del crimen organizado, todo esto con la complicidad o la ineptitud de los cuerpos de seguridad para atender el problema de la inseguridad.

Uno de los aspectos más cuestionables del juicio es el papel de algunos de los testigos que declararon en contra de García Luna, Edgar Veytía, ex fiscal de Nayarit, es uno de los personajes más obscuros de la última administración priista que gobernó ese estado, detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas, declaró que recibió la instrucción del gobernador de proteger a uno de los grupos del crimen organizado a petición de García Luna.

El testigo declaró que asesinó a personas estando al frente de la seguridad de su estado, torturó e inclusive despojó a personas de sus bienes, abusando del poder que le confería el cargo de fiscal. Ese personaje actualmente enfrenta una condena de 20 años y con su declaración en el juicio de García Luna espera una reducción de su pena.

La justicia funciona de manera extraña en algunos casos; al exfuncionario le espera una reducción de su condenada después de colaborar en el juicio y seguramente una vida en libertad en Estados Unidos a pesar de las atrocidades cometidas en México.

Y como ese ejemplo, hay otros, en los cuales los testigos que han declarado en el juicio, son delincuentes confesos, que hoy viven en Estados Unidos en libertad o se les han reducido las penas por colaborar con la justicia estadunidense, mientras en México las autoridades son incapaces de poder hacer que esos testigos paguen por los crímenes que cometieron en el país.

Más cuestionable aún, es la actitud del gobierno mexicano sobre el juicio de García Luna, antes de que el jurado emita un fallo, para el presidente López Obrador y para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, García Luna es culpable y la prueba son los testimonios de delincuentes confesos, que lo único que ofrecen es su palabra y que en todos los casos buscan obtener algún tipo de beneficio legal.

El presidente mantiene el discurso que de que esa es la prueba fiel de la descomposición del régimen antes de que él llegará al poder, cuando el abogado defensor de García Luna preguntó a Reynaldo Zambada si había aportado dinero para la campaña electoral de 2006 del presidente López Obrador, el presidente reaccionó molestó mencionando que Zambada es más “derecho” que el abogado de García Luna.

Una realidad es que en este caso nadie se puede sentir libre de responsabilidad, ni los expresidentes Fox y Calderón que nombraron como colaborador cercano a García Luna, ni el presidente López Obrador, pero en el caso de este último busca hacer del juicio de García Luna un show, no busca llegar ni a la verdad ni hacer justicia, lo único que se busca es exhibir, sin que el problema de la violencia se haya resuelto. El número de muertes en el actual sexenio va en aumento sin que las políticas de abrazos no balazos ni los programas sociales hayan tenido un impacto significativo en la reducción de la violencia.

El juicio de García Luna dejará un sabor amargo con independencia de la absolución o culpabilidad del acusado, un país que día con día sigue llorando a sus muertos y desaparecidos, y con una clase gobernante cegada por su lucha por el poder que ante las evidencias prefiere voltear a otro lado o culpar a los demás.