El INAI causa incomodidad

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El Senado de la República da ejemplo de la obediencia política como mayoría del partido Morena le corresponde rendir al actual poder ejecutivo federal y al presidente de México; los contrapesos vs las mayorías legislativas causan daños, la desproporción de ambos pueden equilibrar sin proveer beneficios a la sociedad.

En la última sesión del senado y con la tribuna tomada por la oposición del partido Morena, se avanzó en la desarticulación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), manteniéndola en la inoperancia por la falta del nombramiento de los comisionados, tarea que le corresponde al senado, dejaron muy claro lo incómodo que ha resultado para el partido en el poder, el acceso a la información pública y el derecho a saber que tiene la sociedad.

Es complicado analizar qué los años de lucha civil de diversos sectores de la sociedad mexicana por el derecho a saber, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, son una molestia en un país tan corrupto como el nuestro y al instante es objeto de un duro ataque político sin argumento válido y en consecuencia traerá un retroceso democrático, sometidos a un legislativo de encargo y servil a los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además y sin lugar a dudas violando la carta magna y los derechos humanos, en este intento de desvanecer otro órgano autónomo constitucional como lo es el INAI, este gobierno federal deja firme evidencia de que todos los órganos autónomos constitucionales le estorban y dificultan no solo su estilo de gobernanza, sino el próximo proceso electoral del 2024, pareciera que hacen limpieza perseverante de los obstáculos que advierten en el camino de conservar el poder federal.

En este sentido, las situaciones de agrupamiento legislativo que mostró el Senado con un claro objetivo común, ejercer la mayoría partidista y alcanzar el encargo de paralizar el ejercicio del derecho a la información pública, manteniendo en la inoperancia y así abonar a la desaparición de los órganos que garantizan derechos y que tienen su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un ejemplo de la política a modo y del uso de las mayorías en el poder legislativo, utilizadas para eludir tan importante tarea de ser contrapeso producto de la división de poderes en la nación.

Es un mal augurio para las próximas elecciones del 2024 que de manera sistematizada, los grupos de poder del partido morenista manejen un doble discurso de acercamiento a la sociedad y la realidad sea obstaculizar a los órganos constitucionales autónomos, producto de luchas sociales para democratizar al país.

Hoy estorban las comisiones de derechos humanos, el INE, el INAI y por consecuencia los nuevos y novedosos sistemas anticorrupción, problematizan concentrar el poder público y son factores de peligro importantísimos para que las oposiciones se agrupen logrando exhibir actos de opacidad, control electoral, violación de derechos humanos y corrupción en tiempos de campaña que perjudicarían excesivamente la imagen pública y política de candidatos a gobernar, en consecuencia lo que importa es desacreditarlas o tomarlas para que no estorben en la carrera presidencial del 2024.

En este sentido y como sociedad debemos recordar qué para ejercer nuestros derechos humanos y civiles, contamos con grandes instituciones que nacieron de las necesidades y se formaron de una auténtica exigencia social, son históricas y proporcionadas con los escenarios sociales que vive el país, útiles equilibrios que mantiene moderaciones entre los gobiernos y la sociedad, su labor es garantizar, defender y difundir en contra de los grandes males de México, el autoritarismo, la simulación, la opacidad y la corrupción.

Qué no se inutilice el derecho a ejercer el voto de manera libre y respaldada por un instituto de organización electoral democrática, ni el poder solicitar información pública en el INAI o el órgano garante local, que las políticas públicas sugeridas y acordadas por los sistemas anticorrupción mantengan su misión y objetivo que es el combate a la corrupción y que la violación de un derecho humano sea sancionado y emitida una recomendación pública por las Comisiones de Derechos Humanos, la realidad es que todas las anteriores representan riegos para los gobiernos que buscan dominio absoluto y continuidad en el poder público, sin cuestionamientos.