Las iniciativas de la 4T

Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

Un hecho sorprendente resultó el que la semana pasada, en el Congreso de la Unión se aprobaron a marchas forzadas casi una veintena de leyes importantes para el proyecto del presidente López Obrador, incluyendo las desapariciones del INSABI y Financiera Rural, la militarización del espacio aéreo, un ingreso extra para la Secretaría de la Defensa, entre algunas otras reformas.

La iniciativa que más llama la atención es la que desaparece al Instituto Nacional de la Salud del Bienestar (INSABI) para que sus funciones sean absorbidas por el IMSS. La desaparición de una institución de reciente creación es claramente un fracaso, es la muestra de un proyecto improvisado que nunca se consolidó. El INSABI costó en 2022, alrededor de cien mil millones de pesos. Para poner en contexto esto es el equivalente al presupuesto anual de un estado como Puebla.

Cabe mencionar que el Seguro Social es una institución que recibe aportaciones del gobierno, pero que, en su mayoría, los inversores son los trabajadores y patrones, no atiende a la misma población ni se mantiene con los mismos recursos que el INSABI, el servicio que presta el IMSS ya es insuficiente, el recibir de golpe a millones de nuevos usuarios afectará a los trabajadores que mes a mes pagan sus aportaciones.

Otra institución que desaparece es Financiera Rural, un organismo encargado de impulsar el desarrollo del campo y que quedó corto en su misión; la mala administración a través de los años provocó que tuviera una cartera vencida que asciende a más de 26 mil 700 millones de pesos.

También se aprobó eliminar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y crear el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcti), dicho organismo actuará como entidad asesora del Ejecutivo. El tiempo dirá si el cambio es positivo para el desarrollo tecnológico de nuestro país, esperemos que así sea.

Destacan las iniciativas de militarización, pues mientras a unos se les quita, al ejército se le sigue aumentando el presupuesto y las responsabilidades. Se aprobó una reforma que reorienta la mayor parte de los recursos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a una empresa paraestatal que está a cargo del ejército.

Al inicio de este gobierno el presupuesto de la Secretaría de Defensa aumentó de forma importante y ha ido creciendo paulatinamente. En 2022 recibió alrededor de 100 mil millones de pesos; para el 2023 se aprobó un incremento de casi 13 mil millones más, además, tan solo con las obras públicas encargadas en la actual administración, el ejército maneja presupuestos equivalentes a todas las becas y apoyos sociales entregados en el país.

También se avaló la propuesta para que las Fuerzas Armadas establezcan acciones para garantizar que las operaciones aéreas en el territorio nacional no se realicen con fines ilícitos o atenten contra la seguridad nacional; en otras palabras, el ejército controlará el espacio aéreo del país.

Junto a las anteriores iniciativas, también se aprobaron otras que aumentan penas contra “monta deudas”, benefician a empresas paraestatales, cambian la edad para ocupar cargos de elección popular y una más que propone que los inmuebles de la nación sean vendidos a mayor precio.

Mientras estas propuestas fueron tratadas como algo urgente por ser de “interés y seguridad nacional” aquella que ya fue avalada en comisiones y que plantea reducir jornada laboral a cinco días por semana fue congelada hasta septiembre argumentando falta de tiempo. ¿Ilógico?, evidentemente.

Los representantes de la fracción mayoritaria en el congreso actuaron como lo haría cualquier movimiento totalitario. Sus intereses o los de sus líderes presentados como iniciativas en el Congreso y son votados sin el menor estudio previo, sin consenso, sin pensar en el futuro a largo plazo; ese es el costo de tener una democracia con pocos contrapesos y contar una oposición que a veces actúa buscando únicamente su rentabilidad política y que otras veces simplemente es mayoriteada.

Las iniciativas aprobadas tienen sus claroscuros, sin embargo, avalar cambios fast track en las leyes deja un mal augurio, la falta de transparencia y de consenso son en detrimento del ciudadano de a pie y beneficia solo a algunos cuantos. Al final, la improvisación e ineficacia cuestan y cuestan caro.