La independencia total de la Suprema Corte de Justicia

EL RESOLUTIVO de nueve ministras y ministros de la corte de un total de once integrantes del Poder Judicial Federal, echando abajo la primera parte del “Plan B” electoral del Presidente López Obrador, pone sobre la mesa la realidad del escenario que vive ahora México: tenemos un titular del Poder Ejecutivo Federal que ha violado reiteradamente su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y con el brazo extendido, culmina el acto de rendición de protesta al asumir el cargo: “… Y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande” (Artículo 87 de nuestra Carta Magna).

Perversamente, palacio nacional emitió la consigna de repetir a sus seguidores que esta sentencia sustituye la “voluntad popular”, representada en la Cámara de los Diputados y en el Senado.

Es la misma Constitución la que establece como una de las facultades más trascendentales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dirimir controversias constitucionales. Es el Poder garante de la estricta interpretación de la Ley de Leyes.

Además, en esta “cuarta transformación”, cuando MORENA en el Congreso de la Unión aprueba “fast-track” las iniciativas presidenciales “sin quitarle una coma”, la seria sospecha de que las iniciativas conllevan inconsistencias fuera del marco jurídico que ordena la Carta Magna, merece un estudio profundo de quien está facultado para hacerlo.

En varios países del mundo, el mentir, el violar el juramento de cumplir y hacer cumplir la Ley Suprema, es motivo no sólo de renuncias al cargo, sino de enjuiciamiento con pena de cárcel.

Con nuestros vecinos del norte, en los Estados Unidos, el “perjurio” es un delito grave y se aplica a políticos y gobernantes. Uno de los casos más sonados fue el del Presidente Richard M. Nixon, que se vio obligado a dimitir luego de confirmarse que había mentido desde la captación de fondos para su campaña política. El diario “The Washington Post” y sus reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein, se encargaron de documentar el caso que llamaron “Watergate”.

Pero en México, la integración del Estado Mexicano en sus tres poderes, encierra uno de los elementos más “eficaces” para institucionalizar la corrupción, sobre todo, la impunidad de los presidentes y otros gobernantes.

Dicho elemento se encuentra entre los requisitos para perfeccionar las designaciones de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siendo éste último uno de los tres poderes del Estado Mexicano, ¿por qué el nombramiento de sus integrantes depende de la voluntad del Presidente de la República y de los integrantes del Congreso de la Unión? ¿Qué acaso el Presidente, diputados y senadores llegan a ocupar sus curules y escaños, luego de recibir el VoBo de la Suprema Corte?

El Poder Judicial Federal debe afianzar su autonomía de los demás poderes de la Unión, estableciendo sus propios procedimientos, sin que estos surjan de la voluntad de palacio nacional y de las cámaras en el Congreso.

Igual, el Presidente debería ser juzgado ante posibles delitos derivados de su función, por un tribunal del Poder Judicial Federal y no depender para ello de la apertura de un juicio político luego de una votación mayoritaria en el Poder Legislativo.

En esto último está el origen de la impunidad. Una maquinaria aplastante como MORENA en la Cámara de los Diputados y en el Senado, jamás procedería contra violaciones a la Constitución del Presidente de la República.

Por eso, el Presidente López Obrador se da el lujo de mentir cotidianamente, así como cometer violaciones a la Constitución, en una clara violación a su juramento al momento de tomar posesión del cargo.

Lo que realmente requiere el país para hacer mucho más grande a la nación y consolidar la Democracia, es perfeccionar el equilibrio de poderes, llevando a cabo una reforma constitucional que establezca en definitiva la independencia total, desde la raíz, de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que diputados y senadores dejen de cobijar impunemente a su jefe en palacio nacional, para que sea juzgado como cualquier mexicano, por un tribunal constitucionalmente establecido e integrado al Poder Judicial Federal, como ocurre con cualquier mexicana o mexicano.

¿Acaso existen dudas de que López Obrador ha mentido impunemente? ¿Y se le puede juzgar por ello? ¿Cómo, si tiene la protección de su partido mayoritario en el Congreso de la Unión?

Por lo demás, nos quitamos el sombrero ante la actitud asumida por la mayoría de ministras y ministros de la Corte. Nos recordaron que en México continúa aplicándose la independencia de poderes y que sigue vigente una Democracia en México, bajo la seria amenaza de un Presidente que todos los días despierta penando cómo seguir construyendo el camino rumbo a una dictadura.