«Venga del Poder Judicial o del Ejecutivo, un golpe de Estado técnico es un fraude a la Constitución»: Javier Hurtado

Por Mario Ávila //

El Partido Acción Nacional (PAN) lo propuso, luego se arrepintieron, bajaron el punto de acuerdo y hasta la desaparecieron de la Gaceta del Senado, pero ahí quedó el rastro de la intentona de un “golpe de Estado”, mediante la propuesta del senador Julen Rementería del Puerto, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, por la que exhortaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para destituir al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por desacato judicial.

El punto de acuerdo hablaba no solo de la destitución de su encargo y castigar penalmente a López Obrador, por abuso de autoridad, según la iniciativa, lo mismo se aplicaría en contra de del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

El hecho ocurrió en la sesión de la Comisión Permanente del pasado 24 de mayo, pero de inmediato se corrigió el hecho y se culpó del “error” al personal de apoyo de la fracción del PAN.  El vocero del grupo parlamentario del PAN, Sergio Ramírez, aclaró que por un error del personal de apoyo fue enlistado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, un punto de acuerdo en ese sentido, sin el aval del coordinador Rementería, y por ello, cuando se detectó, éste ordenó que lo bajaran, ya que él no tenía conocimiento del mismo y tampoco iba a proponer nada en ese sentido.

Incluso para lavar el supuesto “error”, el grupo panista distribuyó una copia del oficio dirigido al presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, en la que el secretario técnico de la bancada blanquiazul, Juan Pablo Adame Alemán, le pide al morenista retirar de la orden del 24 de mayo y de todos los registros.

Por su parte el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador contestó a los panistas sobre su propuesta y en su conferencia de todos los días en Palacio Nacional, López Obrador dijo que no le preocupa el punto de acuerdo que se presentó en el Senado mexicano, porque argumentó que ya conoce a sus adversarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional, así como a la Suprema Corte del país.

Además, López Obrador comparó este intento con lo ocurrido en el año 2005 cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando intentaron desaforarlo por órdenes del entonces presidente panista Vicente Fox Quesada, al no cumplir una sentencia de la SCJN.

“Es como la declaración de non grato (en Perú); no me preocupa, ya los he enfrentado, el desafuero fue eso, se pusieron de acuerdo, se me acollaron el PRI, el PAN, Fox y la Suprema Corte, los enfrenté a todos ellos, ¿quién creen ustedes que me sacó a flote? el pueblo, que es mucha pieza, tuvieron que dar marcha atrás, los conozco muy bien”, expresó.

 JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA O POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Pero el hecho ahí quedó registrado y fue analizado para los lectores del semanario Conciencia Pública, por el constitucionalista Javier Hurtado González, ex presidente del Colegio de Jalisco, quien de entrada se refirió así de los autores de la iniciativa: “Son unos irresponsables los panistas, porque si hacen eso, incendian al país, definitivamente, porque entonces sí van a conocer a los ‘chairos’, porque como decía López Obrador, ´que no suelten al tigre’. Ese fue un acto de extrema irresponsabilidad política”.

Se trata, según dijo el académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, de una modalidad distinta a los golpes de Estado a los que habíamos estado acostumbrados en la década de los años 70 y 80 en América Latina, que eran estrictamente con el uso de las fuerzas armadas. También es diferente a los que se han registrado en los últimos años en donde se viven dilemas que enfrentan a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Ahora -dijo-, tenemos otra modalidad de golpe de estado, que yo creo que el presidente López Obrador tiene razón de que esté existiendo en México, es una realidad y se está dando mediante una confrontación ya no entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino entre el Ejecutivo y el Judicial, lo que el mandatario mexicano le ha dado en llamar, un golpe de estado técnico o bien podría llamarse un golpe de estado jurisdiccional, es decir derivado de la politización de la justicia, o bien de la judicialización de la política.

Explicó el politólogo Javier Hurtado que este tipo de confrontaciones Ejecutivo vs Judicial, son nuevas, “se trata de que la Corte a través de diversos instrumentos a su alcance, tanto en las leyes o en la Constitución, trata de frenar o paralizar al presidente o de plano hasta destituirlo”.

Por ejemplo -detalló-, en sistemas parlamentarios yo registro el caso de Hungría en donde se dio también un diferendo entre el Ejecutivo y el Judicial. Y en el caso de América Latina en estos momentos se está viviendo eso en otros dos países, es decir tenemos en estos momentos tres golpes de estado, en Colombia y lo que está ocurriendo en el Salvador, en donde el día 1 de mayo el presidente Nayib Bukele, que por cierto tiene una aprobación del 92% convertido en un fenómeno a nivel mundial y con una mayoría sobradísima en el Congreso, destituyó a todos los magistrados del Tribunal Constitucional del Poder Judicial y los acusó de haberle estado obstruyendo el gobierno durante la pandemia, que lo sujetaron de las manos para no enfrentar la pandemia como él hubiera querido y entonces se la cobró en esta nueva elección donde el pueblo le dio amplia mayoría y los destituyó. Y no solamente a los miembros del tribunal, sino que agarró parejo hasta con el Fiscal y los mandó a su casa.

Y a parte de ese, está viviéndose la situación en Colombia -abundó-, donde el presidente Petro atraviesa por una situación que tiende a agravarse porque el poder Judicial le ha anulado triunfos electorales de sus congresistas para quitarle la muy apretada mayoría que tenía en el Legislativo y aparte le destituyó al presidente del Senado al acusarlo de tener doble militancia partidaria, como que si eso fuera causal para ganarse la destitución. Ahí el presidente Petro ha estado diciendo que eso es un golpe de estado técnico, que le quieren modificar la correlación de fuerzas y el proceso está en curso.

Aquí en México -expuso Javier Hurtado-, el presidente de la República vio las decisiones de la Corte como un golpe de estado técnico, el que se hayan otorgado amparos otorgándole suspensiones a los quejosos con relación a las obras del Tren Maya. Pero también si bien el golpe de estado técnico puede considerarse de esta manera, como que el Judicial puede recurrir a argucias legales constitucionales, para obstaculizar, modificar la correlación de fuerzas o hasta quiera llegar a querer destituir al Ejecutivo, como ya lo propuso el PAN.

Y sentenció el politólogo Hurtado González: “Un golpe de Estado técnico, es un fraude a la Constitución, ya sea que lo haga el Poder Judicial o el Ejecutivo. Lo que se está viendo hoy es que en México tenemos esta situación de ida y vuelta, el Ejecutivo manda sus iniciativas de ley anticonstitucionales para ganar tiempo y la Corte le paraliza las obras. Estamos en una situación complicada”.

SÍ AL JUICIO POLÍTICO Y LA ELECCIÓN POR VOTO DE LOS MINISTROS

A manera de conclusión, Javier Hurtado expuso que el Ejecutivo tiene dos caminos para poder ponerle un freno al poder Judicial y a la SCJN, uno es a través del juicio político. “Los pueden destituir y desde cuando deberían haberlos destituido por estar violando la Constitución con el sueldo, esa es una violación abierta, descarada e impune, pero para que prospere tiene que tener dos terceras partes de la Cámara de Diputados; incluso Ricardo Monreal ya sacó la amenaza, pero no van lograr la mayoría requerida”.

Y la otra sería insistir en la elección de los ministros mediante el voto popular. «Esto puede ayudar a que tengas unos mejores ministros, pero no significa que vas a resolver el problema de la impartición de justicia en México, porque esa es multifactorial, y así solo estaríamos atacando el tema del máximo tribunal donde se interpreta la aplicación de las leyes».

«Pero en la procuración de justicia ahí está en primer lugar el Ministerio Público que necesita ser reformado, definitivamente, no podemos continuar así. También entran en luego las policías y las fuerzas armadas. No vamos a resolver el problema de justicia y de impunidad, solo cambiando la elección de los ministros de la corte, por supuesto que no. Pero yo sí soy de esa idea, de que por voto popular se podrían lograr mejores perfiles en la corte de los que actualmente tenemos».