¿Y cuándo la autonomía en el Poder Judicial?

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Nueva reforma constitucional que garantiza el 2% del presupuesto de egresos que reciba el Estado, será para tres de las instituciones que conforman el Poder Judicial: el Supremo Tribunal Justicia del Estado de Jalisco, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.

El Poder Ejecutivo firmó la promulgación del decreto que garantiza al Poder Judicial del Estado para recibir un amplio presupuesto no menor al 2% de los egresos que se otorguen en cada ejercicio fiscal a nuestro Estado, lo que sin duda implica un ancho margen presupuestal que debe permitir cubrir las evidentes necesidades, actualizaciones y rezago de la impartición de justicia en Jalisco a partir del 2024.

En este sentido y a pesar de las oposiciones que juran que este importante paso a una efectiva autonomía en uno de los tres poderes que conforman el Estado, será utilizado para sueldos estratosféricos y lujos del Poder Judicial, cabe hacer mención que eso siempre será un riesgo y depende que quiénes administren o encabecen el Poder Judicial en Jalisco.

Para eso contamos con diversos organismos autónomos que se han creado y forjado en las últimas dos décadas, cuya labor es que la sociedad sea partícipe del uso de los recursos públicos que se utilizan para el funcionamiento y obligaciones de los poderes constitucionales, además sabemos hacer uso de nuestro derecho fundamental de acceso a la información pública para conocer e informarnos del ¿cómo? ¿cuándo?, y ¿dónde? se aplica el recurso público en todas las dependencias del Poder Judicial, después del siguiente ejercicio fiscal en que ya aplicará este gran presupuesto; la información pública es útil para conocer el desempeño de los gobiernos, su organización interna y el manejo de recursos públicos.

Las necesidades actuales de presupuesto son indiscutibles y visibles, tenemos juzgados foráneos en pésimas condiciones, donde es evidente la falta de presupuesto y los pésimos entornos de uso para los usuarios son deprimentes, además de que el personal de esos juzgados labora en instalaciones disfuncionales, en el que una secretaria de acuerdos está instalada en un cuarto de casa habitación de menos de 3 x 3 metros y tiene hasta cuatro escritorios pegados unos a otros, instalaciones en casonas sin mantenimiento, lugares no aptos para la atención de usuarios, sin entradas y desplazamiento para personas con discapacidad o adultos mayores con dificultad en sus traslados, lugares que no son ni para laborar ni para dar atención a las personas que asisten a los juzgados, situaciones obvias que tendrían que cambiar con ese tamaño de presupuesto sin pretexto alguno, incluyendo los salarios de los actuarios y secretarios.

Además, es muy importante mencionar el trato que deben tener los archivos y su correcto resguardo, no existen condiciones elementales para el tratamiento de archivos de expediente que por falta de presupuesto en juzgados foráneos y locales, se asume no son tratados de la manera considerada y están expuestos a circunstancias variables para su deterioro o pérdida.

En este contexto, existe un tema importantísimo para Jalisco, la entrada en vigor de la reforma en materia civil y familiar, corresponderá ser un hecho con esta dimensión de presupuestaria para poder estar de los primeros Estado que se incorpore a la reforma y entre en vigor sus beneficios para Jalisco, eran necesarios recursos suficientes, ya que como en la última reforma laboral, se requiere convertir a la oralidad y las nuevas tecnologías la impartición de justicia civil y familiar, por lo que no existirán excusas para que el Poder Judicial en Jalisco, arranque con la implementación de la nueva justicia civil y familiar, ya que estará bajo un presupuesto amplio que no dependerá de su aprobación política y legislativa según sus necesidades generales.

En conclusión, independientemente de que el nuevo presupuesto que llegará en el 2024 al Poder Judicial, sea o no un tema político o electoral, se venda la idea de que se destraba el amague histórico por la aprobación de presupuesto que se generaba entre los poderes constitucionales; este gran presupuesto que se recibirá para optimizar, modernizar, capacitar y cubrir las necesidades de la impartición de justicia en Jalisco, corresponde ser observado por la sociedad con todas las herramientas de participación ciudadana que tenemos desde los organismos autónomos, colegios de abogados, organizaciones y asociaciones civiles, usuarios y litigantes para que se ejerza en favor de la sociedad con transparencia y responsabilidad, evitando sea usado para aumentar salarios ridículos a sus magistrados, jueces o altos mandos, lo que abona aumentar es la calidad de los servicios públicos jurisdiccionales, la capacitación de su personal en materia de derechos humanos y cultura anticorrupción, los filtros para otorgar magistraturas y juzgados a personas no idóneas para impartir justicia, en general se tiene la oportunidad de pasar de un extremo a otro en las condiciones generales del Poder Judicial en Jalisco pero siempre en defensa de la sociedad y la justicia.