Las fiscalías en México: Entre la subordinación y la insurrección

Opinión, por Iván Arrazola //

Hay un problema con el funcionamiento de las fiscalías en los estados, ese problema tiene que ver con un diseño institucional, las fiscalías, que son los órganos encargados de investigar y perseguir delitos, y de reunir las pruebas para demostrar la culpabilidad de una persona, se encuentran bajo el acecho de los poderes locales en México.

Estos órganos que deberían de servir como instancias encargadas de investigar y hacer valer la justicia en el país, en realidad se encuentran al servicio de la clase política.

A partir de las reformas que se hicieron en el 2008 al sistema judicial, se buscó hacer de estos organismos, instancias independientes que no estuvieran al servicio de los gobernantes, su actuación tendría que ser completamente imparcial, libre de presiones políticas y siempre buscando que se haga justicia. Por eso se hicieron modificaciones para que el periodo del fiscal durara más allá del periodo del gobernador en turno, también se pensó en que fuera el Congreso el que nombrara al fiscal para evitar una relación de complicidad entre fiscal y gobernador.

Pues bien, ese diseño parece que poco ha ayudado, en muchos lugares, estas instituciones ejercen abiertamente una actitud sumisa y complaciente con el poder político, como sucede con la FGR. Atrás quedaron las diferentes protestas cuando Peña Nieto intentó designar en el cargo a una persona cercana a su partido como fiscal. El primer fiscal de la historia nombrado por López Obrador, no pasará a la historia por ser el más imparcial.

En días pasados el presidente relataba cómo reunió a Alejandro Gertz, fiscal general de la República y al propio Arturo Zaldívar, para que ejercieran acción penal en contra de Jesús Murillo Karam, lejos de la independencia que deberían mostrar los dos personajes. El relato muestra como en México hay cosas que no cambian, entre ellas la sumisión de la instancia encargada de procurar justicia, y que al menos una parte del poder encargado de impartir justicia también muestra una actitud sumisa ante el poder político.

Esto ha ocurrido en Morelos, donde el fiscal Uriel Carmona ha sido objeto de una persecución judicial no solo por parte del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, una de sus principales enemigas es la candidata Claudia Sheinbaum, que buscó por todos los medios encarcelar al fiscal de Morelos por el caso de la joven Ariadna López, por las diferencias entre las fiscalías de la Ciudad de México y Morelos por las causas que ocasionaron la muerte de la joven. El fiscal pudo defenderse legalmente y continuar en el cargo, la candidata morenista ha señalado que buscará que su partido gane la mayoría calificada en el Congreso para destituir al fiscal.

También ocurrió en Veracruz, donde el ex fiscal Jorge Winckler fue perseguido por el gobernador morenista Cuitláhuac García, hasta que consiguió su destitución, Winckler fue una pieza clave en la investigación en contra de Javier Duarte por el desvío de recursos públicos, para García el funcionario resultaba incomodo, por lo que utilizó todos los recursos a su alcance para removerlo.

Pero no solo ocurre en estados gobernados por Morena, en Nuevo León el gobernador Samuel García de Movimiento Ciudadano, ha llamado “capo” y “patán” al fiscal Pedro Arce y ha solicitado al Congreso del Estado la destitución del funcionario para poder mejorar la “seguridad” en la entidad. Como se puede apreciar, el patrón que aplica es el mismo para poder justificar o explicar actos de inseguridad se recurre a las mismas estrategias, señalar a estos funcionarios por los problemas de inseguridad que hay en los distintos estados.

En días recientes, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se unió a la lista de gobernadores que ha solicitado la remoción del fiscal, la gobernadora cuestionada por el clima de inseguridad que azota al estado de Guerrero decidió prescindir del Secretario de Gobierno, del Secretario de Seguridad y de la fiscal Sandra Valdovinos, mientras los primeros dos presentaron su renuncia, la fiscal se negó a dejar el cargo y señaló que es el Congreso el que debe de resolver si considera su separación del cargo.

La situación en el estado de Guerrero se encuentra fuera de control, a tal grado que los pactos entre el crimen organizado y la Iglesia parecen tener un efecto más eficaz que cualquier acción gubernamental. La remoción de los funcionarios parece más una medida desesperada de la gobernadora.

Lejos de que la destitución de fiscales ayude a terminar con los problemas de seguridad, los fiscales sirven como chivos expiatorios para justificar la ineficiencia de los gobernantes o se convierten en enemigos declarados cuando no responden a los deseos de éstos. No se hace un análisis profundo de las condiciones en las que operan estas dependencias, la mayoría de las fiscalías del país no cuentan con el personal suficiente para atender todas las denuncias que se presentan, en otros casos es el nivel de saturación de trabajo que presentan los ministerios públicos lo que les hace imposible realizar trabajo de investigación y reunir las pruebas para demostrar la culpabilidad de una persona, pero la clase política solo piensa en una cosa la sumisión o la venganza.