Guerra política-jurídica por gubernatura de Jalisco

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La política se asemeja mucho al beisbol, ya que nunca está exenta de sorpresas. Jalisco es un estado sumamente apetecible por lo que representa desde lo político, electoral y económico. En el próximo sexenio el presupuesto que se manejará cerca de 800 mil millones de pesos.

Y en ese contexto es entendible la lucha que se está registrando actualmente sobre validar o anular la elección del pasado 2 de junio que de acuerdo al cómputo del IEPCJ y revisión del Tribunal Electoral de Jalisco, ganó Pablo Lemus.

Sin embargo, Morena y su candidata a gobernadora Claudia Delgadillo no se dan por vencidos y pelean férreamente para que la elección se anule y se convoque de nuevo a comicios, por lo que han acudido a la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal, con el argumento de que tanto el IEPCJ, como el Tribunal Electoral Local están al servicio del gobernador Enrique Alfaro y hubo una elección de Estado.

Esta confrontación hay que verla desde dos pistas: la jurídica y la política.

En la jurídica, pienso que le tiene ganada Pablo Lemus y Movimiento Ciudadano al lograr librar la aduana del Tribunal Electoral Local, como bien lo explica en esta edición el abogado Rubén Ortega Montes, quien rebate los principales argumentos que ha esgrimido la coalición para que sea anulada la elección basada en varios puntos y refiero los principales:

El punto número uno es que el Tribunal Electoral Federal no se va a meter a revisar el conteo de votos, si el IEPCJ hizo bien o hizo mal. Se va a ajustar a revisar si el Tribunal Electoral Local actuó de acuerdo a derecho e hizo correctamente su tarea.

La coalición “Juntos hacemos historia” asegura que los magistrados locales actuaron con falta de profesionalismo y parcialidad, atendiendo el interés del gobierno emecista de Jalisco.

Pero no basta decirlo, hay que aportar pruebas y elementos que permitan convencer a los magistrados federales que la revisión que hicieron a la impugnación los magistrados locales, actuaron al margen de la ley, ignorando los argumentos que presentó la parte que impugna.

La Coalición afirma que “El fraude lo cometió el Gobierno del Estado en complicidad con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, fue con el nombramiento de funcionarios públicos estatales en los consejos distritales y municipales. El programa de resultados electorales preliminares, PREP, no funcionó y ocultaron información en perjuicio de la transparencia”, además que se perdió la cadena de custodia.

El punto es que estas acusaciones no tienen el peso jurídico que le de sustento para que se pueda anular una elección, como lo reclaman:

1. En la pérdida de la cadena de custodia, Morena apunta que fueron cientos de paquetes los extraviados o que no resultaron contabilizados, sin embargo, son más de 10 mil los que forman parte de la elección y no son poco más de 50 paquetes los acreditados en esas condiciones, que es menos del 1 por ciento.
2. Morena asegura que desaparecieron una cantidad significativa de votos de la elección de gobernador haciendo una comparación con el cómputo de la elección presidencial, aunque son elecciones paralelas en la federal se instalaron casillas especiales, así como la contabilización de los votos de los mexicanos en el extranjero y cada elección arroja naturalmente cantidades diferentes.
3. Morena insiste, para anular la elección, la violencia política de género en contra de la candidata de la coalición que se registró en dos de los debates entre candidaturas en los que, su candidata acusó haber sufrido expresiones que la discriminaban y disminuían en sus derechos electorales por razón de género. Sin embargo, la autoridad electoral federal desechó esas acusaciones.
4. Otro argumento que presenta la coalición como causal para anular la elección es que Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) operado por el IEPCJ lo hizo mal y que eso le resta certeza al resultado electoral.

Lo cierto es que los resultados emitidos en el PREP son preliminares tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto, no tienen efectos jurídicos.

5. La coalición demanda se proceda al recuento total de la elección, lo cual desechó el Tribunal Electoral Local, pero en ninguna parte de su escrito expuso las razones por las cuales deberían realizarse recuentos parciales y menos aún por qué procedería un recuento total de votos. Como señala Rubén Ortega, la autoridad electoral no puede ordenar ningún recuento que no estuviera apegado a las causas que establece la ley, toda vez que los votos fueron debidamente contados por los ciudadanos y el recuento de los votos solo se justifica en los casos en los que la legislación consideró que derivado de la estrecha diferencia es necesario realizar este recuento total, pues es factible que el resultado pueda cambiar, lo que no se contempla cuando la diferencia de votos es tan significativa como en este caso.
6. Además de todos estos argumentos es importante señalar que la diferencia del candidato ganador Pablo Lemus sobre Claudia Delgadillo, candidata a gobernadora de la coalición, es de 186,765 votos y representa a un 5.08% de la votación valida y de acuerdo al sistema de nulidades de una elección establecidos en el artículo 41 Constitucional, no procede la anulación ya que se establece que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5 %.

Esta es mi apreciación, considerando la argumentación técnica del jurista Rubén Ortega Montes. Habrá que ver el criterio y la interpretación que apliquen los magistrados federales o si se da el factor político sobre el jurídico, que podría cambiar el resultado.

Seguramente después del mes de octubre, los magistrados federales darán a conocer su veredicto.