Pelea y conflicto

Opinión, por Miguel Anaya //

Una pelea es un enfrentamiento entre dos o más personas, grupos de individuos, corporaciones u otra clase de entidades. Las peleas pueden ser físicas, verbales o incluso simbólicas, según sea el caso; por su parte, el conflicto se define como el conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes: esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce una pelea o una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra.

En la democracia, el conflicto es parte del día a día, pues al caber casi todas las opiniones nos daremos cuenta de que siempre habrá diferentes posturas sobre el mismo tema, aquí es donde resalta la importancia de la política, pues ante la existencia de conflictos se deben encontrar puntos de convergencia, de acuerdo entre las distintas posturas. No todos los conflictos terminan en pelea, sin embargo, todas las peleas provienen de una mala gestión del conflicto.

Durante los últimos días, a la agitada agenda nacional se ha agregado un tema que ha generado una serie de conflictos y que, de manera impensada, ha desestabilizado la entrega del poder de un sistema que será dirigido por personajes provenientes de la misma corriente política. La Reforma Judicial ha generado conflicto entre la población y la mala gestión del proceso de aprobación ha desatado una pelea que hoy se ve en las calles, en las escuelas y que ha traspasado las fronteras del país.

La Reforma Judicial que plantea la elección por voto popular de jueces y magistrados ha sido altamente cuestionada ya que rompe el esquema de buscar juzgadores que cumplan una carrera dentro del Poder Judicial, -con la respectiva experiencia que esto conlleva- y además, compromete la independencia del Poder Judicial, ya que desde el proceso de validación de candidaturas hasta el patrocinio de campañas conlleva a adoptar acuerdos que seguramente complicará la autonomía e imparcialidad de quienes imparten justicia.

La propuesta de votar a jueces se ha hecho -según los impulsores de la idea- para dar más poder al pueblo, pues en un real ejercicio de la democracia, los ciudadanos deberían poder elegir a los representantes de los tres Poderes de la Unión, sin embargo, nadie ha explicado cómo es que mandar a elección popular los nombramientos de jueces y magistrados podría reducir los casos de corrupción y nepotismo que existen dentro del Poder Judicial.

Los promotores de esta reforma no han entendido -o si lo entienden sería aún más preocupante- que insistir con la reforma tal cual está planteada dejará un país incendiado a la próxima presidenta del país, pues el poner en duda la independencia del Poder Judicial ha ahuyentado a inversores internacionales, ha despertado a los estudiantes de humanidades que estaban muy tranquilos y ha preocupado a un sector importante de las clases medias que han pasado de la resignación a la idea de tomar las calles buscando defender el Estado de Derecho.

México es un país con un alto índice de impunidad, es una afirmación obvia y una realidad evidente, sin embargo, esta generalmente comienza por algunos malos policías que no hacen el trabajo o por aquellas fiscalías o ministerios públicos que por falta de capacidad o por omisión integran mal casos y expedientes, abriendo la puerta a delincuentes; las policías y las fiscalías dependen del Ejecutivo y afortunadamente nadie ha propuesto la elección popular de fiscales o de policías, y que sería un grave error.

En el Poder Judicial también hay casos de omisión y corrupción, pero si el sistema está mal hay que mejorarlo, no terminar de dañarlo.

En fin, el trabajo de la actual legislatura y de la próxima presidenta será el de consensar esta reforma y las siguientes, el de dar un buen mensaje de unidad nacional y de estabilidad para cuidar las relaciones internacionales y con ello la economía del país. El gran reto es evitar que el conflicto se convierta en pelea y para eso se necesita mucho diálogo y mucha, muchísima política.