La condena de García Luna

Opinión, por Iván Arrazola //

Con la sentencia del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, se cierra uno de los episodios más polémicos de la historia reciente de nuestro país. Condenado a 38 años de prisión, el exfuncionario pasará el resto de su vida en la cárcel. Al dictar la sentencia, el juez Cogan comparó su caso con el de Joaquín «El Chapo» Guzmán, señalando que García Luna «vivió una doble vida», ocultándose tras una imagen limpia para cometer actos ilícitos.

García Luna fue declarado culpable en una corte de Brooklyn de cinco delitos: tres por conspiración para traficar cocaína, uno por participar en una empresa criminal continua, y otro por dar declaraciones falsas a las autoridades.

La acusación de los fiscales estadounidenses se basó en diversos testimonios de narcotraficantes y policías, entre los que destacó Jesús «El Rey» Zambada, hermano de Ismael «El Mayo» Zambada. «El Rey» aseguró que, en 2006, cuando García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) y estaba por integrarse al gabinete mexicano, le pagó dos sobornos por un total de 5 millones de dólares.

Otro testigo clave fue Israel Ávila, excontador de narcotraficantes mexicanos, quien reveló que García Luna figuraba en las nóminas del cártel de Sinaloa, liderado por Beltrán Leyva, bajo los apodos «El Tartamudo» y «El Metralleta». Además, Édgar Veytia, exfiscal del estado de Nayarit, conocido como «El Diablo» y actualmente condenado a 20 años en EE.UU. por narcotráfico, también declaró en el juicio. Veytia afirmó que, en 2011, el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, le informó que había recibido instrucciones del expresidente Calderón y de García Luna para apoyar a la facción del cártel de «El Chapo» Guzmán en su conflicto con los Beltrán Leyva.

Tras conocerse la sentencia, diversas figuras políticas reaccionaron. El expresidente Felipe Calderón declaró en su cuenta de Twitter: “Nunca tuve evidencia que involucrara a García Luna en actividades ilícitas”. En contraste, la presidenta Sheinbaum señaló que la condena «no es menor» y refleja la decadencia del sexenio de Calderón, la cual continuó hasta la llegada de la Cuarta Transformación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque en el discurso oficial parece haber un antes y un después con la llegada de la Cuarta Transformación, las acusaciones sobre vínculos entre el crimen organizado y la clase política continúan. Dos investigaciones de medios estadounidenses, una de ellas realizada por ProPublica, señalan que años antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido presidente en 2018, agentes antidrogas de Estados Unidos encontraron lo que consideraron pruebas sólidas de que narcotraficantes importantes habían entregado alrededor de 2 millones de dólares a operadores políticos que trabajaban en su primera campaña presidencial.

La otra investigación, publicada por The New York Times, revela que funcionarios estadounidenses investigaron durante años acusaciones de que aliados del presidente López Obrador se reunieron con cárteles del narcotráfico y recibieron millones de dólares después de que él asumió el cargo. Esta información proviene de registros de EE.UU. y de tres personas familiarizadas con el tema.

El escándalo más reciente involucra el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada. En una carta, Zambada relató que fue secuestrado tras asistir a una reunión a las afueras de Culiacán, donde se iba a encontrar con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén, exalcalde de Culiacán. Según Zambada, el encuentro fue organizado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo», con el propósito de mediar en conflictos entre los líderes políticos.

El gobernador Rocha negó estos hechos, afirmando que ese día se encontraba en Estados Unidos. Tanto el expresidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum defendieron al gobernador sinaloense. Sheinbaum declaró que no existe prueba alguna en su contra, mientras que López Obrador elogió a Rocha, diciendo: «Le tenemos toda la confianza al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y lo felicito porque dio la cara, no dejó pasar ni un día».

Sin embargo, sin una investigación más profunda, el gobierno mexicano ha eximido de toda responsabilidad al gobernador Rocha. En Sinaloa, la violencia entre los cárteles continúa tras el secuestro de «El Mayo» Zambada, mientras el gobierno mexicano culpa a Estados Unidos por no haberles informado de la operación. Es posible que en el futuro sean las autoridades estadounidenses quienes aclaren el caso Rocha, ya que las autoridades mexicanas parecen mostrar poca disposición para hacerlo, lo que no es muy diferente a lo ocurrido en administraciones anteriores.

El panorama no cambia: hoy los políticos utilizan el caso García Luna para deslindarse de responsabilidades o para continuar con el linchamiento político. Sin embargo, en el fondo, las cosas siguen igual. Los miles de muertos provocados por las actividades del crimen organizado persisten, mientras un gobierno indolente parece carecer de la voluntad real de terminar con la sombría complicidad entre el crimen organizado y la clase política.