En nombre de la supremacía constitucional

Opinión, por Iván Arrazola //

Existe un término para describir lo que está sucediendo en el país en este momento, ese concepto es la tiranía de las mayorías. Dicho concepto se puede entender como un fenómeno en el que la voluntad de la mayoría de la población oprime o limita los derechos de las minorías, resultando en un sistema injusto.

Este concepto fue discutido por pensadores como Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill, quienes señalaron los peligros de la democracia si no se protege adecuadamente a los grupos minoritarios.

La tiranía de las mayorías es un riesgo en sistemas democráticos donde se interpreta que el «gobierno de la mayoría» significa «gobierno sin límites.» Sin protecciones, como la separación de poderes, los derechos constitucionales, y los mecanismos de control y equilibrio, la mayoría podría tomar decisiones que perjudiquen a grupos minoritarios o vulnerables.

En un contexto donde aproximadamente 36 millones de personas votaron por la actual presidenta, con una participación del 60% del listado nominal de cerca de 98 millones de inscritos, el grupo en el poder busca ahora adjudicarse facultades para imponer su visión del poder en el país. Esto evidencia que la mayoría que supuestamente los respalda no es tal, ya que solo el 36% del total de votantes en el listado nominal apoyó al partido triunfador.

Las acciones recientes del grupo en el poder pueden interpretarse como intentos de eliminar los contrapesos propios del sistema republicano, buscando así controlar al Poder Judicial y evitar que, mediante el control constitucional, puedan invalidar decisiones gubernamentales. Inicialmente, argumentaron que el Poder Judicial no tenía facultades para revisar reformas constitucionales; sin embargo, al percatarse de que esto es posible, han promovido una nueva iniciativa para impedir que el Poder Judicial revise las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso

La visión que tiene sobre la democracia el Movimiento de Regeneración Nacional es profundamente autoritaria y en nombre de una supuesta mayoría pretenden aprobar una medida que afectará los derechos de las personas. Con la iniciativa de Supremacía Constitucional se pretende prohibir la impugnación a reformas constitucionales aprobadas por la mayoría en el Congreso, ni la Corte ni ningún otro órgano podrán revisar las reformas constitucionales aprobadas por el Legislativo.

La falta de argumentos es evidente, en defensa de esta propuesta el vocero de Morena, el diputado Arturo Ávila, señala que el sustento de esta reforma se encuentra en el Artículo 135 Constitucional, pues este indica que “la mayoría calificada es el único poder que puede llevar a cabo estas reformas y adiciones, o sea, el gran elector. El pueblo mexicano puede decidir cómo ser gobernado”.

Contra esta idea se puede argumentar que el poder Legislativo es un representante de la voluntad popular, pero no su único depositario ni su intérprete absoluto. Aunque el Congreso tiene la facultad de realizar reformas, no puede interpretar su papel como un mandato ilimitado para cambiar cualquier aspecto de la Constitución, sino como una responsabilidad de actuar en representación de los intereses y derechos fundamentales de la ciudadanía.

También habrá que señalar que un Congreso con mayoría calificada representa a una parte importante de la población, pero no a todos los sectores de la sociedad. Las democracias modernas incluyen mecanismos de protección para evitar que una mayoría imponga su voluntad sin considerar los derechos y necesidades de las minorías. Atribuir al Congreso el papel de «gran elector» puede ignorar la importancia de proteger los derechos y la voz de todas las personas, no solo de la mayoría.

Por último, la Suprema Corte de Justicia tiene la capacidad de realizar control de constitucionalidad, lo cual limita la posibilidad de que el Congreso realice cambios que vulneren el espíritu de la Constitución o los derechos esenciales de la ciudadanía. El Congreso, aunque tenga el poder de reformar la Constitución, no puede ser el árbitro absoluto de su propia legitimidad; los cambios que realice deben estar sujetos a revisión judicial para proteger el equilibrio de poderes y la democracia.

Para Claudia Sheinbaum y el grupo que actualmente gobierna, resulta evidente que no pasarán a la historia por los principios democráticos que decían defender y que fueron la razón de su movimiento. Aunque su discurso abandera la lucha por la democracia, hoy queda claro que el partido en el poder parece buscar la restauración de un sistema autoritario, adjudicándose facultades que le permiten controlar los poderes del Estado.

En los términos que suele emplear su propio líder, esta acción es una muestra «vulgar» y «ambiciosa» de poder. En la práctica, esta maniobra refleja la falta de disposición para razonar, discutir y analizar a fondo una serie de decisiones que impactarán a generaciones futuras. Sin embargo, estos no parecen ser tiempos de reflexión, sino de imposición, lo cual definirá una etapa en la historia de nuestro país.