Posición de la Federación de Trabajadores de Jalisco sobre las reformas a la ley del INFONAVIT

Desplegado de la FTJ //

El 24 de abril de 1972 se publicó la Ley del INFONAVIT. En su artículo 2º se dispone que “Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina «Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores»…

La creación del INFONAVIT constituye una iniciativa muy exitosa del Gobierno de la República, que permitió integrar los esfuerzos de los trabajadores, los patrones y el Gobierno Federal para hacer efectivo el derecho social a la vivienda.

Cincuenta años después, ahora que asumimos la responsabilidad de hacer efectivo el derecho a la vivienda de los trabajadores de México, como lo dispone la fracción XII del artículo 123 de nuestra Constitución Federal.

Esta reforma constitucional implica una reforma integral de la gestión del derecho a la vivienda de todos los mexicanos y es particular, para los trabajadores quienes participamos con nuestras aportaciones en el INFONAVIT.

Como primera decisión, se modificó el párrafo séptimo del Artículo 4º Constitucional para precisar que: Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Este cambio donde se identifica el derecho social a una vivienda adecuada, tiene la finalidad de identificar nuestra legislación, con los siete elementos establecidos por ONU-Hábitat que permiten garantizar ese derecho humano, y son: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

Pero como representante de los trabajadores, nos obliga a destacar la reforma de la fracción XII del Artículo 123 Constitucional, donde se reitera como derecho social y laboral que “toda empresa… estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas”. Esta reforma constitucional nos reitera y establece:

1. El carácter tripartita de la institución que administrará el fondo para la vivienda adecuada, con las aportaciones de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno Federal;

2. La constitución de un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras, que les permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora, arrendamiento social, como también adquirir suelo y construir vivienda; y

3. Ampliar las atribuciones del INFONAVIT para que tenga la capacidad legal y técnica, que le permita comprar terrenos, construir viviendas, como también administrar su arrendamiento social en forma previa a su adquisición en propiedad.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, dijo que “esta reforma constitucional es la base para implementar los programas prioritarios de este sexenio, como el de Vivienda para el Bienestar que tiene como objetivo construir un millón de viviendas en todo el país…” “Del millón de viviendas, 500 mil las va a construir el Infonavit y 500 mil la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para la población no derechohabiente. Sumaremos esfuerzos con gobiernos estatales y municipales para que todas estas viviendas nuevas cumplan con estos siete componentes del derecho a la vivienda adecuada», aseguró.

Desde este momento, debemos asumir el reto que implica el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, ante el cual debo destacar tres:

Primero: contar con las reservas territoriales necesarias para hacer posible la construcción de un millón de viviendas en un año, tarea que asumimos, está debidamente integrada en las acciones del Instituto Nacional de Suelo Sustentable para el año 2025;

Segundo: Establecer el protocolo que deberá observarse, a efecto de garantizar que los predios que se adquieran y donde se autorice la construcción de viviendas, tengan la infraestructura y servicios públicos necesarios, como también su integración urbanística con los usos industriales, comerciales, equipamiento de salud y culturales, que nos permita su pleno desarrollo del derecho a la ciudad; y

Tercero: Evitar se reproduzcan espacios de vivienda aislada, sin los servicios eficientes de agua, drenaje, salud y cultura.

Estamos convencidos del valor social que tiene la vivienda, como base del derecho a la ciudad, por lo cual haremos todo lo posible, para su adecuada promoción y desarrollo.

GUADALAJARA, JALISCO, DICIEMBRE 15 DEL 2024

JUAN HUERTA PÉREZ

SECRETARIO GENERAL DE A FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE JALISCO