Entre la chicanada y la lucha del poder: El escándalo en la delegación de SEGOB en Jalisco

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Esta semana, un nuevo capítulo de intrigas internas en Morena sacudió los pasillos del poder en Jalisco. Ahora, el epicentro del conflicto se ubica en la Delegación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), donde una disputa por el control de un inmueble federal ubicado en la calle Napoleón 448, en Guadalajara, ha expuesto un desgarrador retrato de improvisación, ambiciones personales y maniobras cuestionables.

El acta de certificación de hechos, levantado por el notario público número 27 de Zapopan, Salvador Pérez Gómez, pinta un cuadro que rebasa la ficción. El pasado 8 de enero de 2025, Andrés Avelino Palma Flores, quien se identificó como subdelegado de coordinación con las delegaciones federales en Jalisco, se presentó en las oficinas de la calle Napoleón, en Providencia, sólo para encontrarse con que las chapas habían sido cambiadas y que Gustavo Hernández Aréchiga, quien también reclamaba ser el titular de la dependencia, le impedía el acceso.

El choque entre Palma Flores y Hernández Aréchiga es sólo la punta del iceberg de una narrativa donde los procedimientos formales parecen ser opcionales. Mientras Andrés Palma mostraba una credencial oficial y documentos que lo acreditan como encargado del despacho, Hernández Aréchiga se negó a identificarse ante el notario, argumentando que su “director” ya lo había designado. No proporcionó, sin embargo, el nombre de ese supuesto director ni documento alguno que avalara su posición.

El testimonio recogido por el notario público detalla que, además de Palma Flores, cinco empleados más se vieron impedidos de ingresar al inmueble. Estas personas son María Guadalupe Carrillo Valencia, Juan José Ortiz Jaime, Isabel Guzmán Miramontes, Roberto García Sánchez y Miguel Alejandro Hernández Pérez, quienes también fueron informados por Hernández Aréchiga de que sus contratos habían concluido el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, ninguno de ellos recibió documentación que corroborara esta versión.

La negativa de acceso incluso para retirar pertenencias personales representa una clara violación de derechos laborales y humanos. Además, el cambio de chapas sin notificación previa ni autorización documentada apunta a una toma de control forzada del inmueble, cuestionando el respeto al debido proceso.

La situación rayó en lo absurdo: empleados como María Guadalupe Carrillo Valencia, Isabel Guzmán Miramontes y el propio Andrés Avelino Palma Flores son funcionarios del servicio profesional de carrera, y, simplemente, fueron privados de acceso, bajo el pretexto de que sus contratos laborales habían concluido el 31 de diciembre de 2024. Palma Flores, respaldado por el notario, sostuvo que no sólo sus nombramientos eran válidos, sino que la acción de Hernández Aréchiga constituía una usurpación de funciones.

CONTEXTO Y ANTECEDENTES

El nombre del expriísta Gustavo Hernández Aréchiga no es nuevo en la arena pública. Exasesor de la Dirección de Asuntos Políticos durante la administración municipal de Pablo Lemus y presidente especial de la Décima Junta de Conciliación y Arbitraje en Guadalajara, su historial también incluye contratos como prestador de servicios profesionales en la Secretaría de Bienestar.

Su pasado revela un entramado de relaciones con las estructuras federales, aunque con funciones subordinadas y condiciones laborales precarias: honorarios mensuales de poco más de 8 mil pesos y obligaciones que iban desde coordinar mesas de atención hasta elaborar estrategias de promoción.

Este trasfondo vuelve más incomprensible su resistencia a identificarse formalmente en el reciente altercado. ¿Cómo alguien con un currículo que denota conocimiento de las normas básicas del servicio público opta por el oscurantismo frente a un notario?

EL TRASFONDO POLÍTICO

En el contexto de Morena, este incidente no es un hecho aislado, sino un reflejo de las pugnas internas que han desgastado al partido en Jalisco. Las luchas por el control de oficinas clave no sólo delatan la fragmentación al interior del partido, sino también el pragmatismo que ha reemplazado cualquier pretensión de institucionalidad.

El hecho de que un funcionario como Andrés Palma necesite recurrir a un notario para defender sus derechos laborales y el acceso a su lugar de trabajo evidencia un estado de anomia dentro de las estructuras federales en el estado. Más allá de las personalidades involucradas, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones.

La negación de acceso al inmueble también impidió que Palma Flores y su equipo recuperaran sus pertenencias personales. Este pequeño detalle retrata la dimensión humana del conflicto: empleados que, más allá de sus nombramientos y funciones, quedaron atrapados en una disputa de poder que no controla ni comprende.

Mientras tanto, los usuarios de los servicios que deberían prestarse en esta delegación son los grandes olvidados. La inestabilidad y la falta de claridad sobre quién tiene la legitimidad para operar la oficina han dejado en el limbo a los ciudadanos que dependen de su funcionamiento.

EL DESENLACE INCIERTO

El caso de la Delegación de la SEGOB en Jalisco simboliza el desorden administrativo y político que amenaza con desbordar a Morena en su afán por mantener el control territorial. A medida que las diferencias internas se ventilan públicamente, el partido arriesga no sólo su imagen, sino también la confianza ciudadana.

La crónica de estos hechos invita a una reflexión urgente: si Morena aspira a consolidarse como un proyecto político con vocación transformadora, necesita reconstruir los cimientos de su organización interna. Las chapas cambiadas y las acusaciones de usurpación son sólo símbolos de un mal mayor: el abandono de los principios que alguna vez prometieron revolucionar la forma de gobernar.

En X: @DEPACHECOS