Entre la renovación y el riesgo de nuevos cacicazgos: El desafío de la reforma electoral

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

La historia de las reformas políticas en México es una historia de avances y retrocesos, de intentos por consolidar la democracia y de momentos en los que el poder se ha reconfigurado sin necesariamente democratizarse. La reciente iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Cámara de Diputados tiene un componente que remite a las antiguas luchas contra el caciquismo y la concentración del poder en las élites políticas y familiares del país.

La prohibición de la reelección y la restricción al nepotismo son elementos que buscan impedir que ciertos grupos se perpetúen en el poder. No obstante, el mayor desafío no será solo eliminar los cacicazgos existentes, sino evitar la formación de nuevos.

Si miramos la historia, podemos encontrar paralelismos en la lucha contra el caudillismo postrevolucionario. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, México enfrentó una crisis de sucesión que llevó a la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecesor del PRI. Su objetivo era institucionalizar la rotación del poder y evitar que los liderazgos personales se convirtieran en dictaduras de facto.

A pesar de ello, en lugar de erradicar la concentración del poder, el nuevo sistema solo cambió la forma en que este se distribuía: en lugar de caudillos individuales, se crearon estructuras de control partidista que mantuvieron el poder dentro de ciertos círculos.

Hoy, la reforma propuesta por Sheinbaum busca desmontar otro tipo de estructuras de control, pero enfrenta el mismo reto: ¿cómo evitar que surjan nuevas élites con los mismos vicios del pasado?

La prohibición de la reelección inmediata en cargos de elección popular busca recuperar el espíritu del principio maderista de “sufragio efectivo, no reelección”. Este principio, que ha marcado la vida política del país desde la Revolución, se vio modificado en 2014 con una reforma que permitió la reelección consecutiva de legisladores y algunos cargos locales.

Con esta nueva propuesta, se pretende cerrar de nuevo esa puerta bajo la premisa de que la reelección ha sido un mecanismo que ha permitido la consolidación de intereses personales y de grupo en detrimento de la renovación política. No obstante, es necesario preguntarse si esta restricción realmente fortalecerá la democracia o si, por el contrario, limitará la posibilidad de construir legisladores con experiencia y trayectoria que sean capaces de impulsar políticas públicas de largo plazo.

El otro eje de la reforma, la prohibición del nepotismo, responde a una realidad innegable en la política mexicana. Durante décadas, la política ha sido un espacio cerrado donde el apellido ha sido más determinante que la capacidad.

Gobernadores que dejan a sus hijos en su lugar, diputados que heredan el escaño a sus hermanos, presidentes municipales cuyos hijos o esposas son candidatos naturales para sucederlos. La medida es, en principio, una barrera contra la consolidación de dinastías políticas, pero presenta desafíos en su aplicación y en sus efectos colaterales.

Por ejemplo, la reforma establece que un familiar directo de quien ocupe un cargo de elección popular no podrá ser candidato a sustituirlo en el siguiente periodo, aunque sí podría competir en un periodo posterior. Esto cierra la posibilidad de sucesión inmediata, pero no impide que una familia construya una estrategia de alternancia que le permita mantener el control de ciertos espacios políticos.

Además, la línea entre lo que se considera nepotismo y lo que es un derecho legítimo a la participación política puede ser difusa. ¿Se le debe negar a una persona la posibilidad de competir solo por ser familiar de alguien en el poder, aunque tenga trayectoria propia y capacidad probada? La respuesta no es sencilla.

Uno de los principales argumentos de la oposición contra la reforma es que podría debilitar al Poder Legislativo, al impedir la reelección inmediata de diputados y senadores. Marko Cortés ha señalado que esto generaría un Congreso menos autónomo y más sometido al Poder Ejecutivo, mientras que desde Morena se ha defendido la reforma como una medida para fortalecer la renovación democrática.

Aquí es donde el debate debe centrarse en cómo diseñar un sistema que no solo elimine prácticas nocivas, sino que también permita la construcción de una clase política con experiencia y con mecanismos que eviten la captura del poder por nuevos grupos de interés.

En términos de gobernabilidad, la medida puede tener impactos significativos. La experiencia internacional muestra que la reelección inmediata en los legisladores permite la especialización y la consolidación de liderazgos que pueden generar políticas públicas más efectivas.

En contraste, su prohibición puede llevar a una rotación constante de perfiles con poca preparación y sin incentivos para construir carreras legislativas sólidas. La clave estará en encontrar mecanismos que permitan la renovación política sin sacrificar la capacidad técnica y la continuidad en el trabajo legislativo.

El riesgo más grande de esta reforma es que, en su intento por desmantelar cacicazgos, termine creando otros nuevos bajo nuevas reglas. La política es un espacio que, por naturaleza, busca formas de adaptación y control. Si se prohíbe la reelección, es probable que los grupos de poder encuentren nuevas maneras de influir en la selección de candidatos.

Si se limita el nepotismo, es posible que los liderazgos locales simplemente trasladen su influencia a otros perfiles afines. Para evitar esto, la reforma debe ir acompañada de mecanismos que promuevan una auténtica democratización dentro de los partidos políticos, procesos de selección más abiertos y transparencia en la toma de decisiones.

La historia nos ha enseñado que las reformas bien intencionadas pueden terminar siendo cooptadas por los mismos intereses que buscan combatir. El reto ahora es asegurarse de que esta vez sea diferente.