Salir del paso

Opinión, por Iván Arrazola //

En el ámbito de la toma de decisiones en política, pueden identificarse dos formas contrastantes de actuar. Por un lado, la clase gobernante pueda actuar con responsabilidad e inteligencia, analizando cuidadosamente todas las alternativas disponibles y, tras un examen riguroso, elegir la opción más adecuada.

Sin embargo, también existe otra forma de gobernar, marcada por la improvisación, la superficialidad y la preferencia por soluciones temporales que eluden las causas estructurales de los problemas. A esta práctica se le ha denominado, “la ciencia de salir del paso”.

Nuestra clase gobernante ha dado señales más que evidentes de que en el tema de las desapariciones, la improvisación y el desinterés son las formas que más se ajustan para tratar de resolver el problema, la superficialidad y las soluciones temporales son el mejor remedio en momentos de crisis.

Esta semana, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el fiscal general Alejandro Gertz ofrecieron una muestra clara de que, en el tema de las desapariciones, predomina esa forma de gobernar basada en la improvisación y la contención simbólica.

Mientras la presidenta presume tener “cabeza fría” en su compleja relación con Donald Trump, en el ámbito interno da señales de insensibilidad y enojo. Tras poner en duda la existencia de un presunto campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco —argumentando que todo se basaba en fotografías y testimonios de personas buscadoras—, Sheinbaum terminó anunciando una serie de medidas, aunque no sin antes lanzar críticas contra la oposición.

Entre las medidas anunciadas por la presidenta se encuentran: 1) el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); 2) la consolidación del Certificado Único de Registro de Población; 3) el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana; 4) la incorporación de nuevos protocolos en la ley; 5) la equiparación del delito de desaparición con el de secuestro, y 6) el fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Sin embargo, estas acciones generaron inconformidad entre diversos colectivos de personas buscadoras, quienes reprocharon que muchas de estas medidas ya están previstas en la legislación, pero no se han aplicado. Además, señalaron que no fueron tomadas en cuenta para la definición de estas políticas, lo cual refuerza la percepción de una decisión unilateral y sin diálogo.

Por último, aunque se anunció este paquete de acciones, no se establecieron plazos claros para su implementación ni compromisos concretos sobre los resultados que se esperan alcanzar. Todo indica que lo prioritario era calmar a la opinión pública y ofrecer una narrativa de acción, más que diseñar una estrategia real y efectiva para atender la crisis de desapariciones.

Pero quien sin duda ofreció el espectáculo más lamentable fue el fiscal general Alejandro Gertz, al dar una conferencia de prensa en la que, según las primeras investigaciones, la Fiscalía del Estado de Jalisco habría incurrido en graves omisiones: no se inspeccionó adecuadamente el lugar, no se tomaron muestras de huellas dactilares, no se realizaron análisis químicos ni físicos en los supuestos hornos crematorios, no se investigó la propiedad del terreno y no se dio seguimiento a las víctimas rescatadas del sitio.

Gertz no hizo mención alguna sobre las posibles responsabilidades de la Fiscalía General de la República, a pesar de que fue una autoridad federal la que intervino directamente en el rancho. Tampoco ofreció información sobre las víctimas ni sobre lo que realmente ocurrió en el lugar.

La comparecencia fue utilizada por el fiscal para invitar a los medios de comunicación y a los colectivos de personas buscadoras a visitar el sitio. No obstante, la visita resultó altamente cuestionable: ya no quedaba rastro de las prendas ni evidencia visible, lo que sugiere que el objetivo era mostrar un lugar vacío, sin restos ni indicios de crematorios. La fiscalía quedó en evidencia al abrir un sitio que, por su relevancia, debería haberse resguardado como prueba fundamental para una investigación seria.

El mensaje fue claro: el fiscal intentó deslindarse de toda responsabilidad, culpando únicamente a la fiscalía estatal por las omisiones. En todo momento se esforzó por marcar distancia, insistiendo en que “esto no es Ayotzinapa” y prometiendo que el caso “sí se tomaría en serio”. Fue una forma lamentable de presentar los hechos y, sobre todo, una forma de evadir su responsabilidad frente a una crisis nacional con más de 120 mil personas desaparecidas.

Resulta lamentable que una crisis como esta, que podría ser una oportunidad para que las instituciones del país revisen a fondo los procesos de procuración de justicia, se esté desperdiciando en el intento por proteger al gobierno. 

La presidenta ha declarado que antes las desapariciones eran responsabilidad del Estado y que ahora son obra del crimen organizado. Sin embargo, incluso si ese diagnóstico se comprobara, el escenario no sería mejor, sino más grave: implicaría que el Estado, al no actuar, es partícipe por omisión o por simulación.