Cambios legislativos y la nueva administración

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El nuevo reto social será la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para muchos, este es otro intento del gobierno morenista de controlar y regular las acciones de los ciudadanos, de centralizar y, sobre todo, de neutralizar las críticas a su movimiento. Una ley que buscaba ser aprobada sin discusión y por la vía rápida («fast track»).

Las preocupaciones son considerables, pues una ley que evidentemente controla lo que se ve y lo que se publica, centraliza el poder en el ejecutivo federal e invade, sin duda, los derechos de libre expresión y los derechos humanos de las personas a vivir en libertad en un país democrático.

De este proyecto de iniciativa del Poder Ejecutivo, cuyas justificaciones son expresadas por el gobierno de manera muy somera y general, donde la mayor premisa es evitar la propaganda de gobiernos extranjeros; sin embargo, es cierto que la ley carece de apertura a la libertad y a los derechos humanos, se contrapone a un país libre y democrático.

Ante la ola de críticas y preocupación que produce en los medios y en la sociedad dedicada a la materia de las telecomunicaciones, y al encontrar un artículo que prendió focos rojos, el cual dice: “A petición de ‘las autoridades competentes’, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) podrá ‘bloquear temporalmente’ una plataforma digital ‘en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables’”. Asunto que produjo el aplazamiento del proceso legislativo de esta ley para abrir un diálogo abierto y plural con sectores de la materia.

En este sentido, ante los cambios no tan paulatinos que hemos tenido en materia legislativa desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, habrá que hacer un recuento para evaluar cómo se están modificando las legislaciones a modo, laxas para el gobierno, restrictivas y centralistas. En breve recorrido, otro de los cambios radicales desapareció a los organismos garantes de la transparencia y el derecho a la información, y desarticuló todo un modelo de cómo ejercer nuestro derecho a la información pública.

Tampoco gozó de una justificación que produjera la emoción de avances y mejora en el país, sino la sensación de retroceso en un país que debe avanzar al ritmo del mundo y no centralizarse para vigilar. Así podríamos enumerar los cambios que este movimiento de la cuarta transformación va posicionando, incluyendo la insaculación social que tendrá lugar en votación popular para elegir al ministro, magistrado o juez más popular visitando pueblos, colonias y mercados.

En aras de las transformaciones que el movimiento morenista intenta dejar para abrir camino a los posibles siguientes gobiernos federales guindas, hemos sufrido cambios y procesos legislativos que han dejado una amplia preocupación social. La reforma judicial es, sin duda, un tema sumamente preocupante: la elección popular del poder judicial, la curva de aprendizaje de los que queden electos, la filtración de personas no aptas y de dudosa honorabilidad, más candidatos relacionados con cárteles de narcotráfico, hacen del panorama político-gubernamental en el país una sensación de incertidumbre.

Es nuestro deber ético y social, analizar las circunstancias en que vive el país y el actuar de nuestros recién llegados gobiernos, al final sí somos responsables de nuestro futuro y de lo que elegimos como gobierno.

Hoy, más que nunca, debemos levantar la voz y participar en las decisiones del gobierno. Este es el momento de luchar por el respeto a los derechos humanos, ya que persisten graves desafíos y violaciones que impactan a diversos grupos de la población.

En estos cambios legislativos y en la desarticulación de modelos de protección a derechos humanos, es necesario que todo aquello que llegue a cambiar al país por propuesta de los nuevos gobiernos, tenga una base en el respeto a los derechos humanos. La censura no cuadra en este contexto, ni las restricciones y el control social pueden tener cabida en una sociedad democrática, diversa política y culturalmente.

Cuidemos nuestra nación sin fanatismos ni vendas políticas en los ojos. México es de todos y para todos; debe ser libre y democrático. Ante los grandes retos que enfrentamos como sociedad, están, solo por mencionar algunos: la violencia e inseguridad, la impunidad y la corrupción, la desaparición de personas, la violencia de género y los feminicidios, los derechos de las personas migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la libertad de expresión y la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

A todo esto y más es a lo que el gobierno federal debe ponerle puntual atención; sin embargo, no es así. La prioridad parece ser moldear las leyes y hacer cambios constitucionales para acomodar las sillas del poder.