La lucha de la comunidad de Mezquitán: 21 años exigiendo justicia por sus tierras; les deben 40 millones de pesos

Por Francisco Junco //

La comunidad indígena de Mezquitán, en Jalisco, alza la voz para exigir el pago justo por la ocupación de 269 mil metros cuadrados de sus tierras, utilizados desde 2004 para ampliar a cuatro carriles la carretera federal Guadalajara-Ixtlahuacán del Río.

Este adeudo, que afecta a 333 familias, asciende a 40 millones de pesos, según el convenio firmado hace 21 años con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“La Secretaría nos debe 40 millones por la ocupación de nuestras tierras para la carretera Saltillo, tramo Guadalajara-Ixtlahuacán del Río. Han pasado 21 años y no han cumplido”, denunció Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la Comunidad Indígena de Mezquitán.

La carretera federal, que fue construida hace más de 50 años, solamente era de 2 carriles, pero en el 2004, el gobierno federal decide ampliarla a cuatro carriles, abarcando terrenos que son de la comunidad indígena de Mezquitán, donde se firma un convenio de ocupación, en ese tiempo evaluado en 40 millones.

“De los 40 millones de pesos pactados, la comunidad solo recibió el 10%, es decir, 4 millones, y un abono posterior de aproximadamente 1.6 millones por extracción. En total, apenas se han pagado 5 millones. Intentamos resolverlo de manera amistosa durante años, pero las pláticas no avanzaron y las autoridades no cumplieron”, explicó Saúl Rodríguez, presidente de la Comunidad Indígena de Mezquitán.

TRES GOBIERNOS INCUMPLIERON PROMESAS

A lo largo de los años, tres gobiernos federales hicieron promesas de pago que nunca se cumplieron. Hasta 2017, la comunidad de Mezquitán intentó resolver el asunto de manera amistosa, en “los mejores términos”, pero al no haber una demanda formal contra las autoridades federales, decidieron emprender acciones legales.

“Cuando hicimos un reclamo, en el 2017, nos dijeron, bueno, pues ni siquiera nos tienen demandados. Así nos dijeron. Pues entonces sí, tenemos que demandar, y así lo hicimos”, relató el representante de la comunidad.

La comunidad presentó una demanda formal ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, la cual dio origen al expediente 222/16/2017. En ella, se demandó a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

La respuesta del Estado, recibida en abril de 2018, fue, como tantas veces ocurre, improcedente y evasiva. Pero la comunidad no se detuvo. En octubre de 2021, el tribunal agrario emitió una primera sentencia favorable, reconociendo la ocupación de las tierras. Sin embargo, dejó pendiente el cálculo actualizado de la indemnización, condicionado a un decreto de expropiación.

Desde entonces, las autoridades han interpuesto amparos y recursos que han retrasado el proceso hasta por dos años, violando los derechos de más de 300 familias que integran esta comunidad. El juicio de amparo directo 94/2022 fue sobreseído en febrero de 2023 por no agotar el principio de definitividad. Nunca debió haberse interpuesto.

Finalmente, el 22 de noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario resolvió el Recurso de Revisión 125/2022-16, concediendo razón a la comunidad en la mayoría de sus reclamaciones. Ordenó el pago de la indemnización desde el 3 de marzo de 2004, debidamente actualizada mediante un avalúo del INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales).

Aún así, la Consejería Jurídica Federal volvió a interponer un nuevo amparo directo, ahora ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Jalisco. Ese intento también fracasó: el 26 de diciembre de 2024 fue negado y la sentencia quedó firme desde el 5 de enero de este 2025. No existe ya ningún recurso legal que impida el pago.

“Se les gana dos juicios, se les ganan dos amparos hasta diciembre del año pasado, que fue el último recurso, ahí nos dan sentencia a favor de nosotros. Determinan que la Secretaría pague a la comunidad. Y, de ahí para acá, de diciembre, ya tenemos lo que va del año, que hemos estado haciendo algunas manifestaciones porque no vemos nada claro. Puras promesas de las autoridades federales”, lamentó.

Con fecha 31 de enero de 2025, la comunidad solicitó formalmente la ejecución de la sentencia. Ahora, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes debe pagar, sin dilaciones ni excusas.

Sin embargo, señaló Saúl Rodríguez, que el delegado en Jalisco de la Secretaría de Transporte les informa que ellos “no han sido notificados”, de esa sentencia

“Y que, pues, no están en sus manos para poderlo resolver. Que tendrían que notificarles a ellos. Creo que ahora el asunto ya lo tienen parado allá en el Supremo Tribunal. Porque ya se han metido escritos… Lo tienen ahí como bloqueado, de alguna manera. Y sí, realmente, no les han notificado, porque el Tribunal Unitario 16, nosotros platicamos con la magistrada y dice que le tienen que ordenar a ella, a ella directamente, al Tribunal Unitario 16, para que ella ordene a la Secretaría el nuevo avalúo, avalúo comercial”, acotó.

Es momento de cumplir la ley y hacer justicia a una comunidad que lleva más de veinte años esperando lo que es suyo.

“No pedimos nada que no sea nuestro. Son nuestras tierras, compradas y registradas. No queremos regalos, solo justicia”, afirmó Rodríguez con firmeza. La comunidad, donde muchos de sus mayores han fallecido esperando, advierte: “No bajaremos la guardia. Haremos lo que sea necesario para que se cumpla la ley”.

Tras 21 años de lucha, Mezquitán exige que las autoridades federales salden esta deuda histórica y respeten los derechos de una comunidad que no cejará en su búsqueda de justicia.