SICT se resiste a cumplir convenio de pago con la Comunidad Indígena de Mezquitán: Luis Antonio Rocha

Por Gabriel Ibarra Bourjac //

Hace más de 21 años, la Comunidad Indígena de Mezquitán, un pueblo wixárika y nahua con más de tres siglos de historia en Jalisco, cedió casi 27 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo, una vía clave para el desarrollo regional.

A cambio, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) prometió pagar casi 40 millones de pesos, pero hoy, en 2025, la comunidad sigue esperando. Lo que parecía un acuerdo justo se convirtió en una deuda histórica, un símbolo de la marginación que enfrentan los pueblos indígenas, por el incumplimiento de la hoy SICT, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Luis Antonio Rocha, el abogado que representa a la Comunidad Indígena de Mezquitán en un litigio contra la SCT, nos cuenta los detalles de esta lucha: una batalla legal marcada por tácticas dilatorias, excusas burocráticas y la resistencia inquebrantable de una comunidad que exige justicia. En esta entrevista, exploramos los orígenes del conflicto, los obstáculos en el camino, y el mensaje de esperanza que Mezquitán envía a México.

LA ENTREVISTA

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB): ¿Cómo comenzó este conflicto, y qué se les prometió exactamente?

Luis Antonio Rocha (LAR): Todo empezó en 2001, cuando la SCT necesitaba ampliar la carretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto estratégico para Jalisco. La Comunidad de Mezquitán, con una historia de más de 335 años, tenía tierras en la ruta: 26.93 hectáreas de suelo sagrado, parte de su identidad wixárika y nahua.

En un acto de buena fe, la comunidad firmó un convenio en 2004 con la entonces SCT, cediendo los terrenos a cambio de un pago de casi 40 millones de pesos. La SCT pagó un anticipo de 5 millones y prometió cubrir hasta el 50% de la cantidad acordada, una vez que se contara con el avalúo elaborado por la entonces Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

Lo cual, desde luego, nunca cumplió. Pero ya transcurrieron más de 21 años. Solo dieron un millón más en 2005, y desde entonces, nada. Es un engaño claro y una injusticia a una Comunidad Indígena, que confió en el Gobierno Federal.

GIB: Es inaudito que un convenio firmado hace tanto tiempo siga sin cumplirse. ¿Qué excusas ha dado la SICT para justificar este incumplimiento, y cómo han enfrentado esas tácticas en el litigio?

LAR: La SICT ha usado todas las tácticas posibles para evadir su responsabilidad. Primero dijeron que no había presupuesto. Luego, que los documentos del convenio estaban “perdidos” o eran “incompletos”. Incluso han insinuado que la comunidad debería “regalar” las tierras, como si su sacrificio no valiera nada.

En 2016, la directiva de la Comunidad Indígena de Mezquitán me buscó para actuar. Presentamos una demanda en 2017 en contra de la SICT, la SEDATU y el entonces PRESIDENTE de la República, exigiendo el pago. Desde el inicio, enfrentamos tácticas dilatorias: la SICT nombró a la Fiscalía General como su representante, y esta argumentó que el caso era “civil” y no “agrario”, a pesar de que la Comunidad Agraria de Mezquitán tiene personalidad reconocida por las autoridades Agrarias y lo que se convenió eran tierras propiedad de la Comunidad y que la Ley Agraria asi lo establece cuando el Juicio es por un conflicto de tierras del régimen Ejidal o Comunal. También alegaron que el derecho había “prescrito”. Son argumentos absurdos, diseñados para desgastar. Pero no nos rendimos.

Ganamos en el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario nos dio la razón, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, los representantes de la SICT siguen interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.

GIB: Mencionas una victoria en el Tribunal Superior Agrario, pero la SICT y hasta el propio Tribunal Superior parecen seguir dilatando. ¿Qué está pasando ahora, y qué falta para que Comunidad Indígena Mezquitán reciba su pago?

LAR: Estamos en un limbo burocrático deliberado. La sentencia de diciembre de 2024 es firme: no hay más recursos legales que la SICT pueda interponer. El Tribunal Superior Agrario debe ordenar al INDAABIN realizar un avalúo a valor comercial — por metro cuadrado, dado que son terrenos junto a una carretera—. Pero el tribunal Superior ha dado excusas: que “no saben si hay un amparo”, que “no han recibido el expediente”, a pesar de que les hemos mostrado la sentencia. Hace cuatro meses, desde enero de 2025, El Séptimo Tribunal Colegiado en Zapopan ya les reiteró que la sentencia es firme, pero el Tribunal Superior sigue sin actuar. Cada día de retraso aumenta el valor del pago, pero también la frustración de la comunidad. Lo único que falta es que el tribunal Superior Agrario ordene la elaboración del avalúo y la SICT pague. No hay excusas legales; solo falta voluntad.

GIB: Este caso no es solo legal; es profundamente humano. ¿Cómo ha vivido la comunidad de Mezquitán estos 21 años de espera, y qué significa esta lucha para ellos?

LAR: Para la Comunidad Indígena Mezquitán, esto es más que dinero; es una cuestión de dignidad y supervivencia. La comunidad está formada por 333 familias, unas 3,000 personas, muchas lideradas por mujeres y adultos mayores. Esas 27 hectáreas no eran solo tierra; eran su patrimonio, su conexión con la madre tierra, donde cultivaban nopales, ciruelos y mangos. Al cederlas, confiaron en que el pago les traería escuelas, clínicas, caminos.

En cambio, algunas familias de la comunidad, viven en la marginación, en casas sin todos los servicios, cerca de la Barranca de Huentitán, tras siglos de expropiaciones que los desplazaron desde José María Vigil hasta el periférico. Muchos ancianos que firmaron el convenio murieron esperando. Sin embargo, su resistencia es inspiradora. En asambleas, mujeres, jóvenes y líderes como los de la mesa directiva se reúnen, recordando que esta lucha es por sus hijos y nietos. Han hecho manifestaciones pacíficas en las oficinas de la SICT y en la carretera, sin bloquear, solo exigiendo lo que les pertenece. Su mensaje es claro: no se rendirán.

GIB: Hablas de una comunidad desplazada históricamente, desde el cementerio de Mezquitán hasta la Barranca. ¿Crees que este caso refleja un racismo estructural contra los pueblos indígenas?

LAR: Absolutamente. Este no es un error administrativo; es un reflejo de cómo el Estado sigue tratando a los indígenas como ciudadanos de segunda. La Comunidad Indígena Mezquitán no recibió esas tierras como “dádiva”; las compraron y las han defendido por 335 años. La SICT nunca se atrevería a ignorar un convenio con una empresa privada por 21 años. Pero con una comunidad indígena, actúan con soberbia, asumiendo que no tienen el poder para pelear. Es racismo institucional, disfrazado de burocracia. Y no es solo la SICT; la SEDATU y las dependencias que tienen que ver con el incumplimiento, con sus retrasos, perpetúan esta marginación. Pero la Comunidad Indígena Mezquitán está rompiendo ese ciclo, mostrando que los pueblos originarios tienen derechos y los harán valer.

GIB: En 2025, México presume avances en derechos indígenas, con reformas como la consulta obligatoria. ¿Puede este caso sentar un precedente para otros pueblos, y qué papel juega la comunidad en este proceso?

LAR: Este caso tiene un potencial transformador. Si logramos que la SICT pague, será un precedente legal para decenas de comunidades indígenas que enfrentan incumplimientos similares por tierras, agua o recursos. La sentencia del Tribunal Superior Agrario refuerza que los convenios con pueblos originarios son vinculantes, sin necesidad de expropiaciones innecesarias. Más allá de lo legal, la Comunidad Indígena Mezquitán es un símbolo de resistencia. Sus asambleas, donde todos —mujeres, ancianos, jóvenes — deciden juntos, son un modelo de organización.

La comunidad no solo me guía como abogado; es el corazón de la lucha. Con el respaldo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) la Secretaria de la Mujer y organizaciones civiles, demostraremos que los indígenas pueden ganar contra el Estado. Este caso podría inspirar a otros a exigir justicia, tomando en cuenta que el gobierno Federal, declaro el año 2025 como el “Año de la Mujer Indígena”.

GIB: Has mencionado la soberbia de la SICT y la falta de conciliación. ¿Por qué crees que evitan negociar, y qué han propuesto ustedes para resolver esto?

LAR: La SICT actúa injustamente, dilatando el pago a Mezquitán desde la demanda de 2017 con tácticas como amparos improcedentes, que retrasaron dos años. En siete u ocho reuniones, solo ofrecen excusas (“no estamos notificados”) y rechazan conciliar, pese a nuestra disposición a negociar un avalúo justo. Saben que perdieron, pero buscan desgastar a la comunidad. Esta negligencia aumenta el costo del avalúo, una irresponsabilidad pagada con recursos públicos.

GIB: La comunidad ha mostrado paciencia, pero también frustración. ¿Qué mensaje envías a los jaliscienses y a las autoridades sobre cómo apoyar a Mezquitán?

LAR: Esta lucha es de todos. La carretera Guadalajara-Saltillo existe por el sacrificio de la Comunidad Indígena Mezquitán. Apóyenlos compartiendo su historia y exigiendo que la SICT cumpla. No debemos ignorar su dolor. A las autoridades: dejen de evadir, ordenen el avalúo y paguen. A la comunidad: seguiremos hasta lograr justicia. Su lucha inspira a Jalisco y México.

GIB: ¿Un mensaje final para los lectores?

LAR: Que nadie olvide: Mezquitán no pide favores; exige su derecho. Hace 21 años entregaron sus tierras, y la carretera está ahí, beneficiando a millones. Ahora es turno de la SICT del Gobierno Federal, de cumplir. Como dicen en la comunidad: “La tierra no miente, y la justicia siempre encuentra su camino”. Sigamos luchando juntos.