El desafío de construir comunidad: Jalisco sin pulso

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Cuando pienso en mi ciudad, viene a mi mente una singular metáfora: la de una ciudad que se queda sin semáforos. No porque haya fallado el sistema eléctrico, ni por alguna tormenta fuera de lo común, sino porque alguien, en algún punto de la cadena de decisiones, dejó de dar importancia a lo elemental.

Semáforos descompuestos, esquinas convertidas en caos, peatones que sortean autos como si se tratara de una competencia de supervivencia. Una ciudad sin semáforos es una ciudad sin reglas visibles. Por eso esta es también una metáfora precisa de lo que ocurre cuando el orden deja de importar en la administración pública.

En Jalisco, en casi todos sus rincones, hace tiempo que el orden — esa idea mínima pero poderosa que permite que una comunidad se mueva con certeza y con paz — dejó de ser una prioridad. La sensación es que hemos normalizado el desorden, lo hemos incorporado a nuestra cotidianidad al grado de que ya no nos escandalizan las estampas urbanas que deberían indignarnos.

Motociclistas que “toman” avenidas completas en las madrugadas como si se tratara de un ritual callejero, sin autoridad que los regule ni que aparezca siquiera a observar. Calles dañadas sin mantenimiento, zonas enteras que parecen atrapadas en un estado permanente de reparación y espacios públicos convertidos en campos de obstáculos urbanos.

Nada de esto es producto del azar. Son consecuencias acumuladas de administraciones que, lejos de asumir el poder como un espacio para articular el bien común, han optado por convertirlo en plataforma de promoción personal o en escenario para la simulación. Se gobierna para la cámara, para la nota, para el siguiente cargo. Se construye más desde el marketing que desde el interés público…

En los últimos años, la clase política que ha ocupado los espacios más relevantes de representación en Jalisco ha tenido muchas oportunidades para demostrar una vocación genuina de servicio, sin embargo, lo que ha predominado es una preocupante indiferencia ante lo que de verdad duele y afecta a la gente.

No obstante, lo anterior, debo precisar que no se trata de descalificar en automático ni de rechazar todo lo hecho. Sería injusto desconocer avances, logros o esfuerzos aislados (que sí han existido).

Pero dado el contexto actual, es importante precisar que cuando esos esfuerzos se ven opacados por una percepción generalizada de abandono, de soberbia, de lejanía, es momento de hacer una pausa y repensar el rumbo. Gobernar no es administrar el espectáculo. No es diseñar slogans ni coreografiar conferencias de prensa. Gobernar es saber decir que no cuando hace falta, hacer cumplir la ley, aunque no dé aplausos, construir condiciones para que el ciudadano viva mejor sin necesidad de pedir favores.

En la política local se ha instalado una peligrosa comodidad: la de creer que el control electoral equivale a legitimidad permanente. Pero los votos, aunque importantes, no son cheques en blanco. La legitimidad se renueva todos los días con decisiones sensatas, con atención al detalle, con sensibilidad frente al dolor ajeno. Y eso no se logra desde la distancia ni desde la arrogancia, sino con cercanía real, con escucha activa, con voluntad de corregir cuando se ha fallado.

Hay temas que duelen especialmente por lo que revelan. Uno de ellos es la inseguridad que no se presenta en los grandes titulares, sino en las expresiones cotidianas de miedo y vulnerabilidad. La gente ya no llama a la policía porque ha aprendido que muchas veces no llega. Las mujeres modifican sus rutas para evitar zonas donde no hay alumbrado ni vigilancia. Los jóvenes asumen que ser víctimas de robo en el transporte público es una especie de impuesto urbano no declarado. Este tipo de violencia, que se infiltra en lo cotidiano, es la que más erosiona la confianza ciudadana.

Y al mismo tiempo, se ha perdido también el sentido profundo de lo público. Muchas decisiones se toman pensando en beneficios de corto plazo, sin atender las consecuencias a futuro. Se desarrollan zonas sin infraestructura suficiente, se sobreexplotan recursos y espacios, se promueven inversiones sin planes de sostenibilidad. Todo parece orientado a mostrar resultados “visibles” que sirvan para alimentar narrativas políticas, pero que no necesariamente responden a una lógica de bienestar colectivo.

Por eso, más allá de nombres propios o colores partidistas, lo que urge en Jalisco es una nueva ética del servicio público. Una visión que recupere el valor del orden, de la legalidad, de la equidad. Que entienda que gobernar no es una oportunidad para presumir poder, sino una responsabilidad que se asume con humildad. Que sepa que el verdadero progreso no se mide por la cantidad de obras inauguradas, sino por el nivel de vida que alcanza la gente en las colonias, en los barrios, en las comunidades rurales.

Las próximas generaciones nos juzgarán por lo que permitimos que se normalizara. Por los silencios cómplices, por las omisiones disfrazadas de eficiencia, por las prioridades mal asignadas. Y si algo podemos hacer desde la crítica —una crítica honesta, constructiva, sin estridencias ni linchamientos— es señalar que no podemos seguir aceptando administra desconectada de su gente. No podemos resignarnos a vivir en ciudades donde lo caótico se vuelve parte del paisaje.

Volver a poner orden, recuperar el sentido del servicio, construir confianza, no es tarea de un solo gobierno ni de una sola persona. Pero sí comienza por reconocer que algo no está funcionando. Que hace falta mirar con más seriedad los pequeños síntomas que revelan descomposición. Que gobernar exige más que ambición: exige vocación.

Una ciudad que pierde orden también pierde su ritmo. Y una sociedad que se acostumbra a ese caos corre el riesgo de perder su esperanza. Lo que está en juego no es una elección ni una narrativa, sino la posibilidad de volver a construir comunidad.