El difícil camino de la cooperación

Opinión, por Iván Arrazola //

El reciente intercambio de declaraciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump ha puesto en evidencia la complejidad que enfrenta la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

Por un lado, Sheinbaum ha reiterado públicamente que la soberanía mexicana es inviolable y que, en consecuencia, no está dispuesta a aceptar la propuesta de Trump de desplegar tropas estadounidenses en territorio nacional para combatir a los grupos del crimen organizado. “El territorio es inviolable, la soberanía se aprecia y se defiende”, afirmó la presidenta.

En respuesta, Trump acusó a Sheinbaum de tener tanto miedo a los cárteles que, según sus propias palabras, “no puede pensar con claridad”. Este cruce de declaraciones refleja un escenario cada vez más tenso, en el que el rechazo del gobierno mexicano a permitir una intervención directa ya comienza a traducirse en consecuencias concretas.

De hecho, Estados Unidos ha empezado a ejercer presión mediante una serie de decisiones que colocan al gobierno mexicano en una posición de subordinación, contraria al discurso oficial de México que insiste en promover una relación de equilibrio, cooperación y entendimiento entre ambos países.

Un primer indicio de esta presión se hizo visible con la cancelación de la visa estadounidense de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su esposo. Aunque la gobernadora ha ofrecido diferentes explicaciones —desde un supuesto tema administrativo hasta problemas relacionados exclusivamente con su cónyuge—, lo cierto es que Estados Unidos se ha negado a proporcionar información oficial, argumentando que estos procesos son confidenciales.

A pesar de la intervención de la presidenta Sheinbaum solicitando explicaciones, la respuesta fue la misma: el gobierno estadounidense no dará detalles. Más allá de las razones específicas, esta medida afecta inevitablemente la capacidad de interlocución internacional de una autoridad estatal mexicana, dejando entrever un posible uso político de las restricciones migratorias.

Se suman a este escenario las declaraciones, realizadas de manera anónima por funcionarios estadounidenses, que advierten que más integrantes de la clase política mexicana podrían ser objeto de restricciones migratorias en los próximos meses. Según estas fuentes, la administración estadounidense trabaja con una lista que incluye a varias decenas de figuras políticas del partido gobernante señaladas por agencias de inteligencia y seguridad como presuntamente vinculadas al narcotráfico.

A estos hechos se suma otro acontecimiento relevante: el cruce a territorio estadounidense de 17 familiares de Ovidio Guzmán por la garita de San Ysidro, quienes se entregaron a las autoridades estadounidenses. Todo apunta a que esta acción forma parte de las negociaciones que Guzmán sostiene para declararse culpable de tráfico de drogas. Este movimiento unilateral por parte de Estados Unidos ha generado inconformidad en el gobierno mexicano, que ha acusado a su vecino del norte de actuar sin coordinación ni aviso previo, rompiendo con el discurso de cooperación bilateral.

En este contexto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, defendió que la detención y extradición de Ovidio Guzmán se realizó por las vías legales y en pleno respeto a los procedimientos formales. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad de Guzmán podría implicar la mención de funcionarios mexicanos involucrados con el crimen organizado, lo que pondría al gobierno federal bajo presión para actuar contra personajes cercanos, posiblemente incluso de su propio partido. Además, se teme que la salida de estos familiares provoque una nueva ola de violencia en Sinaloa, un estado que lleva años atrapado en una crisis de seguridad.

Por otro lado, el desmantelamiento reciente de tres narco laboratorios en Sinaloa encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, con certificación de agencias estadounidenses, también generó polémica. La Embajada de Estados Unidos difundió imágenes de presuntos agentes en territorio mexicano, lo que se interpretó como una posible intervención extranjera.

La presidenta Sheinbaum negó que existan operativos con participación de fuerzas estadounidenses, señalando que, desde hace años, las agencias norteamericanas no operan directamente en México. Sin embargo, persiste la duda sobre si el gobierno federal estaba o no plenamente informado, o si prefiere no reconocer públicamente este tipo de colaboración, incluso cuando se trate solo de capacitación.

Los acontecimientos recientes muestran que, aunque México ha intensificado acciones como el despliegue de la Guardia Nacional y la extradición de 29 líderes criminales en lo que va del año, para Estados Unidos estos esfuerzos siguen siendo insuficientes. La desconfianza persiste, especialmente ante la percepción de que el gobierno mexicano evita reconocer la infiltración del crimen organizado en la clase política.

Mientras México defiende su soberanía y rechaza una intervención directa, Estados Unidos muestra su poder de presión en áreas clave, recordándole a México la profunda asimetría en la relación bilateral. En este difícil equilibrio, la cooperación real sólo será posible cuando ambas partes reconozcan y gestionen, con responsabilidad y transparencia, las condiciones desiguales que definen su relación.