Una deuda pendiente de Andrés Oppenheimer

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Hace más de dos décadas, en una conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en San Juan, Puerto Rico, escuché al periodista argentino y premio Pulitzer Andrés Oppenheimer abordar el flagelo del narcotráfico que azotaba a Estados Unidos. Su tesis era contundente: los capos mexicanos y latinoamericanos dominaban el negocio de las drogas en el país de las barras y las estrellas.

Pero una pregunta me inquietaba: ¿qué papel jugaba la corrupción en Estados Unidos, donde los grandes narcotraficantes parecían operar en las sombras, sin los reflectores que en México o Colombia señalaban a figuras como Pablo Escobar, Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo, entre otros.

En el turno de preguntas, planteé mi duda: si en América Latina los capos tenían “fecha de caducidad” una vez señalados, ¿por qué en Estados Unidos la prensa, incluidas las investigaciones periodísticas, rara vez identificaba a los líderes del narcotráfico? Oppenheimer no esquivó la cuestión: “La corrupción debe ser muy grande”, respondió. Explicó que las drogas ingresan por aire, mar o tierra, y para circular hasta los consumidores requieren complicidades de agentes antidrogas, fiscales, jueces y autoridades. Sin esa red de encubrimiento, el negocio colapsaría.

Añadió una observación incisiva: para los legisladores estadounidenses, era más fácil culpar a los gobiernos de países productores, acusándolos de proteger cárteles, que enfrentar a los actores locales que manejan la distribución y el lavado de dinero. Esta narrativa, señaló, convertía a los estadounidenses en víctimas de “villanos” extranjeros, un enfoque que Oppenheimer exploró en su libro Crónicas de héroes y bandidos (1998), donde retrataba las dinámicas de poder en América Latina con agudeza y humor.

Intrigado, le pregunté cuándo escribiría sobre los capos estadounidenses, esos nombres que el periodismo rara vez destapa. “Es un gran tema”, reconoció, prometiendo abordarlo en el futuro. Años después, en otra reunión de la SIP, lo volví a encontrar y le recordé su deuda con los lectores. Con evasivas, dijo que el libro seguía pendiente. Aquella promesa, lamentablemente, no se ha cumplido.

La anécdota revela una verdad incómoda: el narcotráfico no es solo un problema de los países productores. En Estados Unidos, la opacidad que rodea a los grandes distribuidores sugiere una red de complicidades que el sistema prefiere no iluminar. Mientras en México o Colombia los capos son perseguidos con nombres y apellidos, en el norte los responsables operan en un silencio que protege intereses poderosos.

Oppenheimer, con su olfato periodístico, lo entendió, pero su reticencia a profundizar en el tema deja un vacío en el análisis de un negocio que cruza fronteras.

Una verdad a medias es una deuda con la justicia
La reflexión de Oppenheimer, aunque incisiva, quedó incompleta. El narcotráfico es una cadena global donde todos los eslabones—productores, distribuidores, consumidores y encubridores—comparten responsabilidad. En 2025, con el fentanilo y otras drogas sintéticas agravando la crisis en Estados Unidos, la pregunta sigue vigente: ¿quiénes son los capos que operan desde las sombras del poder? El periodismo, como el de Oppenheimer, tiene el deber de señalarlos, no solo de narrar las historias de “héroes y bandidos” del sur. Mientras esas verdades permanezcan ocultas, la lucha contra las drogas será una batalla a medias, y la justicia, una promesa incumplida.

LA HIPOCRESÍA DE WASHINGTON

¿Quién los entiende? Primero el gobierno norteamericano que encabeza el presidente Donald Trump declara terroristas a cárteles mexicanos y luego negocian con Ovidio Guzmán. En efecto, este gobierno que encabeza el magnate inmobiliario ha elevado la retórica al designar como «organizaciones terroristas» a seis cárteles mexicanos, incluido el Cártel de Sinaloa, en febrero de 2025.
Esta medida, presentada como una estrategia para combatir el narcotráfico y la violencia transnacional, se tambalea ante la revelación de un acuerdo que permitió a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, negociar su declaración de culpabilidad por narcotráfico a cambio de la protección de 17 de sus familiares en suelo estadounidense.

La contradicción es flagrante: ¿cómo puede Washington calificar a los cárteles como terroristas, prohibiendo cualquier trato con ellos, mientras facilita la entrada de familiares de un líder criminal bajo un supuesto «criterio de oportunidad»?

Esta doble moral no es nueva en la política exterior de Estados Unidos. La designación de cárteles como terroristas, que implica sanciones drásticas como el congelamiento de activos y la prohibición de vínculos comerciales, busca proyectar una imagen de mano dura contra el crimen organizado.

Sin embargo, la negociación con Ovidio Guzmán, confirmada por el secretario de Seguridad mexicano Omar García Harfuch, revela que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está dispuesto a flexibilizar su postura cuando le conviene, priorizando la obtención de información sobre redes criminales por encima de sus propios principios. Este pacto, que incluyó el traslado de Griselda López Pérez, exesposa de «El Chapo», y otros 17 familiares a través de la garita de San Ysidro, se realizó sin notificar al gobierno mexicano, lo que constituye una afrenta a la soberanía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido transparencia, recordando que Estados Unidos «ha dicho que no negocia con terroristas». Su reclamo pone en evidencia la incoherencia de una política que etiqueta a los cárteles como amenaza global, pero permite acuerdos opacos que benefician a figuras clave del narcotráfico. La designación de «terroristas» no solo complica la cooperación bilateral, al abrir la puerta a posibles intervenciones unilaterales en México, sino que también parece ser una herramienta política para justificar negociaciones selectivas que sirven a los intereses estadounidenses, como el combate al tráfico de fentanilo, mientras ignoran el impacto en la estabilidad de México.