Lo que dejó la elección judicial

Opinión, por Iván Arrazola //

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su reforma constitucional el 5 de febrero de 2024 —conocida como el “Plan C”—, pocos imaginaron la rapidez con la que avanzaría el proceso. Lo que parecía una propuesta lejana o inalcanzable se volvió realidad en cuestión de meses. No obstante, el camino ha estado marcado por controversias, particularmente en torno a la pregunta central: ¿debía o no participar la ciudadanía en la elección del Poder Judicial?

Aunque la elección popular de miembros del Poder Judicial la puso sobre la mesa el partido gobernante, hubo un cambio sustancial con respecto a otros procesos electorales impulsados por el oficialismo.

A diferencia de la consulta popular y la revocación de mandato —cuyos resultados no fueron vinculantes por no alcanzar el umbral mínimo de participación—, en esta elección judicial, las consecuencias serán efectivas sin importar el porcentaje de participación. Esto implica una transformación profunda en el diseño del equilibrio entre los poderes de la Unión.

En este contexto, surgieron argumentos diversos sobre si acudir a votar o abstenerse. Uno de los aspectos más debatidos fue el uso de los llamados acordeones, materiales distribuidos para guiar el voto ciudadano.

Mientras algunos los defendieron como herramientas útiles en una elección compleja, otros los consideraron mecanismos de inducción del voto, en un proceso en el que era prácticamente imposible conocer en profundidad a los cientos de candidatos registrados.

El debate se intensificó cuando se acusó al oficialismo de haber distribuido los «acordeones» para favorecer a perfiles afines, sin que el INE pudiera frenar su circulación a pesar de las exigencias de todas las fuerzas políticas, incluida la presidenta. Sin embargo, hasta ahora no se ha esclarecido el origen de los materiales y es poco probable que se impongan sanciones.

A lo anterior se suma el diseño de las boletas, que rompió con la tradición electoral mexicana. Acostumbrados a identificar fácilmente a los candidatos mediante los logotipos de los partidos, los votantes se enfrentaron a listas extensas de nombres desconocidos, sin referentes claros ni partidos políticos como guía.

Otro punto que generó preocupación fueron los perfiles de los aspirantes. Diversas organizaciones civiles, así como figuras políticas como la presidenta y el senador Gerardo Fernández Noroña, exigieron al INE retirar candidaturas vinculadas con la defensa legal de criminales o con cultos religiosos.

Estas demandas evidenciaron deficiencias en el proceso de selección por parte de los comités evaluadores, quienes, ante el abrumador número de aspirantes, no pudieron analizar a fondo todos los perfiles.

Este cúmulo de señalamientos generó más dudas que certezas sobre la legitimidad del proceso. El INE, además, organizó esta elección en condiciones adversas, con menos recursos y sin los medios adecuados para garantizar una elección informada y equitativa.

Desde el oficialismo, se defendió la participación ciudadana con el argumento de que ahora “el pueblo” elige a los ministros, en lugar del Senado con la presidenta. Por su parte, otras voces afirmaron que, a pesar de las irregularidades, era fundamental ejercer el derecho al voto. La analista Viridiana Ríos, con base en una revisión de 117 perfiles, señaló que el 55 % de los candidatos no presentaban vínculos directos con Morena.

Las voces más críticas denunciaron la elección como una simulación. Argumentaron que el resultado era previsible desde el inicio y que los nuevos miembros, una vez electos, estarían sujetos al control político de quienes promovieron su postulación.

Lo cierto es que este proceso privó a la ciudadanía de un verdadero ejercicio democrático. La mayoría de las personas que acudieron a las urnas el pasado domingo lo hicieron con escasa información, a pesar de la existencia de plataformas que ofrecían datos sobre los candidatos.

Dicha información, no obstante, resultó superficial. No hubo debates públicos ni condiciones para que las y los aspirantes realizaran campañas efectivas. La discusión pública se redujo a una dicotomía: votar o no votar. Mientras tanto, el oficialismo se concentró más en movilizar estructuras que en promover un proceso participativo y transparente.

La oposición, por su parte, dejó mucho que desear. No solo se desentendió del proceso, sino que también abandonó a la ciudadanía sin estrategias claras. Ante un modelo tan cuestionado, lo mínimo que se esperaba era un respaldo a los perfiles más independientes.

El 2 de junio marcará un antes y un después para México. El equilibrio de poderes se ha modificado, y con ello, aumentan las incertidumbres sobre el ejercicio del poder político. Esta elección debe servir como un llamado de atención: la democracia no se puede debilitar.

Es imprescindible garantizar procesos legítimos, transparentes e informados. Esto implica dotar de los recursos suficientes a las autoridades electorales, fomentar el debate público, y asegurar que las y los ciudadanos cuenten con toda la información necesaria para ejercer su voto de manera consciente y libre.