Fruslerías

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Contrario a lo que significa el título de esta columna, la reforma judicial no tuvo nada de trivial o de poca importancia, por el contrario, la relevancia que tiene para el futuro de este país es innegable. Lo nocivo que resulta para la impartición de justicia ha sido señalado en abundancia por juristas y estudiosos del derecho y en esta columna no tendría más que agregar que no se hubiera dicho ya, al igual que los efectos mediatos en la economía, tan necesitada de certidumbre en la inversión productiva, también señalada.

Alarma la ausencia en la conversación pública de los grandes temas resultantes del experimento esperpéntico que fue la elección y sí, en cambio, la intrascendente discusión sobre el uso de la toga en las sesiones públicas de la Suprema Corte de Justicia, lo que es en esencia una auténtica fruslería ante la gravedad de los asuntos que se soslayan.

En el oficialismo resulta más importante subrayar que los exiguos votos son suficientes para considerar legitimada la elección, que analizar los perjuicios que arrojó la improvisación de un procedimiento electivo, tan insuficiente y defectuoso, que motivó a que el órgano electoral emitiera 308 acuerdos administrativos para cubrir los vacíos legislativos y definir criterios en aspectos sustanciales de la elección.

La crítica, aunque sea en positivo, es inaceptable, pues es del interés gubernamental que, una vez concluido el proceso y lograda la inclusión de los juzgadores por ellos designados ─acordeones de por medio─ la discusión se trivialice.

Las observaciones que presentó la Misión de Observación Electoral de la OEA, invitada por el propio INE, son consideradas una intolerable intromisión. Se requirieron 37 concisas cuartillas, producidas por 16 expertos internacionales, para señalar las fallas en el proceso.

Desde el tramo de selección de aspirantes o candidatos, que nunca fueron sometidos a pruebas de idoneidad o capacidad para la posición, hasta el uso de tómbolas, hicieron del “ejercicio democrático” una burda simulación.

Debe dolerle al gobierno la recomendación final de la misión de observadores: “La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del poder judicial.” Y el remate final: “Dicho lo anterior, la misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región.”

Esto es lo que debería estarse analizando y proponiendo alternativas, ya no de sustitución o eliminación del modelo ─eso no sería conveniente al régimen que reduce y entiende a la democracia como un mero plebiscito─ sino cuando menos del perfeccionamiento del mismo para que lleguen los capaces y preparados no los favoritos de los grupos en el poder y la contienda electoral tenga equidad y transparencia.

Hablar de togas y atuendos nativos como afirmación del origen, habla por sí mismo de parcialidad hacia un segmento y pretenden que eso se entienda como justicia social. Centrar en el origen étnico del electo la virtud y mérito para presidir la Suprema Corte es una fruslería comparada con la enorme responsabilidad que contrae, para la cual aparentemente no está capacitado.

El INE no puede juzgar sobre ese particular, solo si cumplieron las condiciones que se exigieron para participar en el proceso y dará constancias de mayoría, pero una certificación de capacidades no existe y, por tanto, parece que esto será como los carros de calabazas: se acomodarán en el camino y veremos que sale en el experimento. Esa es demasiada irresponsabilidad para con el país y la ciudadanía.

Menuda tarea le espera al nuevo ente llamado Tribunal de Disciplina Judicial que tendrá que garantizar que los jueces y magistrados actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley, además de investigar y sancionar faltas graves en el ejercicio de la administración de justicia, sin que nada ni nadie haya definido la gradualidad de las faltas.

Aspectos como este, que es el marco en que habrá de regirse la nueva corte suprema y el sistema judicial, deberán incorporarse a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin embargo, los senadores y el futuro presidente de la suprema corte están más preocupados porque se elimine la toga.

Con toda la problemática que deriva de este engendro de reforma judicial, centrar la discusión en la presencia y vestuario de un mestizo abogado de causas indígenas es por lo menos irresponsable y demuestra el poco respeto que tiene este gobierno por la vigencia plena del Estado de derecho.

El país no anda bien, aunque el discurso oficial lo niegue. El gobierno está ausente, abúlico, pendiente de acumular poder sin saber cómo usarlo para el bien de todos, no solo del movimiento, pero sigamos discutiendo sobre la toga o no me llamen Andy. Puras fruslerías.