Gobernar sin ciencia

Opinión, por Iván Arrazola //

Durante una de sus conferencias mañaneras, el expresidente López Obrador expresó que gobernar “no tiene mucha ciencia”. Tal afirmación, aparentemente inofensiva, cobra nuevas dimensiones cuando se observa cómo algunos funcionarios han intentado llevar esa lógica a la práctica.

Un ejemplo reciente fue el del director general del Infonavit, Octavio Romero, quien —también en una conferencia mañanera— presentó una propuesta para regularizar viviendas abandonadas que se encuentran bajo control del Instituto.

El planteamiento es sencillo en apariencia, pero de gran complejidad en sus implicaciones: aquellas personas que actualmente habitan viviendas desocupadas y no tienen vínculo legal con el instituto podrían regularizar su situación mediante el pago de una renta o la adquisición de la propiedad. Es decir, quienes hayan ocupado una vivienda del Infonavit sin tener derechos sobre ella podrían, eventualmente, convertirse en propietarios si se someten a un esquema de regularización.

Esta propuesta, expuesta sin mayor detalle técnico ni jurídico, provocó una inmediata ola de reacciones. Aunque la secretaria de Gobernación y la presidenta Claudia Sheinbaum intentaron contener las críticas y asegurar que la propiedad privada está protegida en México, se ha generado un amplio debate. Organizaciones empresariales y representantes del sector inmobiliario reaccionaron con firmeza. En comunicados públicos, señalaron:

Diversas organizaciones empresariales manifestaron su firme rechazo a la propuesta anunciada por el director del Infonavit, que plantea la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, ofrecidos además a precios subsidiados.

Consideran que este tipo de iniciativas representan un incentivo a la ocupación ilegal de inmuebles y, por tanto, rechazaron categóricamente cualquier intento por premiar estas prácticas. Asimismo, exigieron a las autoridades competentes —y en particular a la Asamblea del Infonavit— que frenen cualquier esfuerzo orientado a legalizar la tenencia irregular de viviendas.

Las organizaciones también señalaron que el Instituto no cuenta con facultades legales para otorgar créditos, contratos de arrendamiento ni escrituras a personas que no sean derechohabientes, y recordaron que la atención a la población no afiliada corresponde a otras instancias del Estado, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Los datos del propio gobierno muestran la magnitud del problema: de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar, en un universo estimado de 843 mil —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86 % están ocupadas por personas sin vínculo jurídico con el Instituto ni con los propietarios originales.

Es cierto que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y que se trata de una problemática social urgente. El gobierno de Sheinbaum ha anunciado su apuesta por la construcción de un millón de viviendas como parte de su estrategia para garantizar el derecho a una vivienda digna, un objetivo prioritario para millones de personas.

Sin embargo, la gran interrogante no radica solo en si existen los recursos económicos suficientes, sino en si el Estado cuenta con la capacidad institucional y operativa para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud. Esta duda se acentúa considerando los antecedentes de gestión del actual director del Infonavit, Octavio Romero, cuya administración en Pemex fue ampliamente cuestionada por su falta de resultados, así como el historial de un gobierno poco habituado a rendir cuentas de manera transparente y eficaz.

Gobernar —aunque lo niegue López Obrador— sí tiene ciencia. Requiere planeación, conocimiento, responsabilidad institucional y, sobre todo, respeto al estado de derecho. Presentar una idea de regularización sin una estructura normativa sólida ni una estrategia clara para evitar incentivos perversos —como la ocupación ilegal de viviendas— es irresponsable.

Con esta propuesta, el gobierno parece haber creado un nuevo paradigma: el del populismo inmobiliario, una fórmula que privilegia las decisiones de alto impacto mediático sin sustento técnico, legal o presupuestal.

Además, la medida ignora causas estructurales de fondo: muchas de estas viviendas fueron abandonadas por carecer de servicios básicos, por ubicarse en zonas con altos índices de inseguridad, o porque sus propietarios originales no pudieron continuar pagando ante condiciones laborales precarias. El problema, por tanto, no es solamente de propiedad, sino de habitabilidad y de política pública de desarrollo urbano.

La verdadera discusión debería centrarse en cómo rehabilitar esas viviendas, cómo hacerlas atractivas para nuevos compradores, y a quién deben dirigirse: personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, madres jefas de familia o personas con discapacidad. Eso implica diseñar políticas públicas serias, bien focalizadas y evaluables, no generar expectativas basadas en promesas vagas o mal diseñadas.

La idea de que “gobernar no tiene ciencia” es peligrosa. Revela una visión simplista de la administración pública que puede conducir a decisiones con efectos negativos duraderos. Lo que se presentó, más que una propuesta articulada y reflexionada, parece una ocurrencia que busca aplausos fáciles y simpatías electorales. Tal vez, y lamentablemente, eso es lo que algunos entienden por gobernar sin ciencia.