Alfonso Romo y las acusaciones del Departamento del Tesoro

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

En medio de la polarización política que atraviesa México y la creciente tensión en las relaciones con Estados Unidos, las acusaciones del Departamento del Tesoro de ese país contra tres instituciones financieras mexicanas —Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam— por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles del narcotráfico deben tomarse con cautela.

Estas acusaciones, que han generado un fuerte impacto en la opinión pública, señalan particularmente a Vector Casa de Bolsa, asociada al empresario regiomontano Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Las acusaciones y su trasfondo político

El Departamento del Tesoro, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN), acusa a Vector de facilitar operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo entre 2013 y 2021. Según las autoridades estadounidenses, una «mula financiera» habría lavado 2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, y se habrían realizado pagos por más de 1 millón de dólares a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la producción de fentanilo entre 2018 y 2023.

Por su parte, CIBanco e Intercam son señalados por supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo reuniones entre ejecutivos de Intercam y presuntos miembros de esta organización criminal.

Sin embargo, las acusaciones carecen de claridad y evidencia pública contundente, lo que sugiere un trasfondo político. Alfonso Romo, quien fungió como enlace entre el gobierno de AMLO y el sector empresarial, abandonó la administración en 2020 debido a diferencias ideológicas.

Este contexto alimenta la percepción de que las acusaciones podrían estar motivadas por intereses políticos, especialmente en el marco de la política antidrogas de la administración de Donald Trump, que ha clasificado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

La respuesta del gobierno mexicano

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reaccionó con prontitud, exigiendo al Departamento del Tesoro pruebas concretas de las acusaciones. Hasta el momento de redacción de este artículo, no se ha hecho pública ninguna evidencia sólida.

La SHCP argumenta que las transacciones señaladas forman parte del comercio bilateral con China, que asciende a 139 mil millones de dólares anuales, y que las irregularidades detectadas son de carácter administrativo, no delictivo.

Por su parte, Vector Casa de Bolsa ha negado categóricamente las acusaciones, destacando sus 50 años de trayectoria y su cumplimiento con los estándares normativos. La institución asegura que las operaciones cuestionadas son legítimas y están respaldadas por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval). Cabe destacar que Alfonso Romo no ha sido imputado directamente, pero su cercanía con AMLO amplifica el impacto político de estas acusaciones.

Politización y presión internacional

No es la primera vez que el gobierno mexicano enfrenta señalamientos de este tipo. En el pasado, la DEA ha insinuado vínculos entre narcotraficantes y la campaña presidencial de AMLO en 2006, acusaciones que nunca prosperaron por falta de pruebas. En el contexto actual, la narrativa de la administración Trump parece buscar presionar al sistema financiero mexicano para que asuma mayores responsabilidades en la lucha contra el lavado de dinero.

Esta estrategia se ve reforzada por la percepción en algunos sectores de México de que Trump representa una alternativa frente a la hegemonía de Morena, en un escenario donde la oposición carece de peso político significativo.

Implicaciones y desafíos

El caso pone de manifiesto los desafíos del sistema financiero mexicano para blindarse contra el lavado de dinero. La sociedad civil demanda mayor transparencia y colaboración internacional para investigar posibles nexos entre políticos, empresarios y el crimen organizado, siguiendo la pista del dinero.

Sin embargo, para desentrañar esta compleja red, es indispensable que tanto el gobierno estadounidense como el mexicano actúen con claridad. La FinCEN debe presentar pruebas sólidas, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deben realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer los señalamientos.

Conclusión

Las acusaciones contra Vector, CIBanco e Intercam, y la mención de Alfonso Romo, han avivado el debate público en un entorno de polarización y tensiones diplomáticas. Sin pruebas concretas, estas acusaciones corren el riesgo de percibirse como un instrumento político más que como un esfuerzo genuino por combatir el crimen organizado.

México y Estados Unidos enfrentan el reto conjunto de fortalecer la cooperación en materia de inteligencia financiera, pero esta debe basarse en hechos verificables y no en especulaciones que alimenten la desconfianza. Mientras no se presenten pruebas contundentes, el caso seguirá siendo un capítulo más en los complejos juegos del poder.