Crisis sobre dos ruedas: Moto que se compre, moto que debe traer placas

Por Francisco Junco //

El aumento acelerado de motocicletas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha generado una emergencia silenciosa que cobra vidas semanalmente. Según el Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco (IIEG), en 2025 se reportan al menos dos muertes de motociclistas por semana.

En el primer trimestre del año, se registraron 54 fallecimientos, representando el 48.6% de las víctimas de accidentes de tránsito. Junio suma 21 muertes, según el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ). En 2023, la ZMG reportó 94 fallecidos, y en 2024, 88, sumando 181 víctimas fatales en dos años, cifras que alarman a las autoridades.

El comisario Jorge Arizpe García, titular de la Policía Vial de Jalisco, en entrevista con Conciencia Pública, urgió regular la circulación de motocicletas desde su origen. “Moto que se compre, moto que debe traer placas. Deben tener documentos como cualquier vehículo y usarse correctamente, sin llevar a toda la familia a bordo. Es un peligro para el usuario”, advirtió. Propuso que la compraventa de motos siga los mismos criterios que los automóviles, con documentación verificada para controlar el padrón y reducir el desorden que contribuye a accidentes e impunidad.

El crecimiento descontrolado de motocicletas en la ZMG preocupa a las autoridades viales. Arizpe destacó que el problema no es solo la cantidad de unidades, sino el mal uso, la falta de cultura vial y el incumplimiento de normas. Desde enero hasta junio de 2025, la Policía Vial remitió 8,167 motocicletas al corralón: 4,648 en la ZMG y 3,519 en el interior del estado. Estas cifras reflejan la intensidad de los operativos y la magnitud del problema. Arizpe señaló que los accidentes con motos son casi diarios, con uno o dos incidentes de lunes a viernes, muchos de ellos fatales o con lesionados graves.

Arizpe descartó que las motocicletas representen un problema para la movilidad durante el Mundial 2026, siempre que se conduzcan con equipo adecuado y cumplan las normas. “El problema no es que transiten, sino que no cumplen con reglamentos: casco, equipo protector, placas, tarjeta de circulación y licencia,” explicó. Subrayó que el 90% de las motos remitidas al corralón no son reclamadas, lo que sugiere irregularidades en su adquisición o uso.

El comisario criticó a las empresas comercializadoras por vender motos sin placas, dificultando su trazabilidad. “Si compras un auto, no sale sin placas. Las motos deberían ser igual,” afirmó. Informó que el gobierno estatal ya trabaja en medidas jurídicas para obligar a las empresas a vender motos emplacadas, comparando la compra actual de motos con “comprar quesadillas” por su facilidad y falta de control.

Arizpe hizo un llamado a los motociclistas para adquirir motos legalmente, con comprobantes de domicilio y placas, permitiendo al gobierno un control efectivo del parque vehicular. Las sanciones por irregularidades incluyen no portar placas, tener números de serie alterados, carecer de documentos o no usar casco. En operativos especiales, la falta de casco también puede llevar al decomiso de la moto.

El comisario enfatizó la necesidad de un cambio cultural en el uso de motocicletas. “Es un medio de transporte, pero llevar a la familia o niños pequeños es riesgoso. Un accidente puede agravar las cosas,” advirtió. Insistió en que los motociclistas deben priorizar la seguridad y la legalidad para evitar tragedias.

UN PROBLEMA MULTIFACÉTICO

El aumento de motocicletas en la ZMG responde a factores como su accesibilidad económica y su uso para trabajo, especialmente en servicios de reparto. Sin embargo, la falta de regulación y educación vial agrava los riesgos. La ausencia de placas complica identificar a los responsables en accidentes, mientras que la sobrecarga de pasajeros incrementa la inestabilidad de las motos, elevando la probabilidad de incidentes graves.

Los datos del IIEG y CEPAJ muestran que los accidentes de motos no solo son frecuentes, sino que tienen un alto índice de letalidad debido a la vulnerabilidad de los conductores. La falta de equipo protector, como cascos certificados, y el incumplimiento de normas de tránsito, como respetar límites de velocidad, son factores recurrentes en los siniestros. Además, la infraestructura vial de la ZMG no siempre está adaptada para las motos, lo que aumenta los riesgos en cruces y avenidas de alta velocidad.

MEDIDAS EN CURSO

El gobierno de Jalisco, según Arizpe, está abordando el problema desde varias perspectivas. Además de la regulación de la venta de motos, se planean campañas de concientización para fomentar una cultura vial responsable. Los operativos seguirán siendo clave para sancionar irregularidades, pero el enfoque también incluye trabajar con las comercializadoras para garantizar que las motos salgan con documentación completa.

La Policía Vial planea reforzar la capacitación de sus elementos para detectar irregularidades específicas en motocicletas, como números de serie alterados, que suelen estar ligados a actividades ilícitas. También se busca mejorar la coordinación con otras instancias, como la Secretaría de Transporte, para diseñar políticas públicas que integren a las motos en un esquema de movilidad segura.

HACIA UN CAMBIO CULTURAL

El mensaje de Arizpe es claro: la solución no solo está en la regulación, sino en la responsabilidad compartida entre autoridades, comercializadoras y motociclistas. La insistencia en que “moto que compre, moto que debe traer placas” busca establecer un estándar que facilite el control y reduzca la impunidad.

Sin embargo, el cambio cultural es igualmente crucial. Los motociclistas deben asumir que su seguridad depende de cumplir las normas y usar equipo adecuado, mientras que la sociedad debe reconocer a las motos como un medio de transporte legítimo, pero regulado.

Con el Mundial 2026 acercándose, Jalisco tiene una oportunidad para demostrar que puede gestionar su movilidad de manera eficiente. Resolver la crisis de las motocicletas requerirá un esfuerzo conjunto para equilibrar la libertad de este medio de transporte con la seguridad de todos los usuarios de las vías.