La basura que une y delata

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Dicen que la política, como la basura, suele acumularse en los márgenes. Y es justamente en esos márgenes donde este viernes se empujó una decisión que, aunque técnica en apariencia, tiene un peso político mayor del que sus impulsores quieren admitir.

En sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana —una de esas instancias que a ratos parece decorativa y a ratos cobra forma de suprapoder— se aprobó, por mayoría calificada, la creación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos.

El salón del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo (Imeplan) olía más a alineación institucional que a innovación. Y, sin embargo, allí ocurrió algo digno de mención: once votos a favor, uno en contra. Y un viejo anhelo reciclado: que la basura deje de ser una vergüenza dispersa y se convierta en una política pública compartida.

Había muchas caras conocidas: Karina Hermosillo, orquestando el discurso de la cooperación desde la Coordinación de Gestión del Territorio; Patricia Martínez Barba, la directora del Imeplan, jugando su papel de arquitecta técnica del acuerdo; y Sergio Chávez Dávalos, alcalde de Tonalá, quien no se guardó el crédito: “Yo propuse esto desde 2022. Hoy lo logramos.”

Y es que, en política, lo que se logra no siempre es lo que se construye. Pero Chávez no es de los que deja pasar la oportunidad. Frente a cámara, con fondo institucional y gesto de conquista, marcó territorio: Tonalá está puesto, dijo, y puso su bandera antes de que sus regidores dieran el siguiente paso. Un gesto que revela algo más que entusiasmo: anticipa la contienda, y con ella, las urgencias por mostrar resultados metropolitanos para causas locales.

EL VOTO QUE INCOMODA

El único municipio que votó en contra fue Tlaquepaque. No es casualidad. En el juego de tensiones políticas, Tlaquepaque ha optado por marcar distancia, incluso en temas donde la lógica técnica sugiere lo contrario. El portavoz de este voto fue el síndico del Ayuntamiento alfarero, José Luis Monterde Ramírez, especialista en llevar la contra y sacar buenos resultados. El “no” aislado, como todo disenso, incomoda a quienes apuestan por la unanimidad como sinónimo de legitimidad. Pero también sirve de recordatorio: no hay consenso sin condiciones.

Lo que se aprobó no compromete recursos, no sube tarifas, no delega funciones inmediatas. Es, dirán algunos, apenas un convenio marco. Pero los marcos son también declaraciones de intenciones. Y en este caso, la intención es clara: quitarle a la basura su carácter de asunto municipal y vestirla con traje de política de Estado.

TECNÓCRATAS Y BASURA

Karina Hermosillo lo dijo con tono firme: “El reto de los residuos rebasa los límites municipales”. Y no le falta razón. Cada día, el AMG genera más de 5 mil toneladas de basura. Toneladas que nadie quiere en su patio, pero que todos generan. Patricia Martínez -la exactivista ciudadana ahora fiel burócrata alfarista-, por su parte, se encargó de ensalzar la posibilidad de revalorizar lo que hoy se entierra, apilando argumentos técnicos en favor de la eficiencia y la economía circular.

Pero detrás de cada tecnócrata que propone está el político que se alista. Y esa es la clave. Este acuerdo no solo pavimenta la creación de un OPD con buenas intenciones; también se convierte en una herramienta de articulación regional para quienes buscan dejar huella más allá de sus municipios. Tonalá, por ejemplo, intenta despegar del estigma periférico para hablar con voz metropolitana. Y lo está logrando.

En el papel, la Agencia buscará coordinar recolección, tratamiento, normas técnicas, políticas públicas y criterios ambientales. Promete ser flexible, no imponer ni sustituir a los municipios, y alinearse con modelos como Barcelona o Medellín.

Una carta de presentación impecable para foros, indicadores y cooperación internacional. Pero, como suele pasar, lo difícil no será redactar los programas, sino aplicarlos en territorios donde la corrupción de los residuos huele más fuerte que los discursos, porque aquí no somos Barcelona. Aquí, los camiones siguen sin GPS, los basureros se incendian y los contratos se firman en lo oscuro.

Pero mientras las autoridades celebran, lo fundamental sigue sin respuesta: ¿Qué pasará con las concesiones turbias? ¿Quién pondrá orden en los tiraderos ilegales? ¿Dónde está la voluntad política para transparentar el verdadero negocio de los residuos?

Porque hablar de gestión integral sin hablar de los intereses que han hecho de la basura un negocio multimillonario es, en el mejor de los casos, ingenuidad. Y en el peor, complicidad.

EL ROMPECABEZAS APENAS COMIENZA

Falta aún que al menos dos cabildos municipales aprueben el convenio para que la Agencia comience su vida jurídica. Falta también que los municipios decidan a qué servicios se adhieren, con qué atribuciones, bajo qué modelo operativo. Pero el primer paso ya está dado. Y como en todo buen entramado político, el diseño es lo de menos. Lo que importa es quién lo opera y con qué fines.

Porque no hay política pública que no huela a intereses cuando se trata de basura. Y porque, como decía aquel cínico del viejo régimen, “todo poder se prueba en la capacidad de gestionar lo que nadie quiere ver”.

La basura, en este caso, une. Pero también revela.

En X @DEPACHECOS