Organizaciones ciudadanas denunciarán fraude ante instancias internacionales por elecciones judiciales

Por Francisco Junco //

Organismos de la sociedad civil, como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) y Saber Votar, planean acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar irregularidades en la elección del Poder Judicial de 2024.

Según René Bolio, presidente de la CMDH, el uso ilegal de “acordeones” y gastos de campaña excesivos evidencian un proceso ilegítimo, que amenaza con convertir a México en una dictadura.

En rueda de prensa, Bolio explicó que tras agotar instancias nacionales, recurrirán al sistema interamericano, que, aunque lento, ha sido efectivo en casos de derechos humanos. “La elección es ilegítima desde su origen, desarrollo y resultados. La Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y el Tribunal Electoral serán políticamente sesgados, no jurídicos,” afirmó, advirtiendo que solo el 13% del padrón electoral participó, insuficiente para legitimar la justicia en México.

Guillermo Torres Quiroz, director de Saber Votar, destacó que Durango y Veracruz tuvieron alta participación electoral, pero enfocada en autoridades locales, no judiciales. Criticó el uso de “acordeones” —listas ocultas con nombres de candidatos— y la falta de control en gastos de campaña.

Propuso una reforma electoral para 2027, cuando coincidirán elecciones de 16 gobernadores, ayuntamientos, congresos locales y cargos judiciales en más de 20 estados. “Será una locura sin una reforma seria,” advirtió.

Torres señaló irregularidades graves: 800 casillas con boletas no dobladas, caligrafías idénticas y defectos de identidad, confirmando un fraude electoral. “Los ciudadanos no contaron las boletas en las casillas por la cantidad de candidatos. El conteo tardó una semana y requirió cientos de personas por estado, lo que facilitó manipulaciones,” explicó.

El Consejo General del INE reconoció estas anomalías, reforzando las acusaciones de fraude.

El análisis de Saber Votar reveló que los magistrados electos tienen vínculos con Morena, el presidente López Obrador o la presidenta Claudia Sheinbaum. Nombres como Lenia Batres, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Celia Maya, Bernardo Bátiz y Verónica de Gyves evidencian una “colonización” del sistema judicial con operadores políticos. “La Suprema Corte será definida por la política, no por la experiencia jurídica,” afirmó Torres. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, descrito como una “Santa Inquisición” para el Poder Judicial, consolidará el control político interno.

Bolio comparó la situación actual con el control del PRI en el pasado, pero advirtió que el escenario actual es más peligroso. “Vemos una concentración de poder en el Ejecutivo, el Legislativo con mayoría calificada y ahora un Poder Judicial controlado. Es un camino hacia el autoritarismo y la dictadura, con una narrativa mesiánica y sin contrapesos,” señaló. La reforma judicial, aprobada con una mayoría artificial en 2024, y una “elección de Estado” han deslegitimado al Tribunal Electoral.

Las ONG’s argumentan que la elección violó el debido proceso, la autonomía y los requisitos de preparación para jueces. “Una votación con solo el 10% de participación es ilegítima en cualquier ámbito,” insistió Bolio.

La falta de transparencia en el conteo y la influencia de los “acordeones” refuerzan la percepción de un proceso viciado. Saber Votar exige controles más estrictos para futuras elecciones y una reforma que garantice imparcialidad.

Las repercusiones de esta elección son profundas. Una Corte políticamente alineada amenaza la independencia judicial, afectando la protección de derechos humanos y la democracia. Las ONG’s buscan que la Corte Interamericana sancione estas irregularidades, esperando sentar un precedente para futuras elecciones.

Mientras tanto, México enfrenta el riesgo de un retroceso democrático, con un sistema judicial subordinado al poder político, lo que podría consolidar un modelo autoritario sin precedentes en la historia reciente del país.