¿Quién responde por el SIAPA?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) está en el ojo del huracán. La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, presidida por la diputada Gabriela Cárdenas, aprobó un aumento del 9.65% a la tarifa del agua, una decisión que ha encendido las alarmas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

¿Cómo justificar un incremento cuando se desconoce la realidad de las finanzas del SIAPA? ¿De qué tamaño es la cartera vencida? Hay versiones de que esta llega a los 11 mil millones de pesos. Ha trascendido que 7 mil millones de ese monto han prescrito o están por prescribir. ¿Cómo se pretende cubrir su pasivo?

La ciudadanía merece respuestas claras. El SIAPA, creado hace más de cuatro décadas para servir a los ayuntamientos metropolitanos, atraviesa su peor crisis: un servicio deficiente, agua de pésima calidad y una gestión administrativa desastrosa.

Reportes periodísticos revelan que el organismo apenas recauda el 66.91% de lo facturado, lo que evidencia una ineficiencia estructural en la cobranza y sugiere privilegios indebidos en cuentas de empresas o instituciones, como ha denunciado el Observatorio Ciudadano de la Gestión Integral del Agua.

Ante este panorama, llama la atención la postura de los alcaldes metropolitanos. Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, ha sido el único en alzar la voz contra este aumento, calificándolo de injustificado.

Pero, ¿dónde está Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara? Su silencio es ensordecedor. ¿Por qué un tema que afecta a millones de tapatíos no figura en su agenda? ¿Y qué hay del compromiso de rendición de cuentas prometido por el gobernador Pablo Lemus? La opacidad del SIAPA, ¿es un preludio de lo que vendrá con la desaparición del Instituto de Transparencia (ITEI)?

Un aumento sin fundamento

El incremento tarifario del 9.65% carece de sustento, sin un diagnóstico claro de la situación financiera y administrativa del SIAPA. La ciudadanía desconoce cómo se manejan los recursos de un organismo que, según trascendidos, está al borde de la bancarrota técnica.

Antes de avalar cualquier aumento, los alcaldes metropolitanos y los legisladores deberían exigir una auditoría exhaustiva que revele el grado de ineficiencia, identifique posibles irregularidades y proponga soluciones de fondo.

El servicio del SIAPA es un agravio cotidiano para miles de familias. En colonias del sur y oriente de Guadalajara, el suministro es intermitente o inexistente, y las quejas por agua turbia, de mal olor o color “tamarindo” son constantes, como han señalado regidores de oposición y ciudadanos indignados. ¿Es aceptable cargar a los usuarios con un aumento cuando el organismo no garantiza un servicio digno?

Exigencia de transparencia y un plan de rescate

El director del SIAPA, Antonio Juárez, debe comparecer ante el Congreso del Estado y presentar un diagnóstico integral que detalle el estado real del organismo, incluyendo los números reales que reflejen la situación financiera y administrativa en que se encuentra.

No basta con promesas vagas: se necesita un plan de rescate y reingeniería con metas claras, indicadores de desempeño y estrategias de corto, mediano y largo plazo. Este plan debe priorizar la optimización administrativa, la mejora del servicio en zonas marginadas y una cobranza eficiente que no castigue a los usuarios cumplidos.

El dictamen de la Comisión de Hacienda propone medidas como brigadas territoriales, programas de captación de agua pluvial y campañas de concientización. Son pasos en la dirección correcta, pero insuficientes si no se acompañan de una reestructuración profunda. La ciudadanía debe ser parte de la solución, pero también debe exigir que los recursos se inviertan en infraestructura y calidad del servicio, no en paliativos que encubran la ineficiencia.

Juegos políticos y traición a la confianza ciudadana

La aprobación del aumento, respaldada por la bancada mayoritaria (Movimiento Ciudadano, Hagamos, Partido Verde y PAN), contrasta con la oposición de Morena, PRI, Futuro y un diputado sin partido. Esta decisión huele más a intereses políticos que a un compromiso con los 5 millones de habitantes de la ZMG que dependen del SIAPA.

Recordemos que propuestas previas, como la de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara para frenar incrementos tarifarios, han sido ignoradas, evidenciando una falta de voluntad para enfrentar la crisis hídrica de manera integral.

La ciudadanía organizada tiene un papel crucial. Debe exigir rendición de cuentas y presionar a los legisladores para que no aprueben incrementos hasta que el SIAPA demuestre mejoras concretas. Antes de cargar el costo a los usuarios, es imperativo abatir la cartera vencida, sancionar la corrupción y garantizar que cada peso se traduzca en agua limpia y accesible para todos.

Aprobar un aumento en estas condiciones es fallarle a los ciudadanos que confiaron su voto a quienes prometieron proteger sus intereses. El SIAPA no puede seguir siendo un símbolo de opacidad e ineficiencia. Es hora de que los responsables, desde los alcaldes hasta los legisladores, asuman su deber y rescaten a este organismo vital para Jalisco.

El agua no es un lujo: es un derecho.