NACIONALES
Desnaturalización
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Desnaturalizar es un proceso que implica la alteración de la estructura o propiedad de algo y en este país, actualmente, hay varias instituciones desnaturalizándose y afectando con ello la estructura democrática nacional. Sin que sea limitativo, enumero algunas de ellas y empezaremos de mayor a menor por la antigüedad de algunas.
La primera son las fuerzas armadas, el Ejército Mexicano, llamado así desde 1948 por decreto presidencial. Desde su creación en 1913, su función principal fue coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la República y, desde el advenimiento de los gobiernos civiles, la política fue un área vedada a la participación militar.
A partir de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, por disposición presidencial se le fueron asignando responsabilidades civiles al ejército, algunas llevadas a reforma constitucional, como es la participación en la seguridad pública.
A partir de ahí las fuerzas armadas ya no velan solamente por el sostenimiento del orden constitucional, sino que ahora son constructores de obras civiles, administradores de las mismas, operadores de líneas de aviación, trenes y hoteles y para cerrar ahora serán policías, adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional y sus miembros podrán participar en política previa licencia temporal, no definitiva como era antes. El Ejército asume estas tareas por obediencia y disciplina, sin embargo, no se puede soslayar que su prioridad ahora no es proteger el orden constitucional, sino servir al presidente en turno.
La segunda se refiere al Poder Judicial de la Federación. La elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces desnaturaliza la función de la justicia, su imparcialidad e independencia. Provoca la politización del proceso electivo como ya se vio y el desordenado proceso de selección de candidatos y su elección reveló la práctica de vicios ya desterrados propios de la mapachería electoral. El resultado es que el poder ejecutivo se ha quedado sin contrapesos, pues el oficialismo logró, con el uso de acordeones y complicidad de autoridades electorales, imponer a sus seleccionados.
La tercera se refiere al Instituto Nacional Electoral y previsiblemente al sistema electoral y de representación popular en su conjunto. La reforma en tránsito, conocida solo por algunos pocos, enterados más por los medios que por el gobierno, presuntamente abarcará desde la desaparición de las diputaciones de representación proporcional, hasta la elección por voto popular de los comisionados del INE, financiamiento de partidos y del propio instituto limitando sus funciones y la participación ciudadana en los procesos electorales.
De prosperar la reforma quedará un INE controlado por el gobierno y sus afines, un Tribunal electoral cooptado, el sistema de representación disminuido y las minorías sin representación en el congreso. Y esto nos lleva a la mayor desnaturalización de todas, la del sistema democrático. Así al escenario de un partido único, con la oposición en la marginalidad.
La cuarta desnaturalización se da en la Guardia Nacional. Doce artículos constitucionales tuvieron que ser reformados para darle carácter militar a una institución concebida desde su creación en 2019 por iniciativa del propio AMLO, para ser eminentemente civil. El artículo 21 constitucional señalaba que: “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Ahora la militarización de este cuerpo policial se materializa con la reforma en curso en el Congreso Nacional, desnaturalizando así su origen. Se crea una rama más en las fuerzas armadas, con capacidad de investigación y presencia plena del ejército en el ámbito civil.
En razón de lo observado y las tendencias que se prefiguran por los trascendidos de las reformas legales en curso ─más de veinte se ha dicho─ el término desnaturalización suena demasiado suave pues lo que se está gestando es la consolidación de un Estado totalitario con la eliminación de divisiones en el poder, el dominio de un partido único y la democracia reducida a retórica oficialista según la cual el pueblo manda, pero el pueblo ─así interpretado por ellos─ es la nomenclatura en el poder, el resto somos adversarios.
El autoritarismo es evidente, aunque se niegue. Los ataques a la libertad de expresión han rebasado ya el ámbito de las conferencias matutinas del ejecutivo. Gobernadores, legisladores, jueces, han impuesto límites aberrantes a la libertad de expresión y la misma presidente ha mostrado tener la piel delgada ante la crítica respaldando acciones intimidatorias, persecuciones y censura a voces discordantes.
La pregunta resultante es ¿Qué país nos quedará después de esta acelerada desnaturalización de nuestra vida democrática? Porque lo evidente es, que además de los cambios en la estructura política y democrática de la nación, y todos envueltos en la discusión de ello, los problemas reales se siguen acumulando y su explosión hará nugatorio todo el esfuerzo por acumular poder y conservarlo de esta nueva clase gobernante. Concentrarán el poder, pero perderán al país.
