Conflicto entre diputadas: Denuncia penal por abuso de poder sacude al Congreso

Por Francisco Junco //

En el Congreso de Jalisco, un conflicto entre las diputadas de Morena, Brenda Carrera y Marta Arizmendi, ha escalado a una denuncia penal, evidenciando tensiones internas y acusaciones de abuso de poder, ilegalidad y violencia política.

El caso, centrado en la remoción de la diputada Carrera de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, pone en cuestión el cumplimiento de la legalidad, los procedimientos legislativos y las dinámicas de control dentro del partido.

La postura de Brenda Carrera
Brenda Carrera, legisladora de Morena, ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra Marta Arizmendi, presidenta del Congreso de Jalisco, por presunto abuso de autoridad. La acusación surge de la remoción de Carrera de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, decisión que, según ella, violó la Ley Orgánica del Congreso.

Carrera argumenta que la votación del 10 de junio, que resultó en su destitución, no alcanzó la mayoría absoluta requerida (20 votos), ya que solo obtuvo 18. En entrevista con Conciencia Pública, afirmó que, durante la sesión, intervino en tres ocasiones para señalar la ilegalidad del proceso, pero Arizmendi validó la decisión, ignorando los artículos correspondientes.

Carrera sostiene que este incidente es parte de una dinámica más amplia de violencia política sistemática en su contra, que comenzó desde que asumió su cargo en diciembre. Acusa al senador Carlos Lomelí, a quien señala como líder de una estructura de control político dentro de Morena en Jalisco, de orquestar presiones e intimidaciones a través de su colaborador, Hirám Torres, para influir en su voto en el Congreso.

Según la diputada Carrera, estas acciones han incluido la marginación de su agenda legislativa y un ambiente de hostilidad dentro de la bancada. La legisladora también intentó notificar a la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, sobre la denuncia mediante una carta, pero el partido se negó a recibirla.

Raúl Morales, auxiliar jurídico del Comité Ejecutivo Estatal, le informó que había instrucciones de no aceptar documentos suyos. Carrera envió el oficio por WhatsApp a Pérez García, detallando los hechos y subrayando que la remoción constituye un acto de abuso de autoridad avalado por la Mesa Directiva.

En el documento, advirtió que normalizar decisiones ilegales pone en riesgo la institucionalidad del Poder Legislativo y la confianza ciudadana en Morena. La dipuada Carrera busca que la votación se repita y se le restituya en el cargo, argumentando que su remoción fue ilegítima.

Confía en que la Fiscalía actúe conforme a derecho y advierte que los responsables podrían enfrentar inhabilitaciones de cinco a diez años. “No voy a parar de visibilizarlo, porque no podemos normalizar estos hechos.

Esta denuncia busca garantizar que ningún servidor público esté por encima de la ley”, enfatizó.

LA RESPUESTA DE MARTA ARIZMENDI

Marta Arizmendi, presidenta del Congreso de Jalisco y también militante de Morena, ha respondido a las acusaciones de Carrera, asegurando que no ha sido notificada oficialmente de la denuncia penal, aunque tuvo conocimiento del asunto a través de redes sociales y medios de comunicación.

En entrevista con Conciencia Pública, Arizmendi se mostró en desacuerdo con las acusaciones, afirmando que siempre ha actuado apegada a la ley y respetando los derechos humanos.

Respecto a la votación controvertida, Arizmendi se deslindó de responsabilidad directa, explicando que no fue ella quien propuso la modificación de las comisiones legislativas. Según su versión, simplemente condujo el acuerdo previamente aprobado por la Junta de Coordinación Política y validado por el pleno del Congreso.

“Es una modificación. No se le quitó estar en ninguna comisión, ni se le quitó su derecho de participar, de presentar iniciativas. Yo actué conforme a derecho, actué de forma adecuada”, afirmó.

Subrayó que, como presidenta de la Mesa Directiva, su rol fue dar cumplimiento a lo votado por la Asamblea, no tomar una decisión personal.

Arizmendi expresó disposición para colaborar con las autoridades en caso de que se le requiera información, destacando su compromiso con la legalidad. “Si ella considera que no es así, está en su derecho de proceder jurídicamente, y lo respetaré”, afirmó, mostrando apertura a que el caso se resuelva por las vías legales correspondientes.

EL CONTEXTO POLÍTICO Y LA POSTURA DE MORENA
El conflicto refleja tensiones internas en Morena Jalisco. Carrera acusa a Lomelí de tener “secuestrado” al partido y a la bancada, lo que sugiere una lucha de poder dentro de la organización. Por su parte, Érika Pérez García, presidenta estatal de Morena, evitó profundizar en el tema durante una rueda de prensa, argumentando que cualquier comentario podría interpretarse como violencia política.

“No quiero decir nada, porque luego al rato ya te están denunciando por violencia política cuando no has hecho nada”, señaló.

Pérez García enfatizó los principios de Morena —no mentir, no robar, no traicionar al pueblo— y aseguró que el partido tomará medidas internas, las cuales serán notificadas posteriormente.

IMPLICACIONES DEL CASO
El enfrentamiento entre Carrera y Arizmendi pone de manifiesto desafíos en el funcionamiento del Congreso de Jalisco y en la dinámica interna de Morena. Por un lado, Carrera denuncia un patrón de abuso de autoridad y violencia política, buscando sentar un precedente contra decisiones arbitrarias.

Por otro, Arizmendi defiende la legalidad de sus acciones, argumentando que actuó conforme a los procedimientos establecidos. El caso, ahora en manos de la Fiscalía, podría tener consecuencias significativas para la institucionalidad legislativa y la cohesión interna de Morena en Jalisco, en un contexto de creciente polarización política.