Temporada de patos

-Opinión, por Iván Arrazola

México atraviesa una de las etapas más delicadas en materia de seguridad en los últimos años. La reciente declaración de culpabilidad de un importante capo en una corte de Estados Unidos ha encendido las alarmas, no solo en Washington, sino también en el sistema político mexicano. Este hecho ha puesto en jaque al Estado, cuya estrategia de seguridad —marcada por contradicciones, omisiones y gestos simbólicos ambivalentes— comienza a mostrar sus límites más peligrosos.

Para comprender la magnitud del momento, es necesario revisar una cadena de acontecimientos recientes que han deteriorado aún más la ya frágil institucionalidad frente al crimen organizado. Uno de los episodios más significativos fue la captura —o presunto secuestro— de uno de los principales líderes criminales en Sinaloa. El hecho no solo alteró los equilibrios de seguridad en el estado, sino que derivó en una crisis política de gran calado.

En una carta dirigida a la opinión pública, el capo detenido acusó directamente al gobernador Rubén Rocha de haberlo convocado a la reunión en la que fue capturado. En ese mismo encuentro fue asesinado Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La versión oficial —que atribuía la muerte de Cuén a un intento de robo— fue rápidamente desmentida por la Fiscalía General de la República, que calificó como montaje el video presentado por la fiscalía estatal. Esta contradicción profundizó las sospechas de colusión entre actores políticos y grupos criminales, reviviendo una narrativa ya conocida pero nunca resuelta: la de un Estado infiltrado por el crimen.

Estos hechos no son aislados. Pueden leerse como parte de una serie de decisiones políticas erráticas que han erosionado la credibilidad del Estado mexicano en su combate al narcotráfico. Desde la implementación de la estrategia de “abrazos, no balazos”, hasta el fallido operativo conocido como el «Culiacanazo», pasando por el polémico saludo del expresidente López Obrador a la madre de unos de los principales capos en Sinaloa, los gestos del poder han enviado señales de ambigüedad, permisividad e incluso cercanía hacia los líderes del crimen organizado.

A este contexto se sumó la decisión del entonces presidente de limitar las operaciones de inteligencia de agentes estadounidenses en territorio nacional. Con todo este trasfondo, el cambio de gobierno no implicó un rompimiento claro con el pasado. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia ha estado marcada por presiones crecientes del gobierno de Estados Unidos, que denuncia lo que califica como una “alianza intolerable” entre autoridades mexicanas y el narcotráfico.

Aunque la presidenta ha reiterado su disposición a cooperar, también ha insistido en que México es un país soberano que no aceptará injerencias extranjeras. Sin embargo, esta postura fue puesta a prueba casi de inmediato.

En días recientes, el abogado de uno de los capos detenidos lanzó acusaciones graves: señaló a Sheinbaum como una especie de “publirrelacionista” del crimen organizado, y acusó a López Obrador de complicidad por haber dejado en libertad a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional.

En paralelo, el gobierno mexicano ha anunciado importantes decomisos de fentanilo y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos. No obstante, para el gobierno estadounidense estas acciones resultan insuficientes. Lo que realmente exige Washington es una cooperación plena: acceso total a la información, captura y extradición de líderes criminales, así como investigaciones serias contra políticos y funcionarios que los han protegido.

Si estas exigencias no son atendidas, las consecuencias podrían escalar. La imposición de aranceles sería solo el primer paso de una serie de presiones, entre las cuales destacan las declaraciones de capos detenidos en Estados Unidos, que podrían implicar a figuras del más alto nivel, tanto del actual como del anterior gobierno mexicano, incluido el expresidente López Obrador.

Ante este escenario, la presidenta Sheinbaum ha buscado responder con firmeza, argumentando que las acusaciones deben ir acompañadas de pruebas y criticando el uso de testimonios de criminales como base para construir casos judiciales. Sin embargo, el precedente del juicio contra Genaro García Luna —condenado en gran parte gracias a declaraciones de testigos protegidos— demuestra que esta vía no solo es válida, sino efectiva en el sistema legal estadounidense.

Así, la presidenta enfrenta un momento decisivo en una gestión que apenas comienza. La actitud desafiante de su antecesor frente a Estados Unidos parece estar pasándole factura. La Casa Blanca exige un giro claro y firme que rompa con el modelo de opacidad e impunidad. Si Claudia Sheinbaum no redefine su estrategia y se distancia del legado de López Obrador, podría verse señalada, directa o indirectamente, por encubrir su continuidad.

México se encuentra en una encrucijada. O reconstruye la confianza con Estados Unidos y asume con determinación el combate al crimen organizado, o enfrentará una presión internacional creciente y un profundo deterioro de su legitimidad institucional. La temporada de patos ha comenzado, y cada gesto, cada palabra y cada omisión tendrá consecuencias.