JALISCO
Tortugismo de INDAABIN retrasa la justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán
-Por Raúl Cantú
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) ha vuelto a exhibir su desprecio por la justicia al ignorar una orden del Tribunal Agrario, que le otorgó un plazo de 10 días —vencido desde el 28 de junio— para entregar el avalúo crucial que permitiría a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) saldar un adeudo pendiente desde 2004 con la Comunidad Indígena de Mezquitán.
Este acto de tortuguismo burocrático prolonga una espera de más de 21 años para los comuneros, quienes exigen compensación por la ocupación de 269 mil metros cuadrados de sus tierras comunales, destinadas a la ampliación de la carretera federal Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
El silencio de INDAABIN no solo desafía la autoridad judicial, sino que perpetúa una injusticia que afecta a más de 300 familias, mayormente mujeres y adultos mayores.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su indignación: “Es desesperante. Llevamos más de dos décadas luchando por nuestros derechos. Los tribunales nos han dado la razón repetidamente, pero la SICT se ha negado a cumplir, y ahora INDAABIN nos frena con su lentitud. Exigimos que cumplan su deber para que se nos haga justicia”.
La sentencia del Tribunal Agrario, emitida el 22 de noviembre de 2023 en el recurso 125/2022-16, ordena actualizar los valores catastrales a precio comercial, ya que los montos de 2004 están desfasados.
Sin este avalúo, la SICT no puede proceder al pago, dejando a la comunidad en un limbo legal que denuncia como una táctica dilatoria deliberada.
El conflicto se remonta a 2004, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) expropió 26.93 hectáreas de tierras comunales para la carretera, comprometiéndose a pagar cerca de 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se entregaron 5 millones como anticipo ese año y un millón adicional en 2005, dejando un adeudo que la Ley Agraria y los tribunales obligan a actualizar.
La resolución definitiva llegó tras la declaratoria de improcedencia de un amparo el 26 de diciembre de 2024, notificada el 5 de enero de 2025. El 27 de mayo, el Tribunal Agrario 16 requirió a la SICT solicitar el avalúo en 10 días, un mandato cumplido parcialmente por vía electrónica.
El 18 de junio, el Tribunal impuso al INDAABIN el plazo ahora incumplido, con amenaza de multa, pero la falta de respuesta agrava la situación.
La comunidad elevó su voz mediante un comunicado firmado por Rodríguez Barajas, junto a la secretaria Eulalia Dolores Velázquez López y el tesorero Miguel Ángel Rivera Lara, para presionar por una solución.
El retraso no solo vulnera sus derechos, sino que impacta su subsistencia, obligándolos a gastar en juicios y movilizaciones desde hace más de dos décadas. “De haber existido voluntad política en administraciones pasadas, no estaríamos en esta lucha”, lamentó el comisariado, apelando a la sensibilidad de la actual gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.El 2025, declarado “Año de la Mujer Indígena” tras reformas constitucionales que refuerzan los derechos indígenas, añade urgencia a su causa.
REUNIÓN CON LA NUEVA DIRECTORA DE SICT GUADALAJARA
El pasado jueves, en una reunión en las oficinas de la SICT en Guadalajara, los líderes indígenas se reunieron con la nueva directora del Centro SICT Jalisco, María Padilla Romo, quien asumió el cargo recientemente en sustitución del anterior delegado. Acompañada por el delegado de la Procuraduría Agraria, César Octavio Yáñez Centeno, y la representante de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Jalisco, Lizana García Caballero, Padilla Romo heredó este conflicto.
La comunidad solicitó su intervención para agilizar el avalúo y explorar mecanismos alternos, destacando que el retraso incrementa el monto adeudado por actualización.
Los representantes federales aceptaron gestionar soluciones, reconociendo la deuda histórica, pero la pelota sigue en manos de INDAABIN. Padilla Romo enfrenta la presión de demostrar un cambio en la postura de la SICT, una oportunidad para renovar la confianza en el gobierno de Sheinbaum.
“No hay más excusas legales. La SICT debe forzar a INDAABIN a cumplir”, insistió Rodríguez Barajas. La comunidad espera que, antes de fin de año, se cierre este capítulo, alineándose con los principios de justicia indígena.
Este caso expone cómo la burocracia se convierte en un obstáculo para la justicia. Con más de 21 años de lucha, Mezquitán no solo busca indemnización, sino un precedente que respete sus derechos.
¿Cuánto más deberán esperar mientras INDAABIN persiste en su tortuguismo? La respuesta depende de la voluntad de las autoridades para actuar con la urgencia que la comunidad merece.
