Ausencia de justicia para los nietos de Camacho Solís

–Por Redacción Conciencia Pública con información de La Jornada 

Hace cuatro años, Guadalupe Elvira Camacho Velasco vivió un quiebre emocional cuando sus hijos le confesaron que habían sido víctimas de abuso sexual por parte de su padre, Rosendo Sainz-Trápaga Matute.

Desde entonces, la hija del político Manuel Camacho Solís emprendió una larga lucha legal que recientemente derivó en un precedente jurídico importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este fallo, indica La Jornada en un reportaje sobre este caso que publica este domingo, obliga a las fiscalías de todo el país a investigar delitos sexuales contra menores con perspectiva de infancia, sin importar en qué estado ocurrieron los hechos.

El proceso penal avanzó hasta que el 26 de marzo de 2025 se giró una orden de aprehensión contra Sainz-Trápaga, quien fue localizado en Madrid, España, y detenido el 26 de mayo gracias a una ficha roja de Interpol.

Sin embargo, pese a la solicitud de extradición emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, varios jueces y magistrados mexicanos emitieron fallos que anulan su vinculación a proceso, abriendo la puerta para su posible liberación, lo que ha generado temor y frustración en Guadalupe y sus hijos.

Guadalupe relató el calvario que vivió con su exesposo desde su matrimonio en 2008 hasta su separación en 2017. En esos años fue víctima de violencia física y psicológica, la cual se intensificó tras el divorcio.

Aunque al principio no sospechaba del abuso sexual, los cambios de comportamiento de sus hijos la llevaron a buscar ayuda profesional, lo que confirmó el daño sufrido. La denuncia penal se formalizó después de que los menores revelaran detalles escalofriantes sobre las agresiones sufridas, incluyendo actos explícitos y amenazas de muerte.

Los peritajes psicológicos confirmaron que ambos niños presentan trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión y otros daños emocionales severos. La SCJN intervino y resolvió que cualquier fiscalía tiene la obligación de actuar ante este tipo de delitos, sin excusas territoriales.

La ministra Margarita Ríos Farjat enfatizó que la prioridad debe ser proteger a la niñez y evitar su revictimización, señalando que los retrasos y omisiones institucionales afectan gravemente la búsqueda de justicia.

A pesar de los avances legales, señala en su reportaje La Jornada, Guadalupe se enfrenta a un sistema judicial que, según ella, favorece al agresor.

Asegura que sin el respaldo de su difunto padre, todo ha sido más difícil, y denuncia actos de corrupción que podrían permitir la libertad del acusado.

Sus hijos, dice, son quienes la han impulsado a seguir, decididos a romper el silencio. Hoy exige que se le retire la patria potestad a Sainz-Trápaga y que no quede impune un delito tan grave, en nombre de la dignidad y la seguridad de sus hijos.